¿Aceptación del sentenciado a la extradición justifica reducción de la pena impuesta? [Recurso de Nulidad 2118-2019, Lima Norte]

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Aceptación del sentenciado a la extradición justifica reducción de la pena impuesta

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Lima, veinticinco de enero de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público y el encausado Alipio Aquiles Preciado Ocampos contra la sentencia conformada, del diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve (foja 382), emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que lo condenó como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en perjuicio del Estado, a cinco años de pena privativa de libertad, ciento cincuenta días-multa, inhabilitación de conformidad con lo normado en el inciso 4, del artículo 36, del Código Penal; y, fijó en S/3000 (tres mil soles) el monto por reparación civil.

Con lo expuesto en el dictamen del fiscal supremo en lo penal.

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Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Primero. Conforme la acusación fiscal formalizada por dictamen del veinticinco de junio de dos mil quince (foja 211), los hechos incriminados refieren que:

1.1. El acusado Alipio Aquiles Preciado Ocampos habría favorecido el tráfico ilícito de drogas, mediante el envío de 0.282 kilogramos de alcaloide de cocaína, acondicionada una
encomienda postal con registro N.° EE007447963PE, con destino a España.

1.2. El contenido ilícito se constató el trece de mayo de dos mil once, en los almacenes de la empresa Serpost, ubicado en el distrito de Los Olivos. Al efectuarse la apertura del envío
postal de una caja de cartón de color amarillo, en el que llevaba adherida una hoja blanca con los datos del remitente y destinatario y una guía de remisión donde se consigna como
remitente a José Hinostroza Marchan y como destinatario a David Alejandro Oyuela, se halló seiscientas ochenta y seis tarjetas con la descripción «pin latino», las cuales llevaban
impregnadas alcaloide de cocaína.

Segundo. En cuando a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, previsto en el primer párrafo, del artículo 296, del Código Penal.

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DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Tercero. El representante del Ministerio Público mediante recurso de nulidad formalizado por escrito del cuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 396) expresó su disconformidad con lo resuelto por la Sala Superior, en el extremo de la pena impuesta, la cual solicitó se incremente a la señalada en la acusación fiscal, esto es, ocho años de pena privativa de libertad. Puntualizó que la Sala Superior desplegó una determinación e individualización de la pena concreta incorrecta. La pena impuesta resulta mínima en demasía, por debajo de la conminada en el primer párrafo, del artículo 296, del Código Penal.

Cuarto. El encausado Alipio Aquiles Preciado Ocampos mediante recurso de nulidad formalizado por escritos de fecha veintisiete de septiembre y dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 401 y 418, respectivamente) postuló su absolución de los cargos incoados en su contra. Precisó, en concreto, que:

4.1. La recurrida afecta su derecho a la debida motivación, resulta incongruente, responde a criterios irracionales, ilógicos, ilegales y presenta una indebida valoración de lo actuado en materia probatoria. No existe en autos mayor averiguación ni actos de esclarecimiento de los hechos. No existe uniforme, permanente ni constante sindicación en su contra, la sola presunción no puede sustentar su condena.

4.2. El Colegiado pese a existir una aparente conformidad debió citar o indicar qué prueba material de cargo evidencia su responsabilidad.

La manifiesta ausencia probatoria demuestra duda razonable.

4.3. Denunció una defensa ineficaz. Su abogada patrocinante lo indujo al error de apreciación y desconocimiento de la legislación vigente, lo que concluyó en su acogimiento, a cambio de su libertad. Su acogimiento se orientó a adquirir una pena suspendida, desconocía que pese a haber colaborado con la justifica se le iba a sancionar con una pena efectiva.

4.4. Respecto al plazo de su detención refirió que inició desde su aprehensión en España; sin embargo, la sentencia recurrida consideró como inicio su internamiento en el penal.

4.5. En cuanto la pena impuesta señaló que la misma resulta desproporcional. El delito y sus agravantes no fueron probadas.

[Continúa…]

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