Acerca de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. La importancia de su consideración para la planificación de políticas migratorias

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Camila Agustina Ormar

 

Palabras clave: migrantes, derechos humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el presente trabajo tengo como objetivo advertir las razones que hacen necesario pensar y repensar la importancia de contar con funcionarios y funcionarias capacitadas con perspectiva de derechos humanos de las personas migrantes.

Lo anterior es una obligación que atraviesa a todas las esferas en las cuales se involucren funcionarios públicos, dado el compromiso que asumen los Estados al firmar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, para esta oportunidad, acotaré mi objeto de estudio a explorar los motivos que reafirman la necesidad de capacitar especialmente a quienes conforman el aparato estatal que, por las funciones que desarrollan, se encuentran estrechamente en contacto con personas migrantes que llegan a cada Estado.

De esa forma, la estructura que seguiré será la siguiente: en primer lugar describiré, de forma sintética, la situación actual que afronta nuestro continente con relación a la situación migratoria; posteriormente desarrollaré las principales obligaciones que surgen para los Estados en materia de derechos humanos de las personas migrantes. Ello me permitirá señalar los objetivos generales que debería advertir una política migratoria para la formación de funcionarios con perspectiva de derechos humanos y migraciones según el SIDH. Finalmente, presentaré algunas de las conclusiones alcanzadas.

1.    Contexto actual

En la actualidad es frecuente leer en nuestras redes sociales o escuchar a través de medios de comunicación las circunstancias que afrontan las personas en situación de movilidad en nuestra región. Diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por las vulneraciones de derechos que sufren quienes atraviesan las fronteras de su Estado de origen ya sea en busca de mejores condiciones de vida o para escapar de los conflictos armados, el crimen organizado, la desigualdad, la corrupción, inseguridad, desastres naturales y los efectos del cambio climático, entre otras causas de la migración actual.

Por ejemplo, en los últimos meses ha aumentado exponencialmente la cantidad de personas que se han visto forzadas a desplazarse desde Nicaragua hacia Costa Rica. Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este incremento está relacionado de manera directa con las etapas identificadas de la represión de la protesta social ocurrida en territorio nicaragüense desde abril del 2018:

la llegada de la mayoría de las personas a Costa Rica, se inicia una vez que comienza la llamada “Operación Limpieza” implementada por la Policía Nacional, así como por fuerzas parapoliciales armadas, para desmantelar los llamados tranques y atacar a los manifestantes que se mantenían en ellos, así como aquellas personas identificadas por los Comités de participación ciudadana como colaboradoras o simpatizantes de los integrantes de los tranques. El desplazamiento forzado continúa una vez que, desmantelados los tranques, la persecución por parte de autoridades nicaragüenses comienza a evidenciarse a través de detenciones arbitrarias y la formulación de acusaciones penales en contra de manifestantes y personas identificadas como opositoras al gobierno, criminalizándolas, así como a través de la represión generalizada en contra de las protestas antigubernamentales. Tal como ha reportado la CIDH, estas formas de represión por parte del Estado nicaragüense han ocasionado la muerte de 325 personas, miles de heridas y cientos de personas detenidas y procesadas ilegal y arbitrariamente.[2]

Según las estadísticas elaboradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), retomadas luego por la CIDH, en 2017 había 1,478 personas refugiadas y 2,735 solicitantes de asilo de nacionalidad nicaragüense en Costa Rica. Mientras que, hasta septiembre de 2018, únicamente en Costa Rica, ha existido un aumento de 1,376% en relación con el número de personas nicaragüenses solicitantes de asilo a nivel global en 2017. Así, dentro de la población que ha abandonado su país, se encuentran estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, personas defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, así como médicos, periodistas y ex militares y policías que se han rehusado a participar en actos represivos ordenados por el Gobierno.[3]

Vale la pena resaltar las condiciones en las cuales las personas se vieron obligadas a dejar su país. Así, los riesgos y peligros a los que están expuestas las personas que abandonan su país se incrementan debido a que tuvieron que cruzar por “puntos ciegos” en la frontera con Costa Rica dado que los puntos fronterizos regulares se encontraban militarizados y que las autoridades nicaragüenses cuentan con listas con nombres de las personas identificadas como opositores del gobierno con el objetivo de detenerlas y no permitir su salida del país.[4]

Otro gran foco de migración que se viene dando desde hace varios años, pero que se ha incrementado durante el último periodo, es el caso de las personas venezolanas. Acorde a las cifras brindadas por el ACNUR un promedio de 5.500 personas han estado abandonando el país cada día en 2018.[5]

Al mismo tiempo, nuestra región se encuentra atravesada por las denominadas “caravanas migrantes”. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a comienzos de 2019 migrantes de Honduras y El Salvador salieron de sus hogares con la esperanza de llegar a México y luego a los Estados Unidos de América, en la primera de las llamadas “caravanas migrantes” del 2019.[6]

Al respecto, la OIM elaboró una encuesta en México en la que se reflejó los motivos por los que las personas migran de sus países de residencia, así como también los peligros que enfrentan las personas durante su travesía. Por un lado, los principales motivos de migración son la búsqueda de trabajo (68%), oportunidades de estudio (11,8%) y mejores condiciones de vida (10%). Adicionalmente, el 68,3% de las personas indican que en los últimos 12 meses tuvieron que cambiar de residencia en su país de origen por algún hecho relacionado a violencia o inseguridad.

Por otro lado, dentro de las principales necesidades surgidas durante el viaje se destacaron la falta de agua para consumo humano, vestido, alimentación, salud y hospedaje fueron algunas de las necesidades planteadas por los migrantes para continuar su viaje en condiciones dignas.

Asimismo, la regularización del estatus migratorio, la obtención de visa humanitaria y el acceso a la solicitud de refugio o asilo en México son las últimas necesidades que identifican para continuar hacia sus destinos. En tal sentido, el 67% de las personas encuestadas dijo no conocer los procedimientos y requisitos de protección en México y un 65,3% no recibió información sobre sus derechos como migrante. Además se indica que el 73,9% de las personas encuestadas manifestaron ser hombres, el 25,6% mujeres y un 1,7% se considera parte de la comunidad LGTBI. Las principales nacionalidades reportadas son la hondureña (72,2%), la guatemalteca (12,2%) y la salvadoreña (11,7%).[7]

2.    Sistema Interamericano de Derechos Humanos y personas migrantes

Los derechos humanos de las personas migrantes se encuentran receptados en los diversos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos que se han adoptado a partir de 1948 con la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos–en el plano universal- y de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre –en el plano regional-. En efecto, si bien los principales tratados en materia de derechos humanos – como el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 o los pactos de 1966 en el ámbito de las Naciones Unidas- no aluden específicamente a personas migrantes, lo cierto es que todo el Derecho Internacional de los Derechos humanos –DIDH- se apoya sobre la base del principio de universalidad que implica que las obligaciones que contraen los Estados al momento de ratificar o adherir a los distintos instrumentos internacionales se conciben en favor de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin distinción alguna por motivos –entre otros- de nacionalidad. En palabras del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR “[e]n términos generales, la nacionalidad u otra condición de la persona no es, ni debe ser, un criterio válido para reconocer y garantizar un derecho humano”.[8]

Para esta oportunidad es pertinente concentrarse en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos –SIPDH- dado que es el sistema de protección regional que incide de manera concreta en los Estados Latinoamericanos. En este sentido, los órganos encargados de velar por el cumplimiento de los principales instrumentos de nuestra región–la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el otro-, a saber la CADH y DADDH (en el caso de la CIDH), entre otros, han desarrollado estándares específicos en materia de migración, encontrándose los principales avances en el cuadernillo de jurisprudencia de la Corte IDH[9] y en las OC-18[10] y OC-21[11] del mismo tribunal entre otras.

En tal sentido, surgen de la CADH un conjunto de obligaciones genéricas que los Estados deben cumplir a los efectos de no ser responsables internacionalmente, a saber: la obligación de respetar los derechos humanos, de garantizar su pleno goce y ejercicio y, en tercer lugar, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos reconocidos. Mientras que la obligación de respeto implica una abstención por parte de los Estados de no interferir en el ejercicio de los derechos de las personas, la obligación de garantía conlleva a organizar todo su aparato gubernamental para asegurar jurídicamente el pleno goce y ejercicio de los derechos convencionales4 mientras que, la adopción de medidas abarca no solo la promulgación de leyes, sino también tomar medidas de tipo económicas, sociales, culturales, políticas, etc.

En este sentido, la Corte IDH ha desarrollado el alcance de estas obligaciones cuando se trata de reconocer derechos de personas migrantes. En particular, respecto de la obligación de respetar ha resaltado que:

no reviste relevancia alguna el motivo, causa o razón por la que la persona se encuentre en el territorio del Estado a los efectos de la obligación de éste de respetarle y hacer que se le respeten sus derechos humanos. En particular, no tiene significancia alguna, a este respecto, si el ingreso de la persona al territorio estatal fue acorde o no a lo dispuesto en la legislación estatal. El respectivo Estado debe, en toda circunstancia, respetar tales derechos puesto que ellos tienen su fundamento precisamente en los atributos de la persona humana, es decir, más allá de la circunstancia de que sea o no su nacional o residente en su territorio o se encuentre transitoriamente o de paso en él o esté allí legalmente o en situación migratoria irregular.[12]

Junto con el deber de respetar los derechos reconocidos en la CADH, establecido en el artículo 1.1 de dicho instrumento, la convención señala que los Estados deben garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados allí. Sin embargo, la CADH no señala cuál es el contenido de la obligación de garantía, sino que el alcance de la misma ha sido desarrollado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte IDH que, desde su primera sentencia en contra del Estado de Honduras ha afirmado que

la obligación de garantía implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.[13]

Ahora bien, las medidas que adopten los Estados para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos son determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en la que se encuentre.[14] En este sentido, la CIDH se ha referido, dentro del deber de prevenir, a aquellas situaciones en la cuales los Estados tienen conocimiento de una situación generalizada de discriminación y violencia en el contexto de la migración

el Estado debe contar con una estrategia de prevención integral que este dirigida a evitar la ocurrencia de los factores de riesgo, a la vez que fortalezca las instituciones para que puedan dar una respuesta efectiva frente a los casos de discriminación y violencia que afecten a un grupo específico de personas. Las medidas generales de prevención incluyen todas aquellas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, tales como un marco jurídico de protección idóneo, llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar la aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención, prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias, así como campañas de sensibilización.[15]

Resulta interesante explorar las consideraciones realizadas por los órganos del SIDH con respecto a la obligación de investigar hechos pasibles de ser considerados vulneraciones a los derechos contenidos en la CADH en perjuicios de personas migrantes. En tal sentido, la CIDH ha señalado la importancia de la cooperación internacional respecto de los casos de trata de personas que tienen efectos transfronterizos.

Con relación a la investigación efectiva de los casos de trata de personas de tipo internacional, la cual implica el cruce de fronteras nacionales de las personas que son víctimas de la trata, la Comisión considera que más allá de la obligación de los Estados de investigar cualquier delito de trata de personas que se cometa dentro de su jurisdicción, también se deriva la obligación de cooperar entre los Estados de origen, tránsito y destino, dado que los actos a través de los cuales se configura la trata de personas de tipo internacional, tales como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de las personas que son víctimas de trata, necesariamente tienen lugar en dos o más países.[16]

Por su parte, el artículo 2 de la CADH establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la cual implica para el Estado la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.[17] Las medidas que Estados deben adoptar en el marco de la CADH se vinculan estrechamente con el derecho a la igualdad y no discriminación como pilar fundamental del DIDH. En tal sentido,

la Comisión ha articulado las dos concepciones del derecho a la igualdad y la no discriminación: 1) la prohibición de diferencia de trato arbitraria, entendida como diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción, o preferencia; y 2) la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.[18]

En particular, para el tratamiento de los derechos de las personas migrantes, la Corte IDH ha reafirmado en su OC-18/03, que los Estados no pueden discriminar con base en la situación migratoria de una persona, pero se podrían aplicar un trato distinto entre los nacionales y los extranjeros, o entre las personas en diferentes categorías migratorias, siempre y cuando los objetivos y tratamientos cumplan con ciertos estándares, por lo que no toda distinción de trato implica de por sí, un trato discriminatorio.[19] Al respecto, pueden establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran,[20] por ejemplo, respecto del ejercicio de determinados derechos políticos según la nacionalidad o ciudadanía.[21]

3.    Objetivos generales de una política pública para la formación de funcionarios con perspectiva de derechos humanos y migraciones según el SIDH

Las obligaciones en materia de derechos humanos desarrolladas en el apartado anterior recaen en cabeza de los Estados parte que ratifican o adhieren a los distintos instrumentos del SIDH. Esto implica que los únicos sujetos que pueden ser responsables a nivel internacional por la violación de derechos humanos son los Estados toda vez que ellos han sido los únicos sujetos que han prestado su consentimiento en obligarse a cumplir las disposiciones allí establecidas.

Ahora bien, a los efectos de evitar que las autoridades públicas –esto es, los y las funcionarias del Estado- realicen conductas u omisiones que conlleven a una posible vulneración a los derechos establecidos en la CADH, es importante que los Estados adopten medidas de cara a impulsar la formación de aquellas personas que desempeñan funciones estatales. En tal sentido, la Corte IDH ha destacado que “toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto”.[22] En otra palabras, el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado,[23] de modo que, la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida en la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal.[24]

A partir del desarrollo de las obligaciones en materia de derechos humanos y personas migrantes realizada en el apartado anterior, es posible pensar que un programa de formación en materia de derechos humanos destinado a funcionarios y funcionarias estatales, debería perseguir, como mínimo, los siguientes objetivos:

  • Garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de NNA;
  • impulsar la formación en materia de derechos humanos para los funcionarios del Estado vinculados a cuestiones migratorias;
  • asegurar medidas de no repetición de vulneraciones a derechos en materia de migraciones y derechos humanos;
  • promover el estudio de los derechos humanos como eje trascendental en la formación profesional;
  • formar a funcionarios y funcionarias en el manejo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
  • dar cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de movilidad y derechos humanos.

Por lo demás, es necesario considerar la posibilidad de que efectivamente la propuesta cuente con posibilidades reales de llevarse a la práctica y que garantice la articulación necesaria entre los actores involucrados. Así, para la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para la formación de agentes estatales en materia de derechos de las personas migrante, se propone articular entre las universidades públicas como encargadas de brindar las capacitaciones (evaluando la posibilidad de contar con becarios y becarias y así promover también la formación de estudiantes universitarios). En tal sentido, para garantizar la mayor exhaustividad en los contenidos básicos de los programas de formación es importante consensuar entre los organismos estatales propios de cada Estado, en particular el Ministerio de Educación y las Universidades así como también con diferentes organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar a los efectos de articular y comprender los principales focos a abarcar.

Otro punto interesante de abordar en el diseño de las políticas públicas es la selección, tanto de las personas encargadas de brindar la capacitación como como las personas destinadas a recibirlas respetando criterios geográficos y de paridad de género.

Finalmente, para el seguimiento y la evaluación de la política pública resulta necesaria la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Educación como órgano articulador y encargado de elaborar los cursos propuestos para las diversas instancias de formación junto con la Dirección General de Migraciones, como órgano destinado a ser capacitado. En cuanto a la evaluación también es fundamental dar un espacio de articulación entre la sociedad civil y el Estado a los efectos de garantizar la transparencia de la propuesta y la retroalimentación entre los diferentes actores involucrados de cara a enriquecer y readecuar a las necesidades que surjan en futuras propuestas para garantizar la sostenibilidad de las políticas en el tiempo.

4.    Conclusiones

El presente trabajo pretendió abordar la importancia de desarrollar las herramientas necesarias para generar políticas públicas con enfoque de derechos humanos en materia de movilidad. En efecto, el tribunal interamericano dejó en claro que resulta menester para los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contar con funcionarios especializados en la temática para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en dicho instrumento, en los artículos 1.1 (respeto y garantía) y 2 (adoptar medidas). En muchas situaciones, es posible que las personas no conozcan sus derechos ni su situación migratoria -de hecho, las estadísticas elaboradas por la OIM en México dan cuentan de ello- lo que justifica la necesidad de contar personal especializado y capacitado en la materia para dar a conocer, en un leguaje accesible, todas las cuestiones que involucran a sus derechos como migrantes.

5.    Bibliografía

CIDH. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 46/15.

CIDH. Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica. Comunicado de prensa. 1 de noviembre de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp

Comunicado de prensa conjunto de ACNUR y OIM. Se lanza Plan de Emergencia para refugiados y migrantes de Venezuela. 14 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/press/2018/12/5c13bcf14/se-lanza-plan-de-emergencia-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela.html

Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.

Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17.

Corte IDH. Cuadernillo migraciones. 2017 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/migrantes4.pdf

Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21.

Corte IDH. González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6.

Corte IDH. Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252.

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y OIM. Serie Migración y Derechos Humanos. Primera edición. 2016 Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/03/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf

OIM. Comunicado de prensa. OIM Monitorea nuevas caravanas de migrantes centroamericanos en México. 15 de febrero de 2019. Disponible en: http://mexico.iom.int/news/oim-monitorea-nuevas-caravanas-de-migrantes-centroamericanos-en-m-xico

[1] Abogada egresada con honores (Unicen). Docente de las asignaturas Derechos Humanos y Garantías y, Derecho Internacional Público (Unicen). Doctoranda (UBA). Becaria de investigación doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET). Miembro del Centro de Estudios en Derechos Humanos (CEDH-UNICEN). Este trabajo ha sido posible gracias al financiamiento obtenido a través del proyecto 03-JOVIN–10D–SECAT–UNCPBA en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias. Correo-e: [email protected]

[2] CIDH. Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica. Comunicado de prensa. 1 de noviembre de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp

[3] CIDH. Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica. Comunicado de prensa. 1 de noviembre de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp

[4] CIDH. Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica. Comunicado de prensa. 1 de noviembre de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/233.asp

[5] Comunicado de prensa conjunto de ACNUR y OIM. Se lanza Plan de Emergencia para refugiados y migrantes de Venezuela. 14 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/press/2018/12/5c13bcf14/se-lanza-plan-de-emergencia-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela.html

[6] OIM. Comunicado de prensa. OIM Monitorea nuevas caravanas de migrantes centroamericanos en México. 15 de febrero de 2019. Disponible en: http://mexico.iom.int/news/oim-monitorea-nuevas-caravanas-de-migrantes-centroamericanos-en-m-xico

[7] OIM. Comunicado de prensa. OIM Monitorea nuevas caravanas de migrantes centroamericanos en México. 15 de febrero de 2019. Disponible en: http://mexico.iom.int/news/oim-monitorea-nuevas-caravanas-de-migrantes-centroamericanos-en-m-xico

[8] Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR y OIM. Serie Migración y Derechos Humanos. Primera edición. 2016 Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: http://www.ippdh.mercosur.int/wp-content/uploads/2017/03/Migraci%C3%B3n-derechos-humanos-y-pol%C3%ADtica-migratoria.pdf

[9] Corte IDH. Cuadernillo migraciones. 2017 Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/migrantes4.pdf

[10] Corte IDH. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.

[11] Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21.

[12] Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A No. 21, párr. 62.

[13] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166.

[14] Corte IDH. González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243.

[15] CIDH. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 46/15.

[16] CIDH. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 46/15.

[17] Corte IDH. Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252, párr. 296.

[18] CIDH. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 46/15.

[19] Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 46.

[20] Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 46.

[21] Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 89.

[22] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 169.

[23] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 165.

[24] Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21.