Acusación complementaria y reparación civil [Casación 3526-2022-Callao]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla. Título. Colusión. Acusación complementaria. Reparación civil. Motivación 1. El artículo 374, apartado 2, del Código Procesal Penal estipula que el fiscal mediante una acusación complementaria podrá ampliar la misma introduciendo un hecho nuevo o una nueva circunstancia no mencionada en su oportunidad, que modifica la calificación legal o integra un delito continuado –se ha entender “hechos nuevos”, como datos fácticos que permiten advertir una nueva calificación típica o un delito continuado, y “circunstancias nuevas”, como sucesos que están alrededor del hecho principal que importan una modificación de la conminación penal (circunstancias agravantes o atenuantes genéricas), que incluso pueden dar lugar a una figura delictiva distinta si se trata de circunstancias específicas–.

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2. El argumento del fiscal, al invocar lo que resulta de la actividad probatoria actuada en el plenario, es concordante con el citado precepto procesal. No vulneró sus poderes de acusación ni se quebrantaron las reglas del procedimiento que determinan la validez o eficacia de la acusación complementaria. Es evidente que el fiscal dio cuenta de precisos hechos no narrados anteriormente que, a su juicio, son constitutivos de concertación, que es el elemento del tipo objetivo central del delito de colusión y, por tanto, lo alejan del delito de negociación incompatible, que es un delito de preparación. Estos hechos que con la prueba actuada en juicio se habrían producido, siempre según resaltó el fiscal, importaron concertaciones con el perito tasador y los funcionarios públicos del Gobierno Regional del Callao al producirse acuerdos subrepticios en perjuicio del Estado para efectivizar la contratación pública referido al predio del ex fundo Oquendo. Esta facultad del fiscal responde a la propia lógica del procedimiento penal y a la primacía del juicio oral frente a otras etapas.

3. Un argumento fundamental de la condena es que el acuerdo de ampliación del plazo para el pago del valor del predio no se puso en conocimiento de los posibles postores. El encausado Peña Aparicio, por Inmobiliaria Estefanía Sociedad Anónima Cerrada, el uno de julio de dos mil once solicitó la ampliación del plazo, pedido que fue aceptado por acuerdo del Comité Especial de Adjudicación de cuatro de julio de ese año. Esta ampliación está dentro de las facultades del Comité, como se puntualizó en el punto octavo de las Bases Administrativas. El indicado punto octavo precisó que de ello se dará aviso a los adquirientes de las Bases Administrativas mediante “…cartas circulares, fax, correo electrónico o publicación en la página Web del Gobierno Regional del Callao-GRC, según sea el caso”. No hay duda de que se siguió el procedimiento para ampliar las Bases Administrativas. Empero, los jueces de mérito no motivaron el alcance del modo de poner en conocimiento tal acuerdo modificatorio.

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4. La reparación civil integra el proceso civil acumulado al proceso penal y, como tal, ha de cumplir las notas características del primero. El principio de congruencia procesal integra la garantía de tutela jurisdiccional. Ha de existir correspondencia entre la pretensión de las partes y la parte dispositiva de la sentencia. En el supuesto de incongruencia por extra petitum, la sentencia concede lo no pedido como lo concede o deniega por causas distintas de las alegadas –bien a las peticiones (petita) de las partes [clase de tutela demandada], bien a las causas de pedir (causa petenti)–. Es, pues, una declaración del órgano jurisdiccional no exigida por la parte. Las pretensiones de las partes no solo se delimitan por lo que se pide, por el petitum, sino por el concurso de elementos subjetivos, fácticos y jurídicos –solo debe comprender a los que han sido partes en el proceso, debe limitarse a las aportaciones de hechos (salvo los hechos accesorios) y pruebas, y no debe pronunciarse con fundamento distinto de la causa de pedir aducida por la parte (por el fundamento, que no por la fundamentación o las alegaciones jurídicas).

Lima, cinco de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS; con las copias solicitadas; en audiencia pública: los recursos de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal, infracción del precepto material y vulneración de la garantía de motivación, interpuestos por la defensa del encausado OSCAR JAVIER PEÑA APARICIO y por el tercero civil responsable INMOBILIARIA ESTEFANÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA contra la sentencia de vista de fojas dos mil seiscientos cuarenta y uno de nueve de julio de dos mil veintiuno, en cuanto: (i) confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas mil doce, de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, condenó a Oscar Javier Peña Aparicio como autor del delito de colusión en agravio de Estado a siete años de pena privativa de libertad e inhabilitación de un año y ocho meses; 

[Continúa…]

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