Fuertes y claros. Los alcaldes provinciales y distritales de Arequipa exigieron al Presidente de la República, Martín Vizcarra, que retire la licencia del proyecto minero Tía María en un plazo de 72 horas.
Los burgomaestres mencionaron que el contrato con la empresa Southern evade la consulta previa. Además, atenta contra los recursos ecológicos de la zona. Por estas principales razones, exigieron declarar la nulidad del contrato.
“Al Gobierno Central le damos 72 horas para que resuelva la licencia de construcción y declare su nulidad de oficio”, sostuvo tajante el Gobernador Regional de Arequipa, Élmer Cáceres Llica, en una reunión de emergencia sostenida con los alcaldes del Sur en el auditorio principal de la sede del Gobierno Regional de Arequipa, ubicado en el distrito de Paucarpata.
Medidas radicales
Los burgomaestres advirtieron que si no se anula el proyecto a cargo de la empresa Southern Cooper, presentarán un recurso de revisión y luego una acción de amparo.
“Exigimos una nueva ley de la minería, con nuevo canon minero y nuevos procesos ambientales”, alegaron.
Los alcaldes de las diversas comunidades del Sur coincidieron en que la minería atenta contra la producción agropecuaria y ganadera no solo en Arequipa, sino de diversas regiones del Perú.
¿En qué consiste el proyecto Tía María?
El proyecto Tía María está a cargo de la empresa minera Southern Perú Cooper desde el 2003. Está ubicado al norte de Cocachara, en la provincia de Islay, Región Arequipa.
La iniciativa, que data desde hace más de 10 años, contempla la construcción de dos minas para que se dediquen a la extracción de cobre mediante el sistema de lixiviación.
Dicho proyecto ha generado posturas a favor y en contra desde sus inicios, desencadenando muertes de hasta 7 personas y regular cantidad de heridos.
En este año 2019 el mandatario Martín Vizcarra otorgó la licencia para la construcción del proyecto, para luego detenerla tras la ola de protestas en torno a su concesión.
¿En qué consiste la consulta previa?
La Consulta Previa es el derecho que tienen las diversas comunidades indígenas para dialogar con el Estado sobre diversas iniciativas o proyectos a ejecutar.
El objetivo de dicho diálogo es llegar a un consenso o acuerdo para evitar afectar su forma de vida, patrimonios culturales, entre otros.
Los casos en lo que se debe dialogar con los pueblos indígenas son: explotación de recursos naturales en su territorio, emisión de una ley que afecte directamente su patrimonio, construcción de una infraestructura que afectará tu forma de vivir o la implementación de políticas públicas que afecten bienes territoriales, entre otros.
Actualmente, en el Perú existen más de 50 comunidades indígenas entre la zona andina y la amazonía.
Algo más: Los proyectos mineros en el Perú desencadenan conflictos sociales desde hace muchos años. Los diversos Gobiernos han omitido en mayoría la consulta previa para conceder explotaciones mineras en el país. En consecuencia, podemos observar problemas crónicos de salud y extrema pobreza en distintas comunidades regionales.
El Estado a través del Poder Ejecutivo debe retroceder ante el contrato con Southern Cooper y respetar la voluntad de los pueblos.
