Allanamiento y derecho a la intimidad: ¿El JIP debe identificar a todos los que intervendrán en la diligencia? [Expediente 00025-2017-64-5002-JR-PE-01]

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Allanamiento y derecho a la intimidad

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Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada
Tercera Sala Penal de Apelacionales Nacional 

Expediente : 00025-2017-64-5002-JR-PE-01 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Enriquez Sumerinde / Magallanes Rodríguez 
Ministerio Público : Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio 
Imputado : Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chavarri 
Delitos : Lavado de activos y otro 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Irwin Juan Carpio Manrique 
Materia : Apelación de auto sobre nulidad Resolución N.° 9 

Lima, veintisiete de mayo de dos mil veintidós.

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AUTOS y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Jorge Pablo Nicolás Noziglia Chavarri contra la Resolución N.° 13, de fecha veintisiete de enero de 2022, que resolvió declarar infundada la nulidad formulada por la defensa del referido investigado y dispuso que se remita copias certificadas de las principales piezas procesales a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú en relación al hecho advertido ingreso irregular de personal no autorizado en la diligencia de allanamiento, en la investigación preparatoria que se sigue al investigado y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. 

Interviene como ponente el Juez Superior SALINAS SICCHA, y ATENDIENDO:

I. ANTECEDENTES

1.1 El presente incidente tiene su origen en el escrito presentado por la defensa técnica del imputado Noziglia Chavarri, el cinco de enero de 2021, por el cual solicitó vía tutela de derechos que se declare la nulidad de la diligencia de allanamiento del veintiocho de octubre de 2020.

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Por Resolución N.° 1 del ocho de enero de 2021, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos y dispuso encauzamiento de nulidad procesal −al pedido formulado dado que la defensa pedía la nulidad del acta de allanamiento en razón del artículo 150 del CPP− disponiendo traslado al Ministerio Público por tres días, y dando orden a que los autos ingresen a despacho para resolver la nulidad planteada.

1.2 Posteriormente, por Resolución N.° 9 del dieciséis de abril de 2021, la A quo interviniente declaró infundada la solicitud de tutela de derechos planteada por el recurrente. Decisión que fue impugnada por su defensa, el seis de mayo de 2021. Elevado los actuados en su momento, esta Sala Superior por Resolución N.° 4 de fecha veintiuno de julio de 2021 declaró nula de oficio la Resolución N.° 9 del dieciséis de abril de 2021, y nulo todo lo actuado hasta el estado procesal de resolver la nulidad procesal pendiente, según lo previsto en la Resolución N.° 1 del ocho de enero de 2021, disponiendo que se renueven los actos procesales pendientes [resolver la nulidad procesal] por otro juez.

[Continúa…]

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Expediente-00025-2017-64-5002-JR-PE-01_Allanamiento_derecho_a_la_intimidad_identificacion_de_intervinientes.pdf

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