Análisis crítico del principio de confianza y la imputación objetiva de la conducta, a propósito del Recurso de Nulidad N° 1416-2018

0
1717

Loading

Julio Huayta[1]

SUMARIO: 1. Descripción de la realidad problemática. 2. El principio de confianza en la imputación objetiva. 3. Análisis crítico a la sentencia recaída en el Recurso de Nulidad 1416-2018-Lima. 4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas.

  1. Descripción de la realidad problemática

El principio de confianza constituye una de las expresiones del principio de autorresponsabilidad, y uno de los presupuestos de la imputación objetiva de la conducta. De ahí su especial relevancia para el derecho penal. Así, a partir del presente análisis crítico, se busca cuestionar los fundamentos adoptados por la Corte Suprema, en aplicación del principio de confianza, en el Recurso de Nulidad N° 1416-2018- Lima.

Los hechos sobre los que se pronunció la referida sentencia residen en que se imputó a Víctor Hugo Medina Díaz, quien tenía la calidad de gerente general de la empresa Medina Ingenieros S.A., y a Agustín Salvador Maldonado Padilla, contador de la referida empresa, el delito de defraudación tributaria por haber registrado en los libros contables de Medina Ingenieros S.A. facturas por adquisición de servicios que fueron acreditados como no veraces al concluir el procedimiento de fiscalización realizado por la Sunat.

En esa línea, se acusó a los imputados haber utilizado créditos fiscales indebidos y haber disminuido el tributo por el impuesto general a las ventas, a través de la presentación de facturas correspondientes a operaciones falsas. El imputado Salvador Maldonado Padilla se sometió al procedimiento de conclusión anticipada del proceso, en virtud de la Ley N° 28122. De manera que se emitió sentencia condenándolo a cuatro años de privación de la libertad suspendida y se le impuso un monto por concepto de reparación civil. Respecto al imputado Víctor Hugo Medina Diaz, se prosiguió con el juicio oral. La Sala Superior absolvió a Medina Díaz por aplicación del principio de confianza que excluía de cualquier imputación al acusado en su calidad de gerente general de la empresa.

Así, en la sentencia recaída en el Recurso de Nulidad, la Corte Suprema se pronunció en torno a la vinculación y responsabilidad de Medina Díaz, pronunciamiento que exigió el enjuiciamiento del principio de confianza y la determinación de su aplicabilidad o no al caso en concreto. Resultaba fundamental un pronunciamiento en dicho extremo en tanto el referido imputado tenía la calidad de gerente general.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema consideró que el A quo no motivó de forma suficiente la aplicación del principio de confianza al caso enjuiciado, lo cual se apreciaba en la no explicación de cómo la sola afirmación de una designación verbal podía satisfacer el cumplimiento del nombramiento de jefe administrativo a Maldonado Padilla. Además, tampoco se precisó con qué documentos se corroboró que las operaciones comerciales y el balance económico eran informadas de forma superficial a Medina Díaz cuando este regresaba a Lima.

Sobre la aplicación del principio de confianza al caso en concreto, la Corte Suprema estimó que el sujeto imputado debió haber cumplido con todas las obligaciones y deberes propios de su rol. Asimismo, en la lógica del caso enjuiciado, el Colegiado sostuvo que el imputado debió incorporar mecanismos idóneos de control y supervisión con el objetivo de evitar hechos como los sucedidos.

De ahí que, conforme  a lo precisado por la Sala, el hecho de que el imputado cumpliera sus funciones en distintas partes del país no lo eximía de la realización de un adecuado control en ámbitos económicos de la empresa, pues este era gerente general, además que el imputado solo había nombrado de forma verbal a un contador como jefe administrativo e, incluso, como se advertía de autos, aquel jefe administrativo le daba cuenta del balance económico de forma rápida y superficial, hecho que, según la Corte, no garantiza el consciente cumplimiento de sus funciones.

  • El principio de confianza en la imputación objetiva

El principio de confianza se basa fundamentalmente en la necesaria división del trabajo que debe existir para la realización de ciertas actividades. Ello resulta importante, pues el hecho de que una persona pueda dedicarse a controlar la actividad de otras personas generaría que aquellase excluya de la plena realización o dedicación a su actividad personal. En esta lógica, la división de trabajos se daría por dos razones. Por un lado, sin la existencia de la división de trabajos, se sobrecargaría a algunos participantes, lo cual consecuentemente causaría que el resultado sea peor. Por otro lado, a través de la división de trabajos, los fallos a los que se arriben con la realización del trabajo serían tratados como fallos personales, es decir, de aquel a quien se le asignó la competencia de determinada actividad.

Jakobs[2]  entiende al principio de confianza no solo como un supuesto particular del riesgo permitido de la imputación objetiva, sino también un supuesto de prohibición de regreso. Existen algunas situaciones que ocasionan que la confianza decaiga. En primer lugar, cuando a la persona que se le asigna la competencia de determinada actividad carece del conocimiento de las reglas o, en todo caso, de la posibilidad de seguirlas. En segundo lugar, cuando exista la función de compensar los comportamientos defectuosos causados por otros.

Al respecto, García Cavero[3] refiere que existen límites claramente definidos. Además de los dos ya aludidos por Jakobs, también se considera como un límite a la confianza cuando resulta evidente e indubitable la actuación irregular de los otros intervinientes en la realización de un trabajo conjunto.

 En ese orden de ideas, Roxin[4] sostiene que el principio de confianza no es aplicable cuando algunos sujetos competentes para determinada actividad poseen deberes especial de vigilancia u otros roles de control. En ese orden de ideas, el autor en referencia sostiene que “la directriz debe ser que incluso al más competente de los que colaboran sólo se le pueden imponer tanto deberes de vigilancia en relación con otros como pueda cumplir sin peligro de descuidar su parte personal de trabajo”. Resulta fundamental la última expresión, pues será objeto de aplicación a la crítica que se planteará a la sentencia analizada.

En la misma lógica que Roxin, Bacigalupo[5]sostiene que el principio de confianza supone que no será posible imputar los resultados producidos a aquel sujeto que ha actuado confiando en que otro se mantendría en el marco de los límites del riesgo permitido. Así, se aplica dicho principio cuando el que confía ha sido conducido a un resultado dañoso por un sujeto quien infringió un deber de cuidado. Sobre el particular, Villavicencio Terreros[6] considera que el principio de confianza no solo se limita al deber de cuidado en los delitos imprudentes o culposos, sino también en los delitos dolosos.

  • Análisis crítico a la sentencia recaída en el Recurso de Nulidad 1416-2018-Lima

En la aludida sentencia, la Corte Suprema dio a entender que no sería posible la aplicación del principio de confianza a Medina Díaz, gerente general de la empresa, toda vez que este debió haber tomado medidas adecuadas de control y supervisión. Además, sostiene que el hecho de que su contador Maldonado Martínez solo informara de manera somera y rápida del balance de la empresa no demostraba el cumplimiento consciente de sus labores.

Al respecto, debo señalar que la Corte Suprema no consideró que el principio de confianza exige, incluso, que a los más competentes solo se le puede exigir tantos deberes de vigilancia sobre la actividad de otros como pueda cumplir sin poner en peligro su parte personal del trabajo, pues el fundamento de la división del trabajo es la especialización, lo cual máxima y efectiviza las actividades que se asigne.

Bajo esa lógica, si Medina Díaz, en su calidad de gerente general, hubiera supervisado o controlado la actividad de Maldonado Padilla, en su calidad de contador y jefe administrativo de la empresa, Medina Díaz hubiera puesto en peligro la realización de su actividad propia. En otros términos, su actividad personal hubiera sido descuidada, presupuesto no compatible con el principio de confianza y la división del trabajo.

Además, si se parte de la premisa, como se advierte en autos, de que Medina Diaz se dedicaba a dar apoyo técnico de supervisión en la ejecución de obras, contratos y otros asuntos vinculados a la minería, razón por la cual constantemente viajaba, y solo regresaba a Lima tres veces al mes, es claro que estar pendiente de la contabilidad de la empresa, hubiera generado un perjuicio en el desenvolvimiento normal de sus actividades propias.

En adición a lo expuesto, es necesario entender el rol que desempeñaba Maldonado Padilla, quien, al ser contador, necesariamente su labor se vinculaba con el manejo de las finanzas de la empresa. En ese sentido, el gerente general Medina Díaz confió en el manejo efectivo de las finanzas por parte de Maldonado Padilla, pues este se dedicaba exclusivamente a dicha actividad por sus aptitudes y conocimientos en la materia. De lo contrario, el mismo gerente se hubiera encargado del manejo de las finanzas, hecho que no era factible hacer porque sus actividades se enfocaban al apoyo técnico en distintas regiones del Perú.

La confianza que emana del principio de confianza no es natural, sino normativa, de manera tal que su fundamento reside en que otros sujetos serán responsables por sus acciones, de modo que se pueda confiar que aquellos actuarán conforme a Derecho. En ese orden de ideas, como se indicó en el acápite anterior, el principio de confianza requiere de una labor de concreción que se manifiesta a través de las limitaciones que, de superarse, hacen que la confianza decaiga. Caso contrario, es posible afirmar que la confianza sigue en pie, tiene potencial de excluir de responsabilidad al sujeto que confió e imposibilita la imputación objetiva de la conducta.

Respecto al primer límite, se debe esgrimir que el sujeto en que se confió, es decir, el contador y jefe administrativo Maldonado Padilla, sí tenía la capacidad para ser responsable. De modo que este primer límite no es superado, estando así dentro del supuesto de aplicación del principio de confianza para la conducta de Medina Díaz.

En lo que concierne al segundo límite, en la división de trabajos de la empresa Medina Ingenieros S.A.  no había la misión por parte de los asignados o intervinientes de compensar los fallos que otro cometiera. El gerente general Medina Díaz no tenía la misión de compensar los comportamientos defectuosos causados por Maldonado Padilla, pues este fue contratado para que maneje las finanzas de la empresa en su calidad de contador.

Por último, en cuanto al tercer límite, en el caso en concreto no se puede decir que la confianza haya cesado por una actuación irregular evidente por parte Maldonado Martínez, en tanto Medina Díaz recién se enteró de lo delitos tributarios cometidos a raíz de la denuncia fiscal. Además, lo anterior encuentra respaldo en la declaración del propio Maldonado Martínez, quien aceptó que abusó de la confianza de Medina Díaz para cambiar facturas una vez adquiridos los bienes y servicios. Ello con el propósito de obtener dinero extra, el cual era adjudicado a su patrimonio personal.

A tenor de lo expuesto, suscribo que sí es posible la aplicación del principio de confianza en el caso en concreto, aun cuando existió solo una designación verbal, toda vez que dicha designación fue por el cargo de administrador y no el de contador, Además de ello, por principio de primacía de la realidad, las labores que realizada Maldonado Padilla correspondían a la de un administrador y contador, de manera que es perfectamente admisible la aplicación del principio de confianza.

  • Conclusiones

A partir de lo desarrollado a lo largo de las líneas del presente análisis crítico, se han podido arribar a algunas conclusiones importantes:

  • El principio de confianza es uno de los presupuestos de la imputación objetiva de la conducta. Este principio tiene dos ámbitos de manifestación. Por un lado, en los casos en los casos en que una actuación será conforme a derecho si la persona que actúa seguidamente cumple sus labores. Por otro lado, en situaciones que un estado de cosas ha sido preparado por un tercero. En este supuesto, se confía que el tercero obró conforme a su deber en la etapa que le correspondía.
  • Los límites al principio de confianza son tres. En primer lugar, cuando el sujeto en que se confía no tiene capacidad de ser responsable o, carece de la posibilidad de seguir las reglas de competencia. En segundo lugar, cuando exista la función de compensar los hecho defectuosos de otros. En tercer lugar, cuando es evidente el actuar irregular por parte de otro en un trabajo conjunto.
  • En el Recurso de Nulidad N° 1416-2018, la Corte Suprema hierra al cuestionar la aplicación del principio de confianza por parte de la Sala Superior, toda vez que sí es perfectamente aplicable el referido principio, en razón que aún el más competente no puede encargarse de controlar y supervisar todo, sino todo aquello en la medida de que no genere un descuido en su actividad propia.
  • Los hechos del caso estudiado calzan dentro del ámbito de aplicación del principio de confianza, toda vez que no se sobrepasan los límites que hacen que la misma decaiga. En otros términos, el contador y administrador condenado tenía capacidad de ser responsable, el gerente no tenía la función de compensar los hechos defectuosos del contador, y no era evidente el actuar irregular por parte del contador.
  • Referencias bibliográficas

Libros:

Bacigalupo, E. (1999). Derecho Penal. Parte General (Segunda ed.). Buenos Aires: Editorial Hammurabi.

García Cavero, P. (2019). Derecho Penal. Parte General (Tercera ed.). Lima: Ideas.

Jakobs, G. (1997). Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. (J. Cuello, & J. Gonzáles, Trads.) Madrid: Marcial Pons.

Roxin, C. (1999). Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. (D. Luzón, M. Díaz y García, & J. De Vicente, Trads.) Madrid: Civitas.

Villavicencio Terreros, F. (2006). Derecho Penal. Parte General. Lima: Grijley.

Resoluciones judiciales:

Corte Suprema de Justicia de la República (2019).Recurso de Nulidad N° 1416-2018. Obtenido de https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/08/R.N.-1416-2018-Lima-Legis.pe_.pdf


[1] Alumno de tercer año de la Universidad de San Martín de Porres y miembro del Centro de Estudios en Derecho Penal USMP.

[2] JAKOBS, Gunther. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. (J. Cuello, & J. Gonzáles, Trads.), Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 253.

[3] GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho Penal. Parte General (Tercera ed.), Ideas, Lima, 2019.

[4] ROXIN, Claus (1999). Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. (D. Luzón, M. Díaz y García, & J. De Vicente, Trads.), Civitas, Madrid, 1999, p. 1006.

[5] BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal. Parte General (Segunda ed.), Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 276.

[6] VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Grijley, Lima, 2006, p. 327.