Beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de ejecución penal [Expediente 03489-2021-PHC/TC]

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Sentencia 242/2022 
UCAYALI 
MARCELO ROJAS VÁSQUEZ, 
representado por MANUEL 
EUGENIO DÍAZ BERROSPI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de agosto de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Eugenio Díaz Berrospi, abogado de don Marcelo Rojas Vásquez, contra la resolución de fojas 174, de fecha 20 de setiembre de 2021, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en adición Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

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FUNDAMENTOS RELEVANTES

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se disponga que la administración penitenciaria del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa resuelva la solicitud del interno favorecido de fecha 30 de marzo de 2021 (f. 11), proceda a conformar el expediente administrativo sobre el beneficio penitenciario de liberación condicional y lo remita al órgano judicial correspondiente en la ejecución de sentencia que cumple de ocho años y cuatro meses de internamiento por el delito de robo agravado (Expediente 02130-2017-80-2402-JR-PE-01). Se alega la vulneración del derecho a la libertad personal.

2. Cabe puntualizar que si bien la demanda, en lo esencial, cuestiona el Informe Legal 56-2021-INPE/23-543-UAL-YDB, de fecha 3 de mayo de 2021 (f. 54), mediante el cual la abogada del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa opina que el interno peticionante no cumple con los requisitos establecidos para acogerse al beneficio penitenciario que ha solicitado, este informe no constituye el pronunciamiento de la administración penitenciaria que restrinja el derecho a la libertad personal alegado por el actor. En ese sentido, a efectos de evaluar la vulneración del derecho invocado, debe tomarse en cuenta la eventual falta de respuesta por parte de la autoridad penitenciaria del citado establecimiento penitenciario a la solicitud del interno presentada con fecha 30 de marzo de 2021, y respecto de la cual corresponde que este Tribunal analice su constitucionalidad.

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Análisis del caso 

3. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad personal. Es por ello que el artículo 7, inciso 1, del nuevo Código Procesal Constitucional establece que: “[n]o proceden los procesos constitucionales cuando: (…) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.

[Continúa…]

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