Caducidad no rige para el procedimiento relativo al consumo según la Corte de Lima

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Denuncia del consumidor vería afectadas sus expectativas de lograr un pronunciamiento de fondo, si se aplicase tal plazo. Más detalles aquí.

El plazo de caducidad no resulta aplicable a los procedimientos de protección al consumidor.

Toda vez que en estos existe un interés privado del consumidor perjudicado por hecho imputable al proveedor, quien acciona para ver resarcido el daño producido y, el interés público de la administración, de investigar y sancionar las conductas infractoras, que emanan del mandato contenido en el artículo 65 de la Constitución.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente al Expediente N° 9926-2019 sobre nulidad de resolución administrativa, emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Con esta sentencia, la sala superior confirma una decisión judicial de primera instancia que declara infundada una demanda de nulidad de resolución administrativa.

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Antecedentes

En el caso materia del citado expediente, a nivel administrativo dos ciudadanos interpusieron denuncia contra dos empresas, por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 2 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) formuló imputación por las presuntas infracciones a los artículos 18 y 19 del mencionado cuerpo legislativa

La citada comisión aceptó la caducidad del procedimiento solicitada por las empresas denunciadas, y ordenó el archivo definitivo.

No obstante, esas empresas apelaron la decisión argumentando que si bien estaban de acuerdo en que se declare la caducidad, resultaban cuestionables los argumentos de la comisión sobre el tratamiento de la caducidad, así como la orden de iniciar un nuevo procedimiento por los hechos denunciados.

A la par, los ciudadanos denunciantes también apelaron la decisión de la referida comisión.

Al conocer el caso en apelación la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de Indecopi revocó la resolución de la comisión, considerando que la figura de la caducidad no aplica a los casos de denuncias de parte, por lo que al haberse iniciado el procedimiento en mérito a la denuncia presentada por dos consumidores corresponde que el mismo sea remitido a la Comisión de Protección al Consumidor.

Ante ello, las empresas denunciadas demandaron ante el Poder Judicial la nulidad de esa resolución administrativa de la mencionada sala del Tribunal del Indecopi.

El juzgado correspondiente declaró infundada la demanda por lo que las empresas demandantes apelaron esa sentencia de primera instancia.

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Decisión

Al conocer el caso en apelación la sala superior de la Corte de Lima advierte que el procedimiento administrativo sancionador fue instaurado de parte, en donde dos consumidores postularon sus pretensiones, esperando acorde a la naturaleza del procedimiento de protección al consumidor, que la autoridad administrativa emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Por tanto, acorde a la naturaleza tuitiva del procedimiento sancionador en materia de protección al consumidor, el colegiado superior colige que en un procedimiento trilateral, donde es el consumidor quien al formular su denuncia dentro del plazo (plazo prescriptorio establecido en el artículo 121 del Código de Protección y Defensa del Consumidor), vería afectadas sus expectativas de lograr un pronunciamiento de fondo, si por razones atribuibles a la entidad administrativa, se aplicase el plazo de caducidad regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General (N° 27444).

De manera que, si se aplicara tal plazo en los términos señalados por las empresas demandantes, se perjudicaría al consumidor por la inacción o falta de diligencia de la administración para dar inicio al procedimiento sancionador; es decir, se le trasladaría la responsabilidad de hechos de terceros que son ajenos a este, precisa el colegiado superior.

Por lo expuesto, entre otras razones, la sala superior confirma la sentencia que declara infundada la referida demanda de nulidad de resolución administrativa.

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Apuntes

A criterio de la sala superior de la Corte de Lima, la demora de la administración en fiscalizar y sancionar no debe ser indefinida, su propia falta haría que se pierda la acción en beneficio del administrado, este sería el caso de un procedimiento iniciado de oficio. Sin embargo, el tribunal superior determina que esa no es la situación en un procedimiento trilateral, esto es, conflicto entre consumidor y proveedor presentado ante la autoridad administrativa para que lo resuelva. 

Por ende, la aplicación de la Ley N° 27444 a los procedimientos de protección al consumidor es supletoria, esto es, cuando habiendo un vacío, su aplicación no sea incompatible y no desnaturalice las normas de protección del consumidor; explica la sala superior. En el presente caso, precisa, pretender trasladar responsabilidad ajena al consumidor es incompatible y desnaturaliza el carácter tuitivo de los procedimientos en materia de consumidor. 

En ese sentido, no se ampara ni defiende a los consumidores, si la falta o inactividad de la administración sirve para dejar sin acción a los consumidores en beneficio de los proveedores, colige el colegiado superior de la Corte de Lima.

Fuente: El Peruano

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