Caso Adriano Pozo: ¿es posible un concurso real entre las tentativas de feminicidio y violación? [Casación 278-2020, Lima Norte]

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Caso Adriano Pozo: ¿es posible un concurso real entre las tentativas de feminicidio y violación?

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Feminicidio y Violación. Imparcialidad. Valoración Prueba. Daño civil.

Sumilla. 1. Lo que se requiere para desestimar una causal de falta de imparcialidad es que el juez no tome postura en relación a la culpabilidad y, por tanto, no se valoren cuestiones fácticas de las personas concernidas, que es lo que sucedió en el sub-judice. Desde esta perspectiva, los términos de la decisión son determinantes, por lo que, en tal sentido, si las expresiones de la sentencia en cuestión se limitan a constatar que se cumplían –o no– las condiciones formales (en este caso del requisito interno de motivación de la sentencia de primera instancia), sin hacer valoraciones sobre la posible culpabilidad del imputado, no puede entenderse afectada la garantía específica de imparcialidad.

2. El delito de feminicidio, como tipo delictivo, en pureza autónomo, y de carácter pluriofensivo desde que por sus elementos de contexto, como la coacción sexual entre ellos, y por su elemento central: matar a una mujer en tanto incumple o se le imponen los estereotipos de género, se afecta asimismo el principio derecho de igualdad y su proyección en la dignidad y libertad de la persona –en todas sus dimensiones, incluida la sexual–. La duplicación de la calificación penal (feminicidio y violación sexual real) entraría en conflicto con el principio del ne bis in idem sustancial, el cual prohíbe atribuirle dos veces a un mismo autor un suceso valorable unitariamente desde el punto de vista normativo; además, la norma prevaleciente es la de feminicidio dada la entidad del bien jurídico tutelado y la más grave conminación penal que tiene.

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3. La responsabilidad civil extracontractual se refiere a dos categorías de daños. En primer lugar, al daño patrimonial que resulta de la lesión de los intereses civiles –de naturaleza económica–, que dan lugar al derecho al resarcimiento en sede civil, el cual consiste en la sustracción o en la disminución del patrimonio (menoscabo patrimonial) bajo las formas del daño emergente (pérdida patrimonial efectivamente sufrida: pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por haber sido perjudicado por un acto ilícito) y del lucro cesante (renta o ganancias perdidas, frustradas o dejadas de percibir: ganancia patrimonial neta dejada de percibir). En segundo lugar, al daño no patrimonial o extrapatrimonial –es el que lesiona a la persona en sí misma, considerada como un valor espiritual, psicológica, inmaterial–, dentro del cual se encuentra, como establece el artículo 1985 del Código Civil, el daño a la persona y el daño moral. El daño a la persona se refiere a la lesión a la integridad física del afectado, su aspecto psicológico y/o su proyecto de vida –en este último supuesto, proyecto de vida, debe tratarse de la frustración de un proyecto evidenciado y en proceso de ejecución y desarrollo que se frustra de un momento a otro–. El daño moral se circunscribe a la lesión a los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimientos en ella –sentimiento considerado, desde luego, socialmente digno y legítimo, es decir, aprobado por la conciencia social–.

4. El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad mental –tiene un curso crónico–, así calificado por la DSM-V, Grupo B, (dos mil trece), y la CIE-9 (Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales) de la Organización Mundial de la Salud (mil novecientos ochenta y ocho), pero por sus características (inmadurez, inestabilidad emocional –desregulación emocional–, elevada impulsividad, conducta impredecible, que les dificulta ajustar su comportamiento a la ley penal) no afecta la imputabilidad plenamente, aunque al concurrir en el presente caso la ingesta de alcohol y las circunstancias antecedentes y concomitantes, es obvio que alteró su capacidad volitiva –que no su capacidad intelectiva–, aumentó su impulsividad ya de por sí presente, de suerte que le restó parcialmente su actuación conforme a la comprensión de la ilicitud del hecho.

5. Este Tribunal Supremo, siguiendo a la STEDH Eckle contra Alemania, de quince de julio de mil novecientos ochenta y dos, ya tiene expuesto que la vulneración del plazo razonable genera una circunstancia de atenuación privilegiada analógica que importa, como ahora plantea el Código Penal, en el artículo 45-A, numeral 3, que la pena se determine por debajo del tercio inferior. El plazo razonable, que integra la garantía genérica del debido proceso es un derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujetos parte en un proceso jurisdiccional y de carácter autónomo, de un lado, exige que los jueces resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto sin retrasos conforme a los plazos prescriptos la ley (han de cumplirse los plazos y sus términos preestablecidos); y, de otro lado, obliga a determinar las circunstancias de la causa en orden a calificar el tiempo de duración del proceso como una dilación indebida, para lo cual ha de atenderse a la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesguen las partes y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por ello, para graduar sus efectos de atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto, ha de atenderse al interés social derivado de la gravedad del delito cometido, al mismo tiempo que han de ponderarse los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado. Ha de calibrarse lo indebido de la dilación, que sea extraordinaria y que no sea atribuido al propio imputado.

Lima, quince de setiembre de dos mil veintiuno

VISTOS; en audiencia privada: los recursos de casación, por inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y violación de la garantía de motivación interpuestos por las defensa del encausado ADRIANO MANUEL POZO ARIAS y de la agraviada C.A.C.B. contra la sentencia de vista de fojas setecientos catorce, de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto (i) anuló la sentencia de primera de primera instancia de fojas cinco, de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el extremo que absolvió a Adriano Manuel Pozo Arias de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de violación sexual real tentada en agravio de C.A.C.B.; y, (ii) confirmó la referida sentencia en la parte que condenó a Adriano Manuel Pozo Arias como autor del delito de feminicidio tentado en agravio de C.A.C.B. a once años de pena privativa de libertad y al pago de veinte mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor San Martín Castro.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que el fiscal provincial del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa de Huamanga por requerimiento de fojas una, de uno de febrero de dos mil dieciséis, formuló acusación contra Adriano Manuel Pozo Arias por delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual real en grado de tentativa en agravio de C.A.C.B.

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∞ El Juzgado Penal Colegiado de Lima Norte –luego de la emisión del auto de enjuiciamiento de fojas ciento tres, de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis–, profirió el auto de citación a juicio oral de fojas ciento trece, de treinta de enero de dos mil diecinueve.

∞ El citado Juzgado Penal Colegiado, tras el juicio oral, público y contradictorio, con fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve (de fojas cinco, del cuaderno de Sala), dictó la respectiva sentencia que absolvió a Adriano Manuel Pozo Arias de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de violación sexual real tentada en agravio de C.A.C.B.; y, lo condenó como autor del delito de feminicidio tentado en agravio de C.A.C.B. a once años de pena privativa de libertad y al pago de veinte mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

SEGUNDO. Que interpuestos los recursos de apelación por la Fiscal Provincial, la defensa de la agraviada C.A.C.B. y la defensa de Adriano Manuel Pozo Arias, conforme obra del auto de fojas novecientos veintitrés, de cinco de agosto de dos mil diecinueve, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, (i) anuló la sentencia de primera de primera instancia de fojas cinco, de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el extremo que absolvió a Adriano Manuel Pozo Arias de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de violación sexual real tentada en agravio de C.A.C.B.;

[Continúa…]

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