Caso Toledo Karp: Revocatoria de comparecencia por prisión preventiva [Sentencia 57/2022]

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Caso Toledo Karp Revocatoria de comparecencia por prisión preventiva

EXP. N.° 01669-2020-PHC/TC 
LIMA 
ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE 
Y ELIANE KARP FERNENBUG 
DE TOLEDO, REPRESENTADO POR 
JOSÉ ROBERTO SU RIVADENEYRA
ABOGADO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de febrero de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia; con la abstención del magistrado Blume Fortini aprobada por la Sala Segunda mediante decreto de fecha 8 de junio de 2021. Asimismo, se agregan los fundamentos de voto de los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera. 

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ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Roberto Su Rivadeneyra, a favor de don Alejandro Toledo Manrique y de doña Eliane Karp Fernenbug de Toledo, contra la resolución de fojas 444, de 11 de febrero de 2020, expedida por la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.

FUNDAMENTOS RELEVANTES

1. La demanda pretende que se declare nulo: i) el auto de 17 de abril de 2017 (f. 104), en el extremo que declarando fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra los favorecidos, dictó prisión preventiva contra ellos por el plazo de dieciocho meses en el proceso que se les sigue por el delito de lavado de activos; y nula: ii) su confirmatoria, la resolución de 26 de junio de 2017 (f. 169). Por ello, también se solicita que se deje sin efecto las órdenes de captura libradas contra los favorecidos a nivel nacional e internacional (Expediente 7091-2014-14/7091-14- 14). Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, de defensa y a la debida motivación de resoluciones judiciales, así como de los principios de congruencia procesal y de legalidad.

Motivación de la prisión preventiva 

2. El Tribunal Constitucional ha destacado que uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos.

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3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la Constitución Política del Perú) y, por el otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial preventiva. 

4. Así, este Tribunal Constitucional ha señalado también que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales garantiza que estas no se deriven del mero capricho de los jueces, sino del ordenamiento jurídico y de la información veraz que alcancen las partes.

5. De otro lado, el derecho a la libertad individual, como todo derecho fundamental, no es absoluto. El artículo 2, inciso 24, literales «a» y «b», de la Constitución Política del Perú establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. Por ello, el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad de movimiento y de tránsito (Expediente 007-2005-HC/TC), pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado; y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado.

[Continúa…]

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