Celeridad en los procesos de alimentos para el debido fortalecimiento de las garantías procesales en el Poder Judicial del Callao

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Por: Alberto Francisco Defilippi Estrada

SUMILLA

El presente artículo describe como la poca eficacia en la agilización en los procesos judiciales de alimentos conlleva a un reproceso que afecta las demandas y los plazos tipificados por Ley, muchas veces no se cumplen, percibiendo de manera negativa el trabajo de los operadores de justicia, afectando los derechos del alimentista. Sumado a ello es importante mencionar la carga procesal que tienen los juzgados, la falta de capacitación, recursos y acceso a tecnología que determina el desempeño a la hora de resolver los casos. De esta manera, la Corte Suprema (2011) reconoce lo siguiente:

El Derecho Procesal de Familia se concibe como aquél destinado a solucionar con prontitud los conflictos que surjan dentro de la esfera de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ya sea que se trate de hijos, padres, conyugues, hermanos, etc., allí que se diferencie del proceso civil en razón a la naturaleza de los conflictos a tratar, y que imponen al juez una conducta conciliadora y sensible, que supere los formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la confrontación como última ratio (p.22).

Por otra parte, por lo antes expuesto se afirma también, que se encuentra vulnerado el principio de celeridad, dilatando el tiempo de los procesos innecesariamente, beneficiando de manera negligente al demandado y perjudicando económicamente al alimentista. Es por ello que el sistema jurídico debería proteger en todo momento al sujeto pasivo sin importar la carga procesal que exista resolviendo la demanda en un plazo razonable.

INTRODUCCIÓN

Es importante cuestionarnos en que magnitud el desempeño laboral de los servidores de justicia se relaciona o influye con la celeridad procesal en los casos de alimentos de los Juzgados de Paz Letrado del Callao. Por ende, la presidenta de la Corte Superior del Callao, Flor Guerrero Roldán, con el fin de atender de manera más eficaz las demandas de la sociedad civil, dispuso de equipos para que desarrollen la labor de apoyo para proceder con la descarga procesal en los juzgados de paz letrado, penales y laborales. Por cierto, en el año 2021 se trabajaron aproximadamente unos 8 mil 511 expedientes en los Juzgados de Paz Letrado, logrando que se resuelva un 85 por ciento de los recursos de ese año y que para el 2022 duplicaron su producción resolviendo aproximadamente seis mil expedientes. Esto demuestra que existe un desempeño por debajo de lo esperado por los demandantes y que muchas veces, lastimosamente no se cumplen los plazos establecidos por ley quedando en letra muerta; lo que produce que no se obtenga de manera oportuna la resolución que debe de amparar el derecho del alimentista.

DERECHO DE ALIMENTOS

En primer lugar, considero mencionar la Constitución Política, en su Artículo 6 refiere que “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”. Agregando también que “Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes”. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad”.

El Código Civil en su Artículo 472 define los Alimentos de la siguiente manera: “Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.

En ese sentido, cabe mencionar que los beneficiarios de los alimentos no solo son derechos de los niños y adolescentes, sino también, se deben alimentos de manera reciproca, los Cónyuges, los ascendientes y descendientes, los hermanos, como lo establece el Artículo 474 del Código Civil.

Pues bien, el acceso a la justicia en el proceso de derecho de alimentos debe ser fundamental y a su vez debe de garantizar el debido proceso otorgando mayor celeridad, donde el Estado pueda reforzar ese papel como garante dentro de este derecho tan importante.

Finalmente, que la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Estado Peruano mediante la Resolución Legislativa N° 25278 el 04 de agosto de 1990, señala que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a un nivel adecuado de vida, siendo esto responsabilidad de los padres el brindarles lo esencial para su desarrollo, nutrición, vivienda, vestuario, alimentación y educación, entre otros para su formación plena.

PRINCIPIO DE CELERIDAD

Innumerables veces se ha escuchado el famoso aforismo “justicia que no es rápida, no es justicia”, esto por la consecuente perdida de tiempo en las resoluciones del proceso, dejando a la sociedad civil bajo una deficiente seguridad jurídica. Es por ello, que el principio de celeridad refiera a la economía por razón de tiempo, manifestada a través de plazos, la improrrogabilidad de los mismos. Este principio, como el referido al de conducta procesal, está manifestado a través de todo el proceso por medio de normas impeditivas y sancionadoras de la dilación innecesaria, así como por mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las partes. (Monroy Gálvez, 1993, p. 42).

Es importante mencionar que la existencia del principio de celeridad, se debe a la exigencia de una justicia que no se debe de prolongar. Es por ello, que este principio debe tener como objetivo hacer avanzar los actos procesales hasta que la tutela que se busca proteger sea alcanzada de manera efectiva por una de las partes.

Finalmente, el uso indiscriminado de las nulidades procesales, reprocesos o mala gestión por parte de los operadores de justica, lo que ocasiona son obstaculizaciones en las diligencias judiciales, evitando que estas se realicen de la manera más eficiente y eficaz posible, haciendo a un lado el desarrollo y continuidad del proceso.

ANALISIS

Nuestro país cuenta con una carga procesal considerable, más aún en lo que respecta a los procesos de alimentos, ello, sumado a la poca eficacia por parte de los administradores de justicia y de las partes, conlleva a que los plazos establecidos no sean respetados, vulnerando el principio de celeridad. Asimismo, se puede determinar que el desempeño laboral va a variar de acuerdo a sus exigencias y objetivos deseados, ya que, siendo una entidad del Estado no cuentan con indicadores de desempeño o medidores de calidad en el desarrollo o gestión del acto procesal, ocasionando que las partes se vean insatisfechas por la institución. Cabe agregar, que la falta de motivación laboral, los desiguales niveles remunerativos y conductas por algunos miembros de la institución coadyuvan a una falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales. Por otro lado, en diversas ocasiones alguna de las partes se ve en la necesidad de recurrir a departamentos como la OCMA para elevar una queja impuesta hacia un trabajador del Poder Judicial por falta de conocimiento de su función, toda vez que estos no integran conocimientos, actitudes y habilidades que permiten desempeñarse en su ámbito laboral, sin mencionar la falta de intercomunicación que demuestran tener entre las diversas áreas. Al respecto, el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que el plazo para proveer los escritos es dentro de las 48 horas de su presentación, está demás de mencionar que esta función casi nunca se cumple, ya sea por la carga procesal o una falta de estrategia integral que favorezca la agilización de los procesos. Es por ello, que es necesario se aplique el principio de celeridad para la agilización de los procesos y alcanzar el amparo de la pretensión alimentaria, reduciendo el perjuicio al alimentista. Finalmente, el proceso tiene la misión de servir para que la sociedad se encamine a una mejor dirección y no a ser una sociedad arbitraria e injusta.

CONCLUSIONES

Es importante la implementación de una eficaz Gestión por Procesos para lograr cumplir de manera oportuna, eficiente y eficaz las demandas de pensión de alimentos en los juzgados de paz letrado del Callao, y así, mejorar la satisfacción del ciudadano.  Asimismo, la modernización del Estado podría brindar herramientas para una mejor gestión en el desarrollo de los actos procesales. Para afrontar ello, considero se realice una capacitación constante a los servidores de justicia, brindar información accesible a la población y tener una mejor intercomunicación entre las diversas áreas podrá poder mitigar el impacto en el principio de celeridad garantizando la protección del Derecho de alimentos

REFERENCIAS

https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/7196/fern%C3%A1ndez_ewh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/32340/Barzola_ME.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://revistagobiernoygestionpublica.usmp.edu.pe/index.php/RGGP/article/view/211/385

https://revistagobiernoygestionpublica.usmp.edu.pe/index.php/RGGP/article/view/211

https://laley.pe/art/9860/el-proceso-simplificado-y-virtual-de-pension-de-alimentos-entre-la-luz-la-sombra-y-la-oscuridad

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/3047/TM%20AD-Gp%204402%20Z1%20-%20Zevallos%20Ipanaque%20Alfredo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://lpderecho.pe/ley-31464-novedades-procesos-alimentos/

https://lpderecho.pe/codigo-ninos-adolescentes-ley-27337-actualizado/

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a6d71b8044baf16bb657ff1252eb7eb2/TEXTO+UNICO+ORDENADO+DE+LA+LEY+ORGANICA+DEL+PODER+JUDICIAL.pdf?MOD=AJPERES

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