Cohecho: Indebida valoración de los elementos de convicción para imponer prisión preventiva [Apelación 160-2022, Amazonas]

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Cohecho Indebida valoración de los elementos de convicción para imponer prisión preventiva

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Fundada la nulidad de auto que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva

Observamos que el caso de autos adolece de motivación aparente en su integridad respecto a los elementos concurrentes para la imposición de la medida coercitiva de prisión preventiva, por lo que debe sancionarse con nulidad al presentarse los tres principios que requiere toda resolución de nulidad: oportunidad, taxatividad y trascendencia.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.

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VISTOS: el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público (folio 199) contra el auto del doce de agosto de dos mil diecinueve, expedido por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas (folio 155), por el cual se declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue a Federico Fernando Buendía Fernández por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, y se impuso la medida de comparecencia con restricciones. Asimismo, el recurso de apelación formulado por el procesado Federico Fernando Buendía Fernández (folio 244) contra el auto del quince de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas (folio 237), que declaró improcedente la nulidad formulada contra la Resolución n.° 8 del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, así como la alegación de falta de notificación de la Resolución n.° 6; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Planteamiento del caso

1.1. El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Especial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, el Ministerio Público requirió que se dicte la medida coercitiva de prisión preventiva contra Federico Fernando Buendía Fernández.

1.2. Por auto del doce de agosto de dos mil diecinueve, expedido por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especial de la Corte Superior de Justicia de Amazonas (folio 155), se declaró infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en el marco del proceso que se le sigue a Federico Fernando Buendía Fernández por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, y se impuso la medida de comparecencia con restricciones, esencialmente, bajo los siguientes fundamentos:

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5.3. Que con los elementos de convicción presentados por el representante del Ministerio Público y aparejados hasta el momento, justifican el inicio de una investigación y así debe ser, al existir una sospecha reveladora, pero de ninguna manera la privación de libertad del investigado Federico Fernando Buendía Fernández, cuya imputación que se le efectúa, debe ser profundamente investigada y, en su momento, de ser el caso, drásticamente sancionada; máxime si teniendo en cuenta que la presente investigación y los hechos que la sustentan, nació primigeniamente a causa de un hecho flagrante en la que posteriormente al imputado Federico Fernando Buendia Fernández, le impusieron una pena de ocho años con carácter de suspendida, la misma que se encuentra siendo revisada por la instancia suprema, por lo que no tiene carácter de sentencia firme o ejecutoriada.

6.1. Que, en cuanto a la prognosis de pena, habiendo llegado a la conclusión, de que no existen elementos fundados y graves, por el contrario que simplemente existen elementos que dan cuenta de una sospecha reveladora, no podría hacerse el pronóstico de pena en el presente caso, debido a la imposibilidad de poder evaluar una probable condena. En tal sentido, este presupuesto tampoco se encontraría cumplido.

7.2. En cuanto al peligro procesal, el señor Fiscal ha sustentado respecto al peligro de fuga, establecido en el artículo 269 del Código Procesal Penal, que contiene los presupuestos de arraigo, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado durante el procedimiento y la pertenencia del imputado a una organización criminal En cuanto al arraigo, se ha llegado a afirmar en esta audiencia, y así también se advierte en su requerimiento primigenio, que el imputado Federico Fernando Buendia Fernández, no tendría trabajo estable y que no tiene bienes a su favor que pueda generar arraigo, por lo que sería un indicio para presumir el peligro de fuga, éste juzgador considera que esto es algo que no puede ser admitido, dado que es una razón arbitraria estando a la naturaleza común de las personas de nuestro país, ya que se puede vivir en una casa alquilada u otro, lo cual no puede ser constitutivo de un posible peligro de fuga o que no tenga un arraigo en el lugar. (…)

[Continúa…]

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