COHECHO: Las convicciones personales respecto a las partes del proceso no es amparable por su condición de juez [Recurso de Nulidad 1343-2021, Pasco]

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COHECHO Recurso de Nulidad 1343-2021, Pasco

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

No haber nulidad en la decisión impugnada

El artículo 36 del Código de Procedimientos Penales reconoce que es potestad de la Sala Superior decidir la cuestión con o sin dictamen, y esta es una resolución de carácter inimpugnable.

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el magistrado William Cisneros Hoyos contra el auto de vista, del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la inhibición formulada por su persona en el proceso seguido contra Luis Abelardo Castillo Tapia por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado —Ministerio Público—; contra Marlon Esteban Sánchez Pinto por el delito de corrupción de auxiliares jurisdiccionales, en agravio del Estado —Ministerio Público—, y contra Armando Janampa Oscategui, Hans Alva Garay, Juan Galarza Vega y Maura Rojas Osorio de Beraun por el delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado —Ministerio Público—, y dispuso la continuación en el conocimiento del juzgamiento en su condición de juez superior (P) director de debates (ponente), sin más obstaculización en su desarrollo.

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Intervino como ponente la señora jueza suprema Carbajal Chávez.

CONSIDERANDO

I. Antecedentes

Primero. En la audiencia de juicio oral del catorce de abril de dos mil veintiuno, el magistrado William Cisneros Hoyos expuso oralmente la existencia de una causal de inhibición para el conocimiento de la causa contra Luis Abelardo Castillo Tapia por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado —Ministerio Público—; contra Marlon Esteban Sánchez Pinto por el delito de corrupción de auxiliares jurisdiccionales, en agravio del Estado —Ministerio Público—, y contra Armando Janampa Oscategui, Hans Alva Garay, Juan Galarza Vega y Maura Rojas Osorio de Beraun por el delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado —Ministerio Público—, al amparo de lo dispuesto en el artículo 313 del Código Procesal Civil, a fin que no duden de su imparcialidad. Entre sus fundamentos principales refirió que: i) su esposa intervino en la causa, en cinco audiencias aproximadamente, en calidad de fiscal titular de la Primera Fiscalía Superior del Distrito Fiscal de Pasco, antes de que fuera conocida por la Fiscalía Especializada, y ii) conoce al doctor Armando Janampa (acusado) y a su hermana, la fiscal antidrogas Kelinda Janampa, así como al doctor Hans Alva Garay (acusado), con quienes participó en diversas audiencias y situaciones personales en su Juzgado de origen.

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Segundo. No obstante, en la audiencia del veintiséis de abril de dos mil veintiuno se oralizó el auto de vista, expedido por la Sala Mixta Permanente en adición a sus funciones de Sala Penal Liquidadora, integrada por los magistrados Janet Sánchez Cerna (presidenta), Miguel Pando Colqui y Giovanni Féliz Palma, que resolvió declarar improcedente la inhibición formulada por el magistrado William Cisneros Hoyos; con lo demás que contiene. Luego de ello, el citado magistrado interpuso recurso de nulidad para que se eleve a esta instancia su pedido de impedimento de conocer la causa, al amparo del artículo 213 del Código Procesal Civil; asimismo, la inhibición de los autos en razón de los artículos 29, 30 y 31 del Código de Procedimientos Penales debido a que lo que se ha decidido vulneraría lo previsto en el artículo 40 del acotado código, al haberse emitido resolución sin vista fiscal, lo que la convierte en nula; además, precisó que, al rechazarse el impedimento y, a la vez, la inhibición, se está desconociendo lo que corresponde a la unidad del proceso penal, en el sentido de que el caso lo vio una fiscal superior que inició el juicio oral antes de pasar a la Fiscalía Especializada, todo lo cual se sustenta en la teoría de las apariencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (fojas 81 a 101).

II. Absolución del grado

Tercero. La impugnación se rige por el principio de límite del recurso y, por lo tanto, la competencia de este Tribunal Supremo para decidir se circunscribe al material impugnativo contenido en las pretensiones formuladas por las partes y sus fundamentos, esto es, para el presente caso, respecto a la procedencia de la inhibición planteada.

Cuarto. Invocamos los principios y los derechos de la administración de justicia, como son las garantías del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, previstas en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú; así como la debida motivación de las resoluciones judiciales, contemplada en el artículo 139, inciso 5, del referido texto normativo.

Quinto. Igualmente, destacamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, sobre la imparcialidad, ha señalado que “considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”1, y ha precisado, en el caso Apitz Barbera y otros versus Venezuela, que la posición que adopta sigue la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sexto. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia recaída en el Expediente número 02851-2010-PA/TC, indica lo siguiente:

[Continúa…]

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