COLUSIÓN: ¿”defraudación patrimonial” equivale a perjuicio económico? [Recurso de Nulidad 905-2019, Amazonas]

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA

PRUEBA INDICIARIA

Sumilla. Las infracciones administrativas tienen virtualidad para acreditar, indiciariamente, determinadas conductas ilícitas, como ejemplo las colusorias. Para ello, deberá valorarse el número de irregularidades, la gravedad de las mismas y el proceder de los funcionarios legalmente autorizados para conceder la buena pro, y de corresponder también a través de conductas posteriores. Claro está, los indicios deberán ser ciertos y debidamente probados; y por su parte, el razonamiento indiciario deberá respetar las reglas de la sana crítica, lógica y máximas de la experiencia.


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Lima, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los sentenciados JUAN CHARLETH TAFUR TAFUR, CIRO MARTÍN LORA LEÓN y LUCIO GREGORIO CÁTEDRA RAMÍREZ, contra la sentencia del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, en el extremo que los condenó como autores del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de colusión simple, en agravio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Bagua, a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el período de tres años; los inhabilitó por el plazo de dos años para ejercer la función, cargo o comisión que ejercían, así como para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; y fijó la reparación civil en ciento cincuenta mil soles, sin perjuicio de devolver el monto de lo apropiado equivalente a ciento ochenta y cuatro mil soles, que deberán abonar solidariamente a favor de la parte agraviada. De conformidad en parte con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema Pacheco Huancas.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

    1. El factum de imputación se ha señalado en la acusación fiscal acumulada o unificada, la misma que fue precisada mediante dictamen fiscal del dieciséis de julio de dos mil catorce (página 7093) y Dictamen N.° 04-2018 (página 7538). Se atribuyó lo siguiente:

El imputado Juan Charleth Tafur Tafur, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Bagua, el seis de enero de dos mil tres, expidió el Memorándum N.° 03-2003-MPB-A, dirigido a su coimputado Lucio Gregorio Cátedra Ramírez (director municipal), comunicándole la propuesta de trabajo en asesoría tributaria de la empresa Asesores y Asociados S. A. C. y requiriéndole su opinión para su contratación. El imputado Cátedra Ramírez, expide el Informe N.° 002-2003, del nueve de enero de dos mil tres, al señalar que es posible la contratación de la citada empresa, sin la necesidad de convocar a un proceso de selección, por cuanto: (i) la citada empresa tiene por objeto social dedicarse a dirigir procedimientos de fiscalización tributaria, determinación de deudas administrativas o tributarias, así como procesos de cobranza coactiva, y (ii) porque la municipalidad no cuenta con personal calificado.

Con dicha opinión, con pleno conocimiento que la municipalidad agraviada contaba con un ejecutor y auxiliar coactivo, que por mandato legal deberían haber realizado dicha labor, los mencionados imputados contrataron a la empresa citada, cuya gerente fue la procesada Janet Calderón Mondragón y su asesor el imputado Mario Omar Fuentes Navarro1, con quienes el imputado Tafur Tafur tenía un vínculo espiritual, por haber participado como testigo en el matrimonio civil de los antes citados.


[Lee también: ¿En qué consiste la prueba indiciaria en el delito de colusión? [Recurso de Nulidad 2056-2018, Huánuco]


Luego, los imputados Tafur Tafur y Cátedra Ramírez, no obstante tener conocimiento que ya existía un ejecutor y auxiliar coactivo en el municipio, después de realizar un sospechoso concurso —donde solo participaron dos profesionales como Ciro Martín Lora León (abogado que suscribió la minuta de constitución de la empresa Asesores y Asociados S. A. C.) y Martín Roca Navarro (asesor de la empresa en referencia)—, contrataron como otro ejecutor coactivo de la municipalidad agraviada, al imputado Ciro Martín Lora León.

Ya organizados y concertados para la contratación de la empresa en mención y del ejecutor coactivo, cuyo fin específico era cobrar la deuda del Banco Wiesse, que ascendía a la suma de seiscientos dieciséis mil soles, para beneficiarse con el treinta por ciento del pago (ciento ochenta y cuatro mil soles); el imputado Lora León —contratado exprofesamente por ser conocido de los demás imputados— emprendió el trámite para el desembolso del dinero, se dejó de lado al ejecutor coactivo de planta César Elí Bocanegra Horna.

Además, el imputado Lora León, sin mayor esfuerzo y luego de emitir dos resoluciones, logró que el Banco de Crédito del Perú, el dieciocho de marzo de dos mil tres, entregue el cheque por la suma de seiscientos dieciséis mil soles, dinero que tenía retenido por una deuda del Banco Wiesse, a favor de la entidad agraviada, en cuyo trámite o gestión no intervino la empresa contratada, pues no asesoró ni emprendió estrategia alguna.


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