Colusión: ¿La pericia contable es requisito para probar los elementos del delito? [Recurso de Nulidad 556-2019, Áncash]

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Colusión: ¿La pericia contable es requisito para probar los elementos del delito?

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

Nulo el extremo que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal

La pericia contable es una prueba idónea que permite establecer el perjuicio patrimonial concreto en los delitos de colusión. Sin embargo, no constituye un requisito indispensable para sostener la existencia de la defraudación económica efectiva al Estado cuando, como en el presente caso, ello resulta evidente (y se postuló en el relato de la acusación fiscal).


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Lima, cuatro de febrero de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la Contraloría General de la República contra la resolución del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 149), que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por el Ministerio Público y extinguida por prescripción la acción penal a favor de: i) Wilfredo Julio Huaylinos Vela, Elizabeth Julissa Vásquez Zárate y Liz Karen Bazán Huamaní como cómplices primarios de los delitos de colusión, negociación incompatible y falsedad ideológica, en agravio de la Municipalidad Distrital de Rapayán, e ii) Ilia Lucía Abarca Paredes por el delito de colusión, en agravio de la Municipalidad Distrital de Rapayán. Con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa de la Contraloría General de la República

Primero. El abogado Christian Vergara Alarcón, en representación de la Contraloría General de la República, formuló su recurso de nulidad (foja 176) y denunció la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones, pues la recurrida presentó contradicciones y modificó los hechos imputados.

Tales hechos ocasionaron un perjuicio económico al Estado (la acusación refirió que existió un pago en exceso por el monto de S/ 533 300.18 –quinientos treinta y tres mil trescientos soles con dieciocho céntimos–) y la causa no se declaró prescrita respecto al imputado Berino Olórtegui Urbano, en su calidad de alcalde, debido a su condición de intraneus; no obstante, el Tribunal Superior decidió declarar prescrita la acción penal respecto a los demás procesados (extraneus), pues los hechos se subsumirían en el delito de colusión simple (primer párrafo del artículo 384). Este argumento es erróneo, por lo que solicitó que se declarare nula la recurrida.

§ II. De los hechos que fueron objeto del proceso penal

Segundo. El procesado Berino Olórtegui Urbano, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Rapayán (Huari, Áncash), en complicidad con Wilfredo Julio Huaylinos Vela y Elizabeth Julissa Vásquez Zárate (socios de la empresa Equipamiento Municipal del Perú S. A. C.), y Liz Karen Bazán Huamaní e Ilia Lucía Abarca Paredes (gerenta adjunta y gerenta general de la citada empresa, respectivamente), perjudicaron a la referida municipalidad valiéndose del Acuerdo del Concejo Municipal número 0014-2007-MDR, en el cual se declaró a la citada comuna en situación de urgencia (se entiende que se refiere a la situación de emergencia prevista en el Decreto Supremo número 83-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado). Entonces, se dispuso la adquisición de maquinaria y equipo mecánico para saneamiento básico, rehabilitación de infraestructura vial y reconstrucción de infraestructura educativa del referido distrito, por lo que, mediante el proceso de exoneración por causal de emergencia, en el mes de diciembre de dos mil siete, se adquirió de la empresa Equipamiento Municipal del Perú S. A. C. un camión volquete de quince metros cúbicos por la suma de S/ 447 300 (cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos soles) y un cargador frontal por el importe de S/ 822 150 (ochocientos veintidós mil ciento cincuenta soles) por un total de S/ 1 269 450 (un millón doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta soles).

En esta adquisición se incurrió en irregularidades consistentes en transgresiones a la normativa en materia de contrataciones, adquisiciones de maquinaria en condiciones desfavorables y un evidente favoritismo para la empresa ganadora de la buena pro, lo que trajo como consecuencia el pago en exceso por la suma de S/ 533 330.18 (quinientos treinta y tres mil trescientos treinta soles con dieciocho céntimos).

§ III. De la absolución en grado

Tercero. En el presente caso, el objeto de pronunciamiento se delimita al cuestionamiento de la prescripción declarada a favor de los procesados Wilfredo Julio Huaylinos Vela, Elizabeth Julissa Vásquez Zárate, Liz Karen Bazán Huamaní e Ilia Lucía Abarca Paredes por la Sala Mixta Descentralizada de Huari mediante la resolución del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 149).

Es pertinente precisar que, conforme al principio de congruencia, solo se analizará el extremo vinculado a la declaratoria de prescripción por el delito de colusión, pues en su recurso de nulidad la Contraloría General de la República únicamente cuestionó este aspecto de la prescripción.

Así, el objeto de análisis de la presente resolución será determinar si la prescripción de la acción penal por el delito de colusión fue debidamente dictada y motivada. No será materia de pronunciamiento la responsabilidad penal de los procesados ni se realizará una valoración probatoria, salvo la que esté estrechamente vinculada a incidir en la institución de la prescripción.


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Cuarto. Los procesados Wilfredo Julio Huaylinos Vela, Elizabeth Julissa Vásquez Zárate, Liz Karen Bazán Huamaní e Ilia Lucía Abarca Paredes fueron acusados en calidad de cómplices (extraneus) por los delitos de colusión, peculado, negociación incompatible y falsedad ideológica, en agravio de la Municipalidad Distrital de Rapayán.

El siete de junio de dos mil diecisiete la Sala Mixta Descentralizada de Huari remitió los autos a la Fiscalía Superior para que emita pronunciamiento conforme a ley, y advirtió que habían transcurrido casi diez años sin que la causa haya sido resuelta (foja 134).

Siendo así, la fiscal superior adjunta emitió dictamen y opinó que se debía declarar la prescripción de la acción penal a favor de los procesados Huaylinos Vela, Vásquez Zárate, Bazán Huamaní y Abarca Paredes por los delitos de negociación incompatible, falsedad ideológica, colusión y falsedad ideológica.

En consecuencia, la Sala Mixta Descentralizada de Huari emitió la Resolución número 49, del veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 149), y declaró prescrita la acción penal a favor de los citados procesados, de conformidad con las consideraciones del Ministerio Público.


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