Comentario a los Art. 322 y 323 NCPP – El rol del Fiscal y del Juez en la Etapa de Investigación Preparatoria

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El rol del Fiscal y del Juez en la Etapa de Investigación Preparatoria

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¿La investigación preparatoria debe recaer en manos del juez o corresponde delegar dicha función al representante del Ministerio Público?, este punto también  permite replantear cuál es la verdadera función del fiscal y del juez en el  sistema acusatorio.  Revisa el análisis completo en este artículo.

Por Wilfredo Arturo Robles Rivera

“Artículo 322 Dirección de la investigación.-

  • El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto podrá realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requieran autorización judicial ni tengan contenido jurisdiccional. En cuanto a la actuación policial rige lo dispuesto en el artículo 65.
  • Para la práctica de los actos de investigación puede requerir la colaboración de las autoridades y funcionarios públicos, quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas competencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de informes que se realicen conforme a la Ley.
  • El Fiscal, además, podrá disponer las medidas razonables y necesarias para proteger y aislar indicios materiales en los lugares donde se investigue un delito, a fin de evitar la desaparición o destrucción de los mismos”.

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Artículo 323 Función del Juez de la Investigación Preparatoria.-

  1. Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud de las demás partes, los actos procesales que expresamente autoriza este Código.
  2. El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente, está facultado para: a) autorizar la constitución de las partes; b) pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y -cuando corresponda- las medidas de protección; c) resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales; d) realizar los actos de prueba anticipada; y, e) controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones fijadas en este código.

Comentarios:

Con fecha 29 de julio de 2004, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 957 que daba pie a un nuevo Código Procesal Penal; sin embargo, el Poder Ejecutivo omitió en publicar la Exposición de Motivos del referido cuerpo procesal penal.

Luego la Comisión de Implementación se ha encargado de difundir esta, vía correo electrónico, versión que no procede de fuente legitima, por lo cual no solo nos encontramos ante una norma de imperfecta aprobación sino además que este soslayo limita el comentario de una norma carente de una fuente de motivación; pese a que lo real y concreto es que ya se viene implementando de manera progresiva, una progresividad lenta, que ha generado que dentro de una misma jurisdicción nacional, existan dos sistemas procesales paralelos teniendo ya casi catorce años de implementación.

La influencia de expertos internacionales y de los conocimiento dogmáticos procesales así como de la casuística, aseguran que la actual tendencia en América Latina es el sistema acusatorio y que este es el modelo más garantista en la dirección de la investigación criminal pues recae en el Fiscal o Procurador, pero bajo la supervisión de un juez que garantice los derechos fundamentales en tanto se desarrolle el proceso indagatorio.

Bajo esa tendencia, el Código Procesal Penal promulgado en el 2004, señala en el inciso 1 del artículo 322° que el fiscal es el sujeto procesal que conduce la investigación preparatoria. Asimismo, en el mencionado artículo se señalan los límites de sus prerrogativas y competencias.

Dicho aspecto fue percibido con jolgorio por un sector de hombres y mujeres de leyes, algunos de los cuales, persuadieron al legislador de que con ello se estaría cumpliendo el principio acusatorio, afirmando como una gran bondad la “abolición del sistema inquisitivo”, es decir, la estricta separación de las fases de investigación, a cargo del Fiscal y, enjuiciamiento, a cargo del Juez, “otorgan las garantías de objetividad e imparcialidad”, lo cual resulta bastante cuestionable si se tiene en cuenta que el Ministerio Público al ser el sujeto que precisamente tiene el encargo legal de perseguir el delito y acusar, por reglas de la lógica y el sentido común no podría estar premunido de objetividad y mucho menos de imparcialidad, además que en la práctica tiende a jugar a favor de la concesión de mayor credibilidad a su versión en la formación de la convicción del juzgador.

La importancia de la etapa de investigación preparatoria radica en la necesidad de reunir todos los elementos útiles para justificar o no un eventual juicio oral. Como ya se ha manifestado, existió una gran controversia para determinar si lo más adecuado era dejar en manos la etapa de investigación preparatoria al juez de investigación o si correspondería delegar dicha función al representante del Ministerio Público. La base de tal discusión radiaba en la oposición de dos modelos antagónicos. Por un lado, aquellos que planteaban la continuidad de dirección de la investigación a manos del juez de investigación preparatoria seguían la lógica de un sistema inquisitivo o los rezagos del mismo. Por otro lado, aquellos que propugnaban la división de funciones ya sea la de investigación como la de juzgamiento, radicaba en el apoyo hacia el principio acusatorio que regía cada vez con mayor similitud en distintos ordenamiento jurídicos.

Asimismo, la prevalencia de la etapa de investigación preparatoria solo es posible bajo el marco que sigue nuestro actual modelo procesal y el estricto respeto por los principios constitucionales de juicio previo e inviolabilidad de la defensa en juicio consagrados por la Constitución Política, específicamente, en su artículo 139 apartados 10 y 14, respectivamente.

Para dar cabida a la etapa de investigación preparatoria, conforme a lo estipulado en el artículo 336 del Código Procesal Penal (en adelante CPP), se condice que si de la denuncia del informe policial o de  las diligencias preliminares aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, en tanto la acción penal no haya prescrito, se haya individualizado al imputado y se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad. Si concurren todos los presupuestos que se acaban de mencionar, el fiscal deberá emitir la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria.

Una vez emitida dicha disposición, se deberá verificar que en la misma estén contenidos los siguientes elementos:

  1. Los nombres y apellidos completos del imputado
  2. Los hechos y la tipificación específica correspondiente. Así, el fiscal podrá disponer o consignar, si fuera el caso, tipificaciones alternativas al principal pero en relación al objeto del hecho de investigación.
  3. El nombre del agraviado, si fuera posible.
  4. Las diligencias que de inmediato deban actuarse.

Siguiendo nuestro actual modelo, el fiscal será el encargado de decidir si formaliza o archiva la investigación, una vez decidido ello solamente comunicará al juez de investigación preparatoria adjuntando una copia de la disposición. En los casos que el fiscal considere que ya ha reunido todos los elementos de convicción a efectos de poder demostrar la responsabilidad penal del investigado, podrá formular una acusación directa ante el juez.

El Acuerdo Plenario N.° 6-2010/CJ-116, en su fundamento jurídico N.° 6 define la institución procesal de la acusación directa en los siguientes términos:

“La acusación directa, forma parte del proceso común y es un mecanismo de aceleración del proceso que busca evitar trámites innecesarios que se encuentra regulada en el artículo 336.4 y faculta al fiscal, formular directamente acusación, si concluida las diligencias preliminares o recibido el informe policial, considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito, y la participación del imputado en su comisión, esta facultad procesal se funda en la necesidad de generar respuestas rápidas al conflicto penal, la economía procesal y la eficiencia del nuevo proceso penal”.

Así, cual sea el mecanismo, se debe tener en claro que la finalidad de la investigación preparatoria, en concordancia con el artículo 321 del CPP será reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. En el mismo sentido, el décimo fundamento jurídico de la Casación N.° 309-2015/Lima, señala lo siguiente:

“La investigación preparatoria para cumplir su finalidad, requiere acopiar elementos de convicción de cargo y descargo, que permita al Ministerio Público, actuando objetivamente, formular acusación o no, y al imputado preparar su defensa tal como se encuentra señalado en el inciso uno del artículo trescientos veintiuno del Código Procesal Penal. Para ello, existen varios plazos ordinarios atendiendo a la naturaleza procesal de los hechos investigados –simples, complejos y de criminalidad organizada-; que de acuerdo a las características, complejidad y circunstancias puede prorrogarse”.

Para cumplir tales fines que se encuentran señalados de manera expresa en el Código Procesal Penal, el representante del Ministerio Público deberá organizar su estrategia de investigación, a efectos de poder realizar las diligencias que sean necesarias y que guarden relación con el objeto de la investigación; asimismo, se deberá preservar el debido respeto de los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes en aras de que dichos actos de investigación practicados sean legales y lícitos.

Conviene señalar que cumplir con dicha finalidad, el representante del Ministerio Público deberá disponer de realizar ciertos actos de investigación que se encuentren acordes al principio de interdicción de la arbitrariedad, pues como señala Peña Cabrera Freyre, estos deberán seguir ciertas pautas a fin de no desbordar de su legalidad e intrínseca legitimidad, de que su concreción siga al pie de la letra de lo contenido en la norma procesal.

En tal sentido, el artículo 337.1 señala que el Fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la Ley. Sólo podrá adoptarse aquellas diligencias que se encuentren comprendidas en la norma, pues de no ser así, dichos actos señalados y ejecutados serían ilegales.

Para practicar dichos actos, el fiscal los podrá ejecutar por sí mismos o ya sea mediante encargo a la Policía Nacional del Perú (en adelante PNP). Cuando solicite el auxilio policial a efectos de realizar dichos actos, se deberá remitir al artículo 68 del CPP que establece cuáles son las funciones y los actos que puede realizar la PNP, así como a la Ley de la Policía Nacional de Perú aprobada mediante Decreto Legislativo N.° 1267, la cual esta última, señala los siguientes en su artículo 2:

  1. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana.
  2. Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y abandono, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones.
  3. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas, previstos en el Código Penal y leyes especiales.
  4. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente.
  5. Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de procesos judiciales y otros derivados de la función policial.
  6. Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del fiscal, en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia.
  7. Investigar la desaparición y trata de personas.
  8. Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia,

Asimismo, el artículo 3 de la citada Ley, establece las atribuciones de la Policía al momento de investigación, las cuales son las siguientes:

  1. Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la comprobación correspondiente, con fines de prevención del delito o para obtener información útil en la averiguación de un hecho punible.
  2. Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios, instalaciones, naves, motonaves, aeronaves, y objetos de acuerdo a la Constitución y a la Ley.
  3. Intervenir, citar y conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la Ley.
  4. Realizar la inspección física o química de los vehículos siniestrados y emitir protocolos periciales para las acciones administrativas o judiciales.
  5. Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que corresponda, los accidentes de tránsito y las infracciones previstas en la normatividad vigente.

Por otro lado, tal como menciona Cubas Villanueva (2017), se deben destacar los valores que rigen al personal de manera general, están destinados a proteger y garantizar:

  1. El libre ejercicio de los derechos y libertades, es decir mantener las necesarias condiciones de paz ciudadana para que los derechos se puedan ejercitar por sus titulares, libres de todo ataque que proceda de otros sujetos. Así por ejemplo, proteger a quienes ejercitan su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente y sin armas, frente a quienes perturban el normal desarrollo de la manifestación.
  2. La seguridad ciudadana o seguridad pública, que comprende todos los mecanismos encaminados a la protección de personas y cosas frente a cualquier peligro que pueda amenazarlos, ya proceda de actos humanos o de hechos o sucesos naturales.

Por otro lado, el artículo 68 del CPP, establece cuáles son las facultades que tiene la PNP a efectos de poder intervenir en la investigación de posibles hechos delictivos, situación que no ocurría o presentaba en ningún cuerpo normativo, pues recién con la dación de este cuerpo normativo, se han podido definir y regular las funciones de la PNP taxativamente. Al respecto, las facultades concedidas por el NPP para la actuación policial son las siguientes:

a)Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.

b)Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.

c)Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito.

d)Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.

e)Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.

f)Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.

g)Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.

h)Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.

i)Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos contables administrativos.

j) Allanar locales de uso público o abierto al público.

k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.

I) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.

m)Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y

n)Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados.


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Una vez practicadas todas las diligencias, la Policía deberá sentar actas detalladas las que entregará al Fiscal. Para ello, deberá respeta las formalidades previstas para la investigación. Cabe señalar que el fiscal durante la Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía en este cuerpo normativo.

Por otro lado, luego de haber sido realizadas las diligencias encomendadas por el fiscal, el imputado y su defensor tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324 del CPP, el cual establece la reserva y el secreto de la investigación, pues, en principio, la investigación tiene un carácter reservado. La toma de conocimiento de la investigación siempre es de manera directa o a través de sus abogados defensores quienes deberán estar debidamente apersona a la causa penal.

Siguiendo la línea del profesor Oré Guardia, aquellos actos que realizan el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú pueden ser divididos en tres clases: i) actuaciones de investigación y de constancia, ii) actuaciones de anticipación de prueba, y iii) actuaciones de aseguramiento cautelar.

  1. Las actuaciones de investigación y constancia son aquellos que tienen como finalidad determinar si ha tenido lugar el hecho delictivo objeto de investigación, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación final. Un principio que surge con dichas actuaciones es el principio de libre desarrollo delas actuaciones, puesto que el fiscal tiene las potestades de señalar que actos de investigación se deberán actuar sin vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos sobre las cuál recaen. Sin embargo, excepcionalmente este podrá ser tolerado en la medida que prevalezca el interés público. Al respecto, señala Martín y Martín, que dichos actos deben moldearse a los fines del proceso y la proporcionalidad de ellos. Entre ellas podemos señalar los siguientes:
    1. Diligencias de identificación del imputado.
    2. Las declaraciones.
    3. La diligencias de inspección ocular.
    4. La diligencia de reconstrucción.
    5. La diligencias de confrontación.
    6. La pericia y los informes periciales.
    7. Las diligencias especiales.
    8. Diligencia de entrada y registro en lugar cerrado.
    9. El control de las comunicaciones.
    10. El levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.

Las actuaciones de anticipación de prueba se refiere a la practicidad de los actos de investigación en la etapa de investigación preparatoria y no en el juicio oral. Dicha anticipación tiene sustento en evitar que el contenido y aporte de las mismas que sirvan para generar convicción en el juzgador, se pierda definitivamente[17]. Aquí deberán diferenciarse dos conceptos que arraigan una característica en común que es la necesidad y urgencia de salvar el contenido de dicha actuación. Al respecto, me refiero a la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Sobre la primera, la necesidad de salvar el contenido probatorio sobreviene posteriormente a su actuación y antes del juicio oral; además, dicha necesidad esta se encuentra vinculada a la naturaleza del acto como se trata del examen de peritos, el careo entre los declarantes, entre otros; sino a otros factores ajenos al acto. Por otro lado, la prueba preconstituida consiste en la realización de actos urgente de prueba antes de la etapa de juzgamiento atendiendo a que su necesidad de actuación deviene por la naturaleza del acto que no podrá ser practicado en juicio, dicha necesidad ya es previsible a su practicidad; caso contrario, en la prueba anticipada la necesidad surge con posterioridad al acto sin poder haber sido previsible. Como ejemplo de pruebas preconstituidas tenemos las inspecciones, los registros, los reconocimientos, la incautación, el allanamiento, la prueba de alcoholemia, entre otras. Dichas pruebas se encuentran reguladas en el CPP en los artículos 242 a 246, 189.3, 383.e y 325.

  • Indistintamente de los actos de investigación y de anticipo de prueba, tenemos, por último, los actos que busquen asegurar el resarcimiento de la responsabilidad penal y civil del hecho delictivo, por tanto, son cautelares o precautorias porque devienen la satisfacción del resultado del proceso evitando un daño jurídico[18]. Dichos actos deben ser, en primer lugar, cualitativamente aptas para alcanzar los fines previstos idóneos de su naturaleza[19]. Dentro de estos actos tenemos los reales y los personales: a
    • Las medidas cautelares reales son aquellas en donde su ámbito de aplicación recae en el patrimonio del imputado o de terceros, limitando de tal forma la disposición del mismo. Por ejemplo: el embargo, la orden de inhibición, el desalojo preventivo, entre otros.
    • Por otro lado, las medidas cautelares personales son aquellas en donde la afectación recae sobre la persona imputada, limitando y/o restringiendo su libertad personal y otros derechos conexos. Por ejemplo: la prisión preventiva, la medida de comparecencia, el impedimento de salida, entre otros.

Previamente, habíamos señalado que el fiscal tiene la potestad de llevar a cabo las diligencias en la etapa de investigación preparatoria ya sea por su propia cuenta como delegando funciones a la PNP. Pues, si bien es cierto el fiscal es el director de la investigación preparatoria y este puede disponer de los actos que deban efectuarse, estos actos deben estar limitados a que no sean bajo autorización ni conocimiento judicial. Debido a que nuestro CPP regula de manera taxativa distintos supuestos en los que el fiscal deberá solicitar la autorización judicial para poder ejecutar ciertos actos de investigación o aseguramiento.

El fiscal deberá presentar su requerimiento frente al juez de investigación preparatoria (principio rogatorio[20]), el cual también estar debidamente fundamentado bajo los actos de investigación ya practicados y que guarden una estrecha relación entre el objeto de la investigación.

El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal establece que las medidas que limitan los derechos fundamentales a los sujetos procesales solas podrán ser dictadas por autoridad judicial, ya sea en modo, forma y con las garantías prevista por la ley, salvo aquellas que se encuentren en la Constitución. En tal sentido, la autorización de dichas medidas deberá estar debidamente sustentadas y motivadas por la autoridad judicial, quien se convierte en la única entidad autorizada y legitimada para dictarla.


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Dicha resolución deberá ampararse en los actos de investigación que respalden una base indiciaria de la posible responsabilidad penal del sujeto afectado, en la naturaleza dela investigación y en la finalidad que se pretenda con la medida. Para dichos efectos, se crea la figura del juez de investigación preparatoria, que como manifiesta el artículo 16.4, es un magistrado de primera instancia y cuya organización depende del Poder Judicial. Asimismo, la competencia del juez de investigación se encuentra normado por los artículos 29 y 323 del CPP, en la cual se le asignan las siguientes potestades:

  1. Conocerlas cuestiones derivadas de la constitución de las partes, pues una vez formalizada la investigación preparatoria nace la relación jurídica entre el órgano requirente y los imputados. Como ya se ha señalado, dicha disposición debe ser comunicada al juez a efectos de que asuma la jurisdicción;
  2. Imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos (art. 202, 253 y ss.); resolver excepciones, cuestiones previas y prejudiciales (art. 4 y 6); y pronunciarse sobre las medidas de protección para testigos, peritos, agraviados o colaboradores, con la finalidad de poder salvaguardar la información que aportarán al proceso penal. Para la adopción de las medidas de protección, estas podrán ser solicitadas de parte o de oficio, en tanto concurran los presupuestos exigibles por el artículo 247.2 del CPP;
  3. Realizar el procedimiento para la actuación de prueba anticipada (art. 242) que servirán de base para la sentencia ya sea condenatoria o absolutoria dando final proceso penal e instaurándose, según sea el caso, la etapa impugnatoria;
  4. Conducir la etapa intermedia (art. 344) y la ejecución de las sentencias condenatorias firmes (art. 489); en el primer caso ejerce funciones de control y saneamiento procesal respecto a la acusación y al requerimiento de sobreseimiento;
  5. Ejercer los actos de control que estipula el código, sobre todo el cumplimiento de los plazos de diligencias preliminares (art. 334), de la investigación preparatoria (art. 342) y de la prisión preventiva.
  6. Ordenar, en caso de delito con resultado de muerte, si no se hubiera inscrito la defunción y siempre que se hubiera identificado el cadáver, la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Si a consideración del imputado considera que se están vulnerando sus derechos fundamentales sin hacer observancia estricta de la ley procesal penal o al procedimiento que se estipule en su normativa especial, podrá acudir frente al juez de investigación preparatoria en vía de tutela de derechos (art.71 del CPP).

Máxime si en el proceso en general y en el penal, específicamente, son muchos y muy elevados aquellos bienes jurídicos que se encuentran inmersos[22]. En tal sentido, es función primordial de los jueces y del tribunal, ser sujetos garantes de hacer prevalecer el respeto de los derechos fundamentales y del correcto procedimiento del proceso penal. En el mismo sentido, deberán velar por la legitimidad de las actuaciones fiscales y policiales en aras de constituirse como protectores del imputado y de la sociedad; pues, si bien existe un interés legítimo de que se sancione al responsable del hecho delictivo, también resulta importante absolver aquel sujeto imputado que al final del proceso penal no se le haya enervado su presunción de inocencia. Dichos presupuestos son compatibles en un modelo acusatorio y en un Estado Social y Democrático de Derecho.

Bibliografía

  • ALVAREZ DE NEYRA KAPPLER, Susana y Otros. Los Sujetos Protagonistas del Proceso Penal. Editorial DIKYNSON, Madrid, 2015
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  • CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Actualizado por Jorge Eduardo Vázques Rossi. Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina, 2008
  • CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El proceso penal común. Gaceta Jurídica, Lima, 2017
  • DE LLERA SUÁREZ, Emilio. Derecho Procesal Penal (Manual para Criminólogos y Policías), 2da ed., Tirant to Blanch, Valencia, 1997.
  • GALVEZ VILLEGAS, RABANAL PALACIOS y CASTRO TRIGOSO. El Código Procesal Penal, comentarios descriptivos, explicativos y críticos. Jurista Editores. Lima, 2013.
  • GONZÁLES-CUELLAS SERRANO, Nicolás, Proporcionalidad y Derechos Fundamentales, Editorial Colex, Madrid, 1990
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  • MARTÍN Y MARTÍN, José Antonio. La instrucción penal, 2da ed., Marcial Pons, Madrid, 2004
  • MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria, Bosch, España, 1997
  • ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal, Tomo III, 1ra ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2016
  • Peña Cabrera Freyre, Raúl Alonso, Derecho Procesal Penal, Tomo II, 1ra ed., Editorial Rodhas SAC, Lima, 2012

RUIZ VADILLO, Enrique. Estudios de Derecho Procesal Penal, Comares, Granada, 2016

Abogado por la UNMSM, Maestría en Ciencias Penales (UNMSM), docente en las Facultades de Derecho de las Universidades José Carlos Mariátegui y Sergio Bernales.

En las últimas décadas se han producido reformas legislativas concretadas en la promulgación de nuevos códigos para los procesos penales y han tenido como objetivo central “ajustarse a los estándares internacionales”.

En otras latitudes como el caso de México y Brasil son llamados Procuradores.

GALVEZ VILLEGAS, RABANAL PALACIOS y CASTRO TRIGOSO. El Código Procesal Penal, comentarios descriptivos, explicativos y críticos. Jurista Editores. Lima, 2013. Página 655.

INFANTES VARGAS, Alberto. El Sistema Acusatorio y los Principios Rectores del Código Procesal Penal. Jurista Editores, Lima, 2006. Pág. 41.

ALVAREZ DE NEYRA KAPPLER, Susana y Otros. Los Sujetos Protagonistas del Proceso Penal. Editorial DIKYNSON, Madrid, 2015. Pág. 492.

Cabe señalar que en nuestro actual modelo procesal rige el principio acusatorio, sobre la base de que no puede llevarse a juicio un caso donde no haya existido previamente una acusación fiscal (nullum acussa-tione sine iudicium).

CUBAS VILLANUEVA, Víctor. El proceso penal común. Gaceta Jurídica, Lima, 2017, p. 126.

Corte Suprema de Justicia de la República, Sexto pleno jurisdiccional de las salas penales permanente y transitoria, Acuerdo Plenario N.° 6-2010/CJ-116. Fundamento N.° 6, Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez.

Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, Casación N.° 309-2015/Lima, fundamento jurídico décimo, Lima, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.

Peña Cabrera Freyre, Raúl Alonso, Derecho Procesal Penal, Tomo II, 1ra ed., Editorial Rodhas SAC, Lima, 2012, p. 305-306.

Cfr. DE LLERA SUÁREZ, Emilio. Derecho Procesal Penal (Manual para Criminólogos y Policías), 2da ed., Tirant to Blanch, Valencia, 1997.

Actualmente, para poder definir las situaciones de flagrancia delictiva, debemos remitirnos al artículo 259 del CPP el cual establece lo siguiente:

“Artículo 259.- Detención Policial

La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando:

  1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
  2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
  3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible.
  4. El agente es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso.”

ORÉ GUARDIA, Arsenio. Derecho Procesal Penal Peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal, Tomo III, 1ra ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2016, p. 115.

Ibídem, p. 115.

MARTÍN Y MARTÍN, José Antonio. La instrucción penal, 2da ed., Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 138.

MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria, Bosch, España, 1997, p. 324.

CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Actualizado por Jorge Eduardo Vázques Rossi. Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina, 2008, p. 352.

GONZÁLES-CUELLAS SERRANO, Nicolás, Proporcionalidad y Derechos Fundamentales, Editorial Colex, Madrid, 1990, p. 180.

Dicho principio establece que, en el contexto de un modelo acusatorio, las medidas solamente podrán ser impuestas en razón de haber sido solicitadas, en principio, por la parte legitimada; y, segundo, autorizado por parte correspondiente, en nuestro modelo procesal, el juez de investigación preparatoria para los actos de investigación.

CUBAS VILLANUEVA, V. Op. Cit. p. 199-200-

 RUIZ VADILLO, Enrique. Estudios de Derecho Procesal Penal, Comares, Granada, 2016, p.129.