“COMENTARIOS AL PROCESO ESPECIAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR LEY 30364”

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POR: MARIO MONDRAGON CHIRIMIA

Sumario: 1. Introducción, 2. El derecho a la defensa y al debido proceso en la etapa tutelar, 3. Etapa de investigación penal, 4. El juez de familia puede prescindir de la realización de la audiencia única, 5. La denominación de proceso especial, 6. Flagrancia delictiva al amparo de la ley 30364.

  1. Introducción

El proceso especial regulado por la Ley N° 30364, tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia propiciada en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, garantizando de esta manera la interrupción del ciclo de violencia mediante la imposición de medidas de protección destinadas a salvaguardar la integridad física, psicológica, económica y sexual de las víctimas.

En ese orden de ideas antes de abordar el tema central “denominado comentarios al proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar ley 30364, es de suma importancia señalar lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Ley N° 30364, el cual  establece que; “El proceso al que se refiere el presente título tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia, a través de medidas de protección o medidas cautelares, y la sanción de las personas que resulten responsables”.

El tal sentido el proceso especial de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se divide en dos etapas:

  • Etapa tutelar, a cargo de los Juzgados de Familia; la cual garantiza una actuación inmediata y oportuna del sistema judicial ante un hecho o amenaza de violencia mediante la imposición de medidas de protección.
  • Etapa penal o también conocida como etapa de sanción, donde interviene el Ministerio Publico y el Juez Penal a fin de realizar las investigaciones correspondientes mediante la valoración de los medios probatorios aportados por las partes.
  • El derecho a la defensa y al debido proceso en la etapa tutelar

Si bien en la etapa preventiva llevado a cabo por los jueces de familia no se le delego la certeza probatoria ni el contradictorio, puesto que ello es exclusividad de la investigación penal, por lo que el juez de familia deberá motivar sus resoluciones judiciales en base al riesgo de la víctima (indicio razonable), así como también deberá evaluar si de lo actuado ( medios probatorios)  puede identificar algún tipo de riesgo en la victima contra su agresor, que pueda ser pasible de medidas de protección y/o cautelares.

Cabe precisar que dictaminar medidas de protección de manera desmesurada sin el análisis correspondiente, obviando lo establecido en el artículo 16 de la ley 30364 (el juez evalúa el caso), podrían devenir en nulidades, ello en concordancia con el artículo 50 numeral 6 del código procesal civil aplicable de manera supletoria el cual establece que; “son deberes de los jueces en el proceso fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad”

Queda claro que la etapa tutelar es el que más cuestionamientos ha tenido desde su promulgación en noviembre de 2015, puesto que al ser una etapa rápida el legislador prescinde de diferentes actos procesales que han traído consigo un sinfín de cuestionamientos tales como; La vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Interamericana señaló que las garantías judiciales del artículo 8 se refieren a las exigencias del debido proceso legal y se entiende que el debido proceso legal, como se indicó en el párrafo 69, de la sentencia de 31 de enero del 2001, emitida por la CIDH (caso Tribunal Constitucional vs. Perú), constituye “el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del estado que pueda afectar sus derechos”. Asimismo, El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos prescribe que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcialmente, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter”.

Al respecto, el auto final de otorgamiento de medidas de protección y/o cautelares en sede preventiva llevada a cabo por los jueces de familia, implica la emisión de actos jurisdiccionales de un poder del estado, por lo que dictar medidas de protección sin haber notificado al denunciado antes de que se dictamine el auto final de medidas de protección afecta el debido proceso y el derecho a la defensa. Si bien al denunciado se le otorga el derecho a la defensa recién en la etapa de apelación o investigación penal (Cuando no se convoca a audiencia para el dictado de medidas de protección), ello es insuficiente, toda vez que el denunciado tendría que ejercer su derecho a la defensa cuando ya se encuentre en un estado de indefensión, esto es, después de que se haya dictaminado  las medidas de protección el cual deberá ser cumplido desde su notificación, puesto que el recurso de apelación en los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se conceden sin efectos suspensivos. Por lo que el denunciado tendrá que esperar que el superior jerárquico revoque el auto final mal emitido por el juez de primera instancia.

Cabe precisar que la ley 30364 permite que las partes pueden presentar medios probatorios que acrediten hechos de violencia hasta antes de que el juez dictamine el auto final, de modo tal que dicha afirmación contemplado en el artículo 34 del reglamento D.S N° 004-2019 MIMP de la Ley 30364 no se estaría cumpliendo en caso no se comunique al denunciado antes de que el juez dicte las medidas de protección.

Es sumamente importante que en la etapa preventiva  haya un mejor filtro procesal donde no se vulnere el derecho a la defensa, si bien la normativa actual (ley 30364) es pro víctima, ello puede ser mal utilizado sino se encuentra un equilibrio procesal entre la etapa urgente y el derecho a la defensa que tiene el denunciado, la misma que en reiteradas veces se transgrede al no tener una debida fundamentación de las actuaciones judiciales, y en algunos casos excusarse nombrando los principios rectores de la ley  30364 SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, para así, prescindir de algunas actuaciones procesales contempladas en  la ley, tales como la realización de la audiencia unica.

  •  Etapa de investigación penal

El derecho a la defensa y al debido proceso sigue siendo limitado y ello se ve reflejado en las prohibiciones que tiene la defensa técnica de realizar cualquier tipo de cuestionamiento a la declaración de la víctima, amparándose en el principio de revictimización establecido en el artículo 18 que establece lo siguiente:

En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de contenido humillante. los operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctimas.

Al respecto la Segundo Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver el Recurso de Nulidad N° 3303-205-Lima, sostuvo que dicho principio no puede obstaculizar la averiguación de la verdad, en especial si se debate la calidad de víctima de la declarante, por lo que establecio que el principio de no revinctimización no puede estar por encima del derecho a la presunción de inocencia.

  • El juez de familia puede prescindir de la audiencia única

El artículo 16-B establece lo siguiente:

En caso de riesgo severo, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y emite las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima. En este supuesto el Juez puede prescindir de la audiencia.

La audiencia es inaplazable y se realiza con los sujetos procesales que se encuentren presentes. El juzgado de familia, por el medio más célere, comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato.”

Al respecto debemos precisar que si bien la norma faculta al juez a fin de que pueda prescindir de la audiencia única en caso de riesgo severo, es cierto también que el juez previamente debe evaluar el caso y como excepción deberá optar por prescindir de la misma, puesto que la norma en mención establece que el juez puede prescindir de la audiencia única, mas no establece una obligatoriedad de cumplimiento de que se deba prescindir de la audiencia. Por tanto, en el caso que se haya prescindido la realización de audiencia única el juez de familia no solo debe excusarse en la ficha de valoración de riesgo sino también debe fundamentar su decisión que conllevo a la no realización de la audiencia única dentro de las 24 horas.

  •  La denominación de proceso especial

La ley 30364  es un procedimiento especial por lo que  a efectos de entender la denominación de proceso especial debemos remontarnos a los principios del derecho tales como el principio de la especialidad de la ley, el cual establece que; “La norma especial prima sobre la norma general”, lo que constituye un principio general del derecho; por lo que, en este caso se tiene regulación propia aplicable a los casos y supuestos de violencia familiar bajo los alcances de la ley N° 30364 ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y respecto del trámite procedimental debe estarse a lo precisado en el decreto supremo N° 004-2019 MIM. Por tanto, en aplicación irrestricto del principio de especialidad de la norma, el juez de familia como el juez penal solo deberán limitar sus actuaciones en base a lo precisado por la ley 30364 y su reglamento.

En mi opinión, la denominación de proceso especial debería de modificarse o caso contrario debería de subsistir solo para la etapa tutelar y no para la etapa de investigación penal, puesto que la ley 30364 y su reglamento es una ley pro víctima, que vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia del investigado y que además existe una contraposición entre la etapa tutelar y la etapa de investigación penal tales como:

         Etapa tutelar

  • La declaración de la víctima ante la sola presencia policial pueda ser considerado como medio probatorio.
  • In dubio pro agredido. – en caso exista duda favorecerá a la víctima.
  • Si el agraviado declara en la etapa tutelar en aplicación a la no revictimizacion ya no tendrá que declarar en la etapa de investigación penal.
  • El debate probatorio y contradictorio es relegado a la investigación penal

          Etapa de investigación penal

  • La declaración de la víctima con la sola presencia policial no basta para ser considerado como elemento de convicción, es por ello que los fiscales a fin de darle legalidad a la misma, realizan nuevamente la declaración en sede fiscal (contraponiéndose a la no revictimizacion)
  • In dubio pro reo. – ante cualquier duda favorecerá al investigado.

Cabe precisar que la etapa tutelar tiene como fin supremo la prevención de cualquier acto de violencia mediante mecanismos céleres y la etapa de investigación penal tiene como fin sancionar al agresor mediante un debate previo. Por tanto, al tener las etapas dos fines distintos el legislador no podría aplicar solo la ley 30364 y su reglamento y que de su aplicación no genere conflicto alguno entre la etapa tutelar y la etapa de investigación penal.

Por tales incongruencias evidentes entre la etapa tutelar y la etapa de investigación penal, no tiene sentido que aun subsista la denominación de proceso especial o dicho de otro modo que se siga hablando de un solo proceso dividido en dos etapas.

  • Flagrancia delictiva al amparo de la ley 30364

Si bien el legislador   a previsto en los artículos 17-A de la ley 30364 y el articulo 42.3 del reglamento del 2019   el procedimiento en los casos de flagrancia delictiva. Es cierto también que el legislador poco o nada ha pensado en el derecho a la defensa del investigado. Tal es así, que en su artículo 42.3 establece que; En el caso de las medidas de protección dictadas por el Juzgado Penal que incoa proceso inmediato, de conformidad con el Artículo 17-A de la Ley, solo procede el recurso de apelación contra la resolución de ratificación, ampliación o variación que emite el Juzgado de Familia.”

Vale decir que el investigado no podrá apelar las medidas de protección de manera inmediata ante el juez penal que incoa proceso inmediato, por lo que tendrá que esperar que el juez penal remita las medias de protección dictadas al juzgado de familia y que este se pronuncie amplié o varié la decisión.