¿Cómo delimitar la vacancia presidencial por “incapacidad moral”?

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¿Cómo delimitar la vacancia presidencial por “incapacidad moral”?

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Por: Víctor Esteban Cuaresma Palacios,

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Sumario: 1. Introducción, 2. ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial por “incapacidad moral”? 3. La prohibición de acusar al presidente de la república, 4. ¿Qué es el juicio político?, 5. ¿Qué se entiende de la vacancia por incapacidad moral permanente?, 6. La vacancia por “incapacidad moral” como una salida extrema al cerraje del artículo 117 de la Constitución, 7. Conclusiones.

1. Introducción

El escenario es que, los últimos presidentes de la república han sido cuestionados por actos de corrupción durante su periodo. Esto, ha motivado constantes crisis políticas originadas por la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”; lo que exige que se establezcan los límites de su ejercicio.

Asimismo, el artículo 117 de la Constitución prohíbe que el presidente de la república sea acusado durante su mandato, salvo algunas infracciones a la norma fundamental. Al respecto, surge la pregunta ¿Qué pasaría si el presidente, en el primer año de mandato, es sorprendido flagrantemente en actos de corrupción, violación sexual, narcotráfico u otros graves delitos? ¿Debería permanecer en su cargo hasta que culmine su periodo? ¿Existe una salida constitucional?

2. ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial por “incapacidad moral”?

En la sentencia recaído sobre el expediente 00002-2020-CC/TC, relativo al conflicto competencial planteada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional(en adelante TC), decidió por mayoría declarar improcedente la demanda competencial por sustracción de la materia respecto a la primera moción de vacancia presidencial, toda vez que, la misma fue frustrada en el pleno del Congreso al no contarse con los votos suficientes para su aprobación, lo que llevo en efecto, a su archivo. Asimismo, evitó pronunciarse por la segunda moción de vacancia presidencial, dejando latente la incertidumbre respecto al contenido de la figura prevista en el artículo 113.2 de la Constitución.

En adelante, analizaremos un lineamiento de la vacancia por “incapacidad moral” que el TC podría haber considerado en la sentencia; no obstante, lo omitió.

3. La prohibición de acusar al presidente de la república

El artículo 117 de la Constitución precisa que:

  • “El presidente de la república sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Lo acotado, en concordancia con el artículo 99 de la Constitución, nos indica que el presidente solo podría ser acusado por infracción de la Constitución a través de un juicio político, más no por delitos comunes, esto último se vería en el Poder Judicial al término de su periodo.

Es decir, si el presidente de la república fuere sorprendido flagrantemente en la comisión de graves delitos de corrupción, violación sexual, narcotráfico, asesinato u otros, o si estos actos fueren corroborados por medios idóneos, no podría ser acusado durante el ejercicio de sus funciones, sino hasta que culmine su mandato presidencial.

Planteado así, la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, prevista en el artículo 113. 2 de la Constitución, ¿Podría ser entendida como una salida extrema al cerraje previsto en el artículo 117 de la norma fundamental?

4. ¿Qué es el juicio político?

Es un mecanismo, de naturaleza eminentemente política, desarrollada en el Congreso que busca sancionar a los altos funcionarios públicos que infringen la Constitución.

En el caso del presidente de la república, se activa cuando infringe lo previsto en el artículo 117 de la Constitución. Esta responsabilidad política puede materializase en la inhabilitación para ejercer función pública por más de 10 años o en la destitución del cargo; todo ello, concordante con el artículo 99 y 100 de la Carta Magna. Sin embargo, este procedimiento debe garantizar los principios mínimos de un debido proceso; es decir, el presidente de la república tiene derecho a la defensa asistida por un abogado y otros derechos procesales fundamentales. Cabe precisar que es un procedimiento lapso, distinto a la figura de la vacancia presidencial que es un mecanismo más rápido.

5. ¿Qué se entiende de la vacancia por “incapacidad moral permanente”?

La Constitución prevé en su artículo 113. 2, lo siguiente, “la Presidencia de la República vaca por: su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”. Para su procedencia se requiere una aprobación de los dos tercios del número legal de congresistas; es decir, un mínimo de 87 votos, según el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

Esta causal de vacancia por “incapacidad moral” es debatible a la interpretación literal. Por un lado, una posición platea que se refiere a la incapacidad mental-psicológica (objetivo), recogido por primera vez en la Constitución de 1839. Por otro lado, se plantea que esta causal abarca lo antiético o actos de carácter desdorosa para la investidura presidencial (subjetivo).

A través de la historia, el término incapacidad moral estuvo relacionada a la “incapacidad mental”, es decir, a un hecho objetivo; por tanto, si esta fuera la posición consensuada no habría mayor discrepancia al respecto. No obstante, el término en la Constitución vigente es “incapacidad moral”, por lo cual, si profundizamos en el sentido de la palabra “moral”, esta podría alcanzar no solo a la incapacidad mental, sino también, a todas las acciones u omisiones de “naturaleza indigna” del presidente de la república.

Si el debate fuere por el tipo de moral aplicable, esta sería la moral cristiana, la que es la más predominante en los países occidentales y latinos como el Perú. Sin embargo, en el contexto de un juicio político debe ser aplicado, lo que en el tiempo debe ser considerado como uno de los principios de la política, es decir, una moral política como un conjunto de valores patrióticos y cívicos.

Ahora, esta incapacidad moral debe ser un hecho eminentemente, grave, objetivo y probado, además, de ser trascendental para la nación donde se afecte la credibilidad del gobierno frente a la misma. De lo contrario, la investidura del presidente se vería afectado por cualquier motivo de vacancia sin mayores fundamentos, generándose una espiral de crisis política, económica y social.

6. La vacancia por “incapacidad moral” como una salida extrema al cerraje del artículo 117 de la Constitución

De lo analizado, se advierte que, si entendiéramos, estrictamente, a la causal de vacancia por incapacidad moral como una “incapacidad mental”, entonces, no existiría una salida al candado previsto en el artículo 117 de la Carta Magna; toda vez que, si aún el presidente de la república fuere sorprendido flagrantemente en actos de corrupción, violación sexual, narcotráfico u otros, no podría ser acusado, sino hasta que culmine su mandato. Lo cual, de ser así, devendría en una profunda crisis institucional y política.

Frente a un escenario así propuesto o de similar naturaleza, originado por probados y graves conductas del presidente de la república, la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, sería una salida constitucional y pertinente.

Al respecto, el jurista Enrique Chirinos Soto, integrante de la Asamblea Constituyente de 1978 y miembro del Congreso Constituyente Democrático de 1992 sostuvo lo siguiente:

  • “Tratándose de delitos que no sean de función, vale decir, de delitos comunes que el Presidente haya cometido o que existe muy verosímil presunción en ese mismo sentido, el Congreso, para declarar la vacancia, recurrirá al artículo bajo comentario, sin necesidad de juicio político. De otro lado, el Presidente puede cometer actos que, sin ser delictivos, tengan carácter desdoroso para la alta magistratura que desempeña. El Congreso podría asimismo recurrir al artículo bajo comentario. Es el caso, hace años, del Presidente Carlos Julio Arosemana del Ecuador, quien, en ceremonia pública, hacía bastante más que olvidarse del protocolo”[1].

Lo que el constituyente plantea es que, de comprobarse la comisión de delitos comunes o actos de carácter desdorosos que afectan la alta investidura del presidente de la república, éste, podría ser vacado por la causal de incapacidad moral contenida en el artículo 113.2 de la Norma Fundamental; es decir, entre los constituyentes había posiciones que respaldaban esta interpretación.

En ese orden, un antecedente de aplicación de esta figura, fue la vacancia por incapacidad moral del expresidente Alberto Fujimori, quien pese haber renunciado vía fax desde la ciudad de Tokio en el año 2000, el Congreso declaró la permanente incapacidad moral del presidente de la república el 21 de noviembre del 2000, tras haberse develado videos que evidenciaron actos de corrupción que involucraron a su gobierno[2].

Acto que posteriormente, el TC, dentro de los alcances de la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 27600, se refirió sobre la vacancia por incapacidad moral de Alberto Fujimori en los términos siguientes:

  • “Cancelado el régimen autoritario en noviembre del año 2000, en una muestra evidente de madurez cívica y constitucional del pueblo y sus autoridades, no se ha seguido la opción de buscar una salida informal, sino de utilizar los mecanismos que la Constitución de 1993 prevé para seguir regulando la vida institucional del país. Como corolario de todo lo expuesto, es que se declaró la vacancia del cargo del Presidente de la República, que precaria e infielmente venía ocupando el Ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, nombrándose como Presidente Constitucional a don Valentín Paniagua Corazao, quien se encargó de iniciar la transición democrática”[3].

Recientemente, en el voto singular contenido en la sentencia 778/2020-CC/TC, los magistrados Marianella Ledesma y Carlos Ramos, plantearon algunos posibles criterios de interpretación obligatoria para declarar la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, quedando se la siguiente manera:

  • a. Sólo será aplicable a aquellos hechos de la mayor gravedad que atentan contra los valores éticos comúnmente compartidos en nuestra sociedad y que hacen insostenible la permanencia en tan importante cargo público. b. La denunciada conducta reñida con la moral de quien ostente la Presidencia de la República, para considerarse incursa dentro de la causal tratada, debe además estar ocasionando un notorio desequilibrio social. c. Esta causal no puede ser utilizada como mecanismo de control político o para debatir la posible comisión de delitos. d. Se respeten escrupulosamente garantías del debido procedimiento tales como: i) congruencia entre lo que se pide y lo que se resuelve, es decir, que los fundamentos de hecho y de derecho del pedido de vacancia, deben ser los mismos que sean objeto de pronunciamiento en el respectivo debate y votación por el Pleno del Congreso; ii) los documentos o medios probatorios que acrediten o corroboren los hechos deberán ser examinados por una Comisión Especial de Investigación que presenta un informe dentro del plazo que fije el Pleno del Congreso (al igual que en otros procedimientos parlamentarios); y, iii) se otorgue el tiempo y los medios necesarios para la preparación de la defensa de quien ostente la Presidencia de la República. e. La votación para proceder a declarar la vacancia por la causal de permanente incapacidad moral deba ser igual o mayor a los 4/5 del número legal de Congresistas. f. Se requiere una segunda votación. g. No procede el pedido de vacancia en el último año de ejercicio de la Presidencia de la República”[4].

Por lo expuesto, podemos sostener que la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, debe ser comprendida como una salida extrema al candado del artículo 117 de la Constitución, cuando el presidente de la república sea sorprendido flagrantemente en actos de sobornos, violación sexual, narcotráfico u otros delitos graves, siempre y cuando los hechos sean objetivos y debidamente corroboradas por pruebas plenas; toda vez que, sería insostenible tener a un presidente en esas condiciones hasta el final de su mandato. Además, que tales conductas menoscabarían gravemente la alta investidura del cargo, lo que, en efecto acabaría suprimiendo la credibilidad de su gobierno frente a la nación. Por tanto, ante un escenario de profunda crisis política, institucional o de similar naturaleza, originado por actos del presidente de la república, resultaría pertinente la aplicación de la vacancia por “incapacidad moral” como una salida extrema a la crisis.

Está claro que, la figura contenida en el artículo 113. 2 de la Constitución podría ser valorada en términos discrecionales y no sustancialmente jurídico. Sin embargo, los fundamentos de la misma deben ser por hechos graves y transcendentes dentro de un contexto de crisis política insalvable, que no se funde en conjeturas. De no ser así, solo generaría una permanente incertidumbre de crisis política, economía y social motivadas por intereses particulares.

En ese orden, por todo lo acotado, cabe preguntarnos ¿Es madura nuestra democracia y la clase política como para no abusar de esta figura?

La ausencia de partidos políticos institucionalizados y una democracia peruana todavía púber y frágil, no entiende que el arte de la política es el constante diálogo alturado que arriban en consensos en bien de la nación. Tampoco entienden que la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral” solo debería activarse como una salida extrema al cerraje previsto en el artículo 117 de nuestra norma fundamental.

7. Conclusiones 

El TC, tuvo la oportunidad de culminar con la incertidumbre jurídica interpretando la figura de la vacancia por “incapacidad moral permanente” como un mecanismo constitucionalmente valido, y a la vez establecer lineamientos de su pertinencia a fin de evitar su abuso desproporcional en el futuro. Sin embargo, el Alto Tribunal decidido por mayoría declarar la improcedencia de la demanda por sustracción de la materia, dejando aún latente dicha incertidumbre.

Por tanto, considerando los criterios planteados, podemos concluir que, la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral” podría ser pertinente como una salida extrema al cerraje del artículo 117 de la Constitución. No obstante, este mecanismo debería activarse solo frente a hechos flagrantes, transcendentes, objetivos o debidamente corroborada por prueba plena dentro de un contexto de crisis política irreparable originadas por actos del presidente de la república; toda vez que, tal conducta carcomería la alta investidura del cargo y restaría, seriamente, la credibilidad de su gobierno frente a la nación. De activarse este mecanismo solo por conjeturas, generaría una constante crisis política, económica y social motivada por intereses particulares.


[1] Chirinos Soto, Enrique. “Constitución de 1993: Lectura y Comentario”. Edit. Piedul, Lima, 1995, p. 230.

[2] Resolución Legislativa del Congreso 009-2000-CR.

[3] STC 014-2002-AI/TC, f.j. 40.

[4] STC 778/2020-CC/TC, Voto Singular, Marianella Ledesma y Carlos Ramos, in fine.