¿Cómo se configura el “delito de habitualidad” de las instituciones financieras ilegales? [Casación 423-2019, Arequipa]

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Cómo se configura el “delito de habitualidad” de las instituciones financieras ilegales

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

Sumilla: 1. La cosa juzgada es el conjunto de efectos que produce la sentencia firme y resoluciones equivalentes sobre el objeto procesal, tanto positivos, como lo son su ejecutoriedad y prejudicialidad, como negativos, consistentes en la imposibilidad de volver a interponer la misma pretensión entre las mismas partes. 2. En cuanto a sus límites, es decir, a su extensión, se tienen los objetivos y los subjetivos. Los primeros están relacionados con el hecho y el delito objeto de la sentencia y del nuevo proceso (aedem res y fundamento). Los segundos importan que la cosa juzgada únicamente se extiende a la persona del imputado (aedem personae), de modo que no podrá iniciarse un nuevo proceso por el mismo hecho aun cambiando la persona acusadora, en atención a que la acusación es público, no se exige, pues, una legitimación concreta y no ostentan las partes la titularidad del derecho de penar. 3. En el presente caso se trata de un delito de habitualidad. En este sentido el artículo 246 del Código Penal castiga al que, por cuenta propia o ajena, se decida directa o indirectamente a la captación habitual de recursos del público. En el caso de este tipo de delitos, se castiga no tanto el hecho como la habitualidad. Siendo varias las acciones (naturalísticas), lo que se castiga es una unidad sustancial de hechos caracterizados por la habitualidad; por consiguiente, la cosa juzgada afecta a todos los hechos que puedan constituir objeto de esa habitualidad, aunque no hubiesen sido acusados o conocidos. 4. No hubo, pues, una ruptura del curso causal de los hechos de habitualidad, y ésta solo podía tener lugar cuando una orden de la autoridad competente prohibió la repetición de tales actividades ilícitas.


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Lima, veintiocho de abril de dos mil veintiuno

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por infrac ión de preceptomaterial interpuesto por el JESÚS SALVADOR CALLOAPAZA CHALLCO contra el auto de vista de fojas ciento noventa y cinco, de doce de diciembre de dos mil dieciocho, que confirmando el auto de primera instancia de fojas ochenta y uno, de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, declaró infundada la excepción de cosa juzgada que dedujo; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal que se le sigue por delito de instituciones financieras ilegales en agravio del Estado.

Ha sido ponente el señor San Martín Castro.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que, según la acusación fiscal de fojas ciento cincuenta y ocho, de diez de julio de dos mil dieciocho, Roberto Hipólito Valencia denunció que el veintisiete de agosto de dos mil doce celebró un “Contrato de Gestión de Fondos Cooperativos Autofácil – CREDISOLD” con la empresa Credisold, suscrito por su representante, el encausado JESÚS SALVADOR CALLOAPAZA CHALLCO. El referido contrato consistía en la participación del denunciante Roberto Hipólito Valencia en un programa de administración de fondos cooperativos denominado “Autofácil Credisold”, mediante el cual tenía que depositar a la cuenta de la empresa la suma de cuarenta y dos mil dólares americanos para la adjudicación del título de compra de un vehículo. Es así que Roberto Hipólito Valencia depositó seis mil trescientos dolares americanos, pese a lo cual la empresa CREDISOLD nunca le cursó notificación como asociado al mencionado programa para informarle el destino del monto depositado. Con motivo de las diligencias investigativas se determinó que la mencionada empresa no se encontraba registrada en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores –en adelante, SMV– y, pese a lo cual, venía realizando actividades propias de las empresas administradoras de fondos colectivos sin la autorización de funcionamiento de la SMV. Ello determinó que la SMV dispuso mediante Resolución de Superintendencia 131-2012-SMV/02, de doce de octubre de dos mil doce, la intervención y clausura de los locales donde la empresa Credisold realizaba sus actividades informales.


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∞ Previamente a este proceso, se abrió el expediente 4969-2014 por hechos similares relacionados con la misma empresa. En esta causa, según la acusación de fojas treinta y siete, de nueve de enero de dos mil diecisiete, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Créditos Solidarios del Perú” –en adelante, CREDISOLD– fue constituida por escritura pública el quince de junio de dos mil diez, inscrita en la SUNARP – Juliaca el dieciséis de junio de dos mil diez y en el Registro Único de Contribuyente (RUC) respectivo, cuyo representante era su gerente, el encausado JESÚS SALVADOR CALLOAPAZA CHALLCO. Posteriormente a su inscripción, desde el diez de agosto de dos mil diez operó en la urbanización Los Cedros, distrito de Yanahuara – Arequipa, donde anunció al público una modalidad de adquisición de vehículos nuevos a través de la formación de grupos de ciento ochenta personas, las que con sus aportaciones mensuales constituían un fondo en común con el fin de adquirirlos. Para pertenecer a ese grupo de aportantes el cliente tenía que pagar a CREDISOLD una cuota de inscripción (equivalente al siete por ciento del valor del certificado de compra, el cual era obtenido posteriormente y tenía un valor semejante al precio del vehículo que se deseaba adquirir); el pago era cancelado por única vez al momento de aportar la primera cuota mensual. Las cuotas mensuales que pagaban los asociados amortizaban el valor del certificado de compra (valor del precio del vehículo a adquirir) por un periodo aproximado de sesenta meses, de modo que ofrecían dos mecanismos de adjudicación: (i) por sorteo entre los miembros de los grupos y (ii) por remate del bien por adelanto de cuotas mensuales, de suerte que ganaban la adjudicación aquellos que tengan mayor número de cuotas mensuales. Es del caso que la SMV el día cuatro de octubre de dos mil once –mediante correo electrónico remitido por Christian Omar Gutiérrez Carbajal, quien también fue asociado de Credisold–, detectó que Credisold utilizaba un sistema similar al de las empresas administradoras de fondos colectivos, cuya autorización y supervisión era de su competencia. Por consiguiente, Credisold captaba dinero público en forma de depósito por intermedio del denominado “Contrato de Gestión de Fondos Cooperativos Autofácil – CREDISOLD”, a sabiendas que no contaba con autorización para tales operaciones. Previamente, el veintisiete de septiembre de dos mil diez la SMV le solicitó información sobre sus actividades, mediante oficio 3882-2010-EF/94.06.2.


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