¿Cómo se configura la aplicación del Principio Pro Actione? [Casación 4267-2015, Lima]

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¿Cómo se configura la aplicación del Principio Pro Actione

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA

En caso de duda sobre la procedencia de la demanda, el Juez en aplicación del principio pro actione debe preferir la continuación del proceso con la finalidad de favorecer el derecho de acceso a la jurisdicción.

Lima, veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-

VISTA; la causa número cuatro mil doscientos sesenta y siete – dos mil quince Lima en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia.

1. MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Ricardo Enrique Vargas Cayo de fecha 19 de diciembre de 2014, de 373 a 386, contra la resolución de vista de fecha 25 de noviembre de 2014, de fojas 366 a 369, expedida por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la resolución número uno de fecha 30 de setiembre de 2013, de fojas 314 a 316, que declara improcedente liminarmente la demanda, en el proceso seguido contra el Ministerio de Defensa y otro, sobre nulidad de acto administrativo –reincorporación a la situación de actividad.

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2. CAUSAL DEL RECURSO

Por Resolución de fecha 23 de setiembre de 2015, de fojas 100 a 103 del cuaderno formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de: Infracción normativa procesal del artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del

Estado, del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. CONSIDERANDO

Primero.- El recurso de casación en el presente caso se circunscribe a verificar si en la resolución de vista, la Sala Superior ha infringido el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política d el Estado que establece como garantías de la administración de justicia la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, el artículo I Título Preliminar del Código Procesal Civil que reconoce el derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso; y el artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Texto Único aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS , reconoce que en el ejercicio y defensa de sus derechos, toda personal goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. 

Segundo.- El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del Órgano Jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia es decir una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso.

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Tercero.- Asimismo, existe contravención al debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se ha obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. 

Cuarto.- Respecto al debido proceso y la tutela jurisdicción efecita el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 8332- 2013-PA/TC, fundamento jurídico 6 ha precisado: “(…) el derecho al debido proceso es un atributo continente , pues, entre otros elementos, alberga múltiples garantías y derechos fundamentales que limitan el ejercicio de la función jurisdiccional. Estos atributos, cuyo escrupuloso respeto determina la regularidad del proceso y su constitucionalidad, cuentan con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio. Consecuentemente, la afectación de cualquiera de estos contenidos termina por vulnerar el contenido constitucionalmente protegido de un derecho de estructura compleja como el derecho a un debido proceso”.

[Continúa…]

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