¿Cómo se establece la flagrancia presunta, flagrancia y diligencias preliminares ante la falta de eficacia procesal de un acta de registro vehicular? [Casación N° 692-2016, Lima Norte]

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¿Cómo se establece la flagrancia presunta, flagrancia y diligencias preliminares ante la falta de eficacia procesal de un acta de registro vehicular?

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CASACIÓN N 692-2016 / LIMA NORTE

Flagrancia presunta, flagrancia y diligencias preliminares

Sumilla, 1. El artículo 259 del Código Procesal Penal, según la Ley número 29596, el inciso 4 del citado articulo regula la denominada “flagrancia presunta”. En este supuesto el agente, ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito. 2. La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito. 3. Las citadas diligencias -las denominadas “diligencias urgentes e inaplazables”- son aquellas que se realizan bajo las exigencias de una situación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de

casación por inobservancia de la garantía del debido proceso e infracción de precepto procesal interpuesto por el encausado MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEOA contra la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y cuatro, de siete de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas ciento doce, de hueve de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de robo con agravancias en agravio de Gloria Rosa Matos Valcra a doce años de pena privativa de libertad y al pago de mil quinientos soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia a sentencia de vista dc fojas doscientos cuarenta y cuatro, de siete de junio de dos mil dieciséis. Que confirmó la sentencia de primera instancia de lojas ciento doce, de nueve de febrero de dos mil dieciséis. que condenó como autor del delito de robo con agravantes « Miguel Antonio Cortez. Oricya en agravio de Gloria Rosa Matos Valera a doce años de pena privativa de libertad y al pago de mil quinientos soles por concepto de reparación civil. Contra esta sentencia el citado encausado interpuso recurso de casación.

SEGUNDO. Que los hechos declarados probados en la aludida sentencia de vista estriban en que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a las cero horas con cinco minutos, en circunstancias en que la agraviada Gloria Rosa Matos Valera salió de su trabajo y se encontraba en el paradero de la avenida Universitaria, cerca al griso Repsol y frente a la puerta de ADUNI, en el distrito limeño de los Olivos, dos sujetos no identificados la abordaron violentamente y de manera sorpresiva. Uno de ellos colocó un arma de fuego en su cabeza y la rastrilló, mientras el segundo sujcto rebuscó entre sus pertenencias y la despojó de su cartera de color blanco con negro. La agraviada Matos Valera, por temor, no opuso resistencia ante el inminente peligro para su integridad física. La cartera sustraida contenía en su interior su celular marca Sony, un juego de llaves, cosméticos de uso personal, una billetera que con su Documento Nacional de Identidad, una tarjeta del Banco de Crédito del Perú y la suma de trescientos setenta soles. En estas circunstancias se acercó un carro en ayuda de la víctima, pero uno de los asaltantes le dijo: qué miras”, y le mostró su arina. Empero, acto seguido, se aproximó un segundo vehículo conducido por el imputado Cortez Ortega, quien abrió la puerta a los delincuentes para que éstos ingresen, a consecuencia de lo cual lograron darse a la fuga. La agraviada, sin embargo, atinó a apuntar la placa del citado vehículo (C2M 353). Es así que el imputado Cortez Ortega fuc intervenido horas después en cl distrito de Puente Piedra, lugar donde la agraviada fue a cenar con sus padres y reconoció el vehículo utilizado en el robo. El proceso incoado contra el citado encausado es el inmediato.

CUARTO. Que el acusado Cortez Ortega en su recurso de casación de fojas doscientos sesenta, de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, introduce como motivos los de inobservancia de precepto constitucional y vulneración de prcccpio procesal (artículo 429o. incisos 1 y 2, del Código Procesal Penal). 

Alega que la única prucha periférica que corrobora la versión de la agraviada es el segundo registro vehicular, realizado ocho horas después de su captura, en cuya virtud se restó valor probatorio al primer registro vehicular negativo, lo que vulnera las garantías del debido proceso y de defensa procesal. También aduce que se infringió cl artículo 121 del Código Procesal Penal y que se aplicó equivocadamente el articulo 337. numeral 2, de la norma antes citada. Finalmente, indica que, al 110 constar prueba evidente, la causa debió tramitarse bajo las reglas del proceso común, 110 por las del proceso especial inmediato

QUINTO. Que, conforme al recurso de casación y, esencialmente, a la Ejecutoria Suprema de fojas cuarenta y dos del cuadernillo de casación, de treinta de setiembre de dos mil dieciséis, lo que es materia de dilucidación en sede casacional es lo que a continuación se expone:

A. Los motivos de casación admitidos son los de inobservancia de la garantía del debido proceso e infracción de precepto procesal, (artículo 429, numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal).

B. La casación se circunscribe a la denunciada falta de eficacia procesal de un acta de registro vehicular y, luego, a la incoación de un procedimiento penal que no corresponde, por la ausencia de prueba evidente, por lo que el motivo de casación es el de inobservancia del debido proceso. Asimismo, como se cuestiona la correcta aplicación de dos artículos del Código Procesal Penal, respecto a la eficacia y validez de la referida acta, concurrentemente, el segundo motivo de casación es el de infracción de precepto procesal.

(…)

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