Comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país [Apelación 110-2021, Lima]

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Comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país I

SUMILLA. En la recurrida no concurren los principios de taxatividad, oportunidad y trascendencia que caracterizan a toda solicitud de nulidad; por el contrario, se encuentra debidamente motivada siguiendo los cánones normativos establecidos para la imposición de la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. II. Existen suficientes elementos de convicción respecto a los dos primeros presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal. El peligrosismo procesal no resulta de tal gravedad, por lo que puede evitarse razonablemente con las medidas antes glosadas.

Lima, veintidós de febrero de dos mil veintidós.

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VISTOS: los recursos de apelación interpuestos por los procesados Domingo Jesús Salaverry Martínez, Jorge Paul Cruzalegui Tello y Belizario Miguel Gonzales Huapaya, así como por el representante del Ministerio Público, contra la Resolución número 7, del tres de noviembre de dos mil veintiuno (folio 175), emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró fundado en parte el requerimiento de comparecencia con restricciones contra los citados procesados y otros e impuso obligaciones y caución económica, y declaró fundado en parte el requerimiento de la medida coercitiva de impedimento de salida del país por el plazo de doce meses, en el proceso que se sigue a los precitados y otros por el presunto delito de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado; con lo demás que contiene. Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO 

I. Fundamentos de los recurrentes

Primero. El representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación (folio 310) en el extremo en el que impuso a los procesados Julio José Lanazca Ricaldi, Javier Ernesto Rodríguez Gómez, Domingo Jesús Salaverry Martínez, Simón Llavilla Quispe, Belizario Miguel Gonzales Huapaya y Jorge Paul Cruzalegui Tello doce meses de impedimento de salida del país y solicita que se revoque dicho extremo y se les imponga el plazo de dieciocho meses. Invoca como agravios los siguientes:

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1.1. No se ha tomado en consideración que, si bien se dispuso la formalización de la investigación preparatoria por el plazo de ocho meses, ha transcurrido casi la mitad de este; sin embargo, el artículo 342, numeral 2, del Código Procesal Penal (en adelante CPP) faculta al fiscal para solicitar la prórroga por un plazo igual, y existe un alto grado de probabilidad de que ello ocurra, dada la naturaleza compleja de los hechos investigados, que implicará la realización de diversos actos de investigación de naturaleza dificultosa, como la recepción de una serie de declaraciones indagatorias y testimoniales, la incorporación de registros de las comunicaciones, las transcripciones y las pericias de homologación de voz, entre otros actos.

1.2. Asimismo, se han advertido indicios de la presunta participación de otras personas en los hechos investigados. De igual modo, debe tenerse en cuenta que el investigado Llavilla Quispe se encuentra fuera del país, lo que podría generar demora en la realización de los actos de investigación. También existe una pluralidad de investigados y un gran número de actos de investigación que llevar a cabo, lo que podría generar una duración mayor del plazo previsto, por lo que considera razonable el plazo de dieciocho meses. Finalmente, agrega que el proceso contempla tres fases: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, lo que significa que el peligro procesal no se circunscribe solo a la primera etapa.

[Continúa…]

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