Comparecencia restrictiva: Suspensión preventiva del cargo [Apelación 144-2022, Suprema]

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Comparecencia restrictiva Suspensión preventiva del cargo

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Comparecencia restrictiva. Suspensión preventiva del cargo

Sumilla: 1. El mandato de comparecencia, desde la concordancia de los artículos 286, numerales 1 y 2, y 287 del Código Procesal Penal, se dictará cuando no procede la medida de coerción personal más grave del sistema procesal penal nacional: la prisión preventiva (ex artículo 268 del CPP) –es pues una medida, definida, negativamente, por oposición a la prisión preventiva–. La prisión preventiva requiere, copulativamente, el cumplimiento del presupuesto de sospecha fuerte o fundada y grave, así como de los requisitos vinculados a los denominados “motivos de prisión”, esto es, los requisitos de delito grave –conminado con una pena concreta superior a cuatro años de privación de libertad– y de peligrosismo procesal (riesgos de fuga o de obstaculización). 

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2. Ante el menor nivel de afectación a la libertad personal de la comparecencia restrictiva en relación a la prisión preventiva, es lógico, por razones de estricta proporcionalidad, reconocer que el estándar o umbral probatorio ha de ser, correlativamente, menor que el estipulado para la prisión preventiva (estadios anteriores a la sospecha fuerte y a la sospecha fundada –propia de la acusación y del auto de enjuiciamiento: ex artículo 344, numeral 1, del CPP–). Siempre será necesario (i) un nivel de sospecha del hecho y de la intervención delictiva del imputado, cuyo mínimo es la sospecha reveladora, aunque con diversos grados, dentro del mismo nivel, en función a la magnitud de las restricciones que se impongan, así como que el delito tenga determinada entidad –no se trate de un delito menor, como podría ser uno previsto con una pena no mayor de tres años de privación de libertad o con pena limitativa de derechos o con multa–; y (ii) para evitar el peligrosismo –relativamente presente–, resulte equitativo fijar alguna(s) de las restricciones fijadas en los artículos 287–A, numeral 1, y 288 del CPP, en tanto sean, asimismo, necesarias, idóneas y estrictamente proporcionales. 3. La suspensión preventiva de derechos es propiamente, conforme al artículo 297, numeral 1, del CPP, una medida de coerción interdictiva o provisional de carácter personal. Lo que busca conjugar es el riesgo concreto que, teniendo origen en el imputado, se proyecta sobre la sociedad, basado en la reiteración delictiva, específicamente en aquellos ámbitos vinculados al delito precedente, para lo cual ha de tenerse en cuenta las circunstancias del hecho presuntamente cometido y la entidad o equivalencia con el delito precedente.

Lima, cinco de septiembre de dos mil veintidós.

(h2) AUTOS y VISTOS; en audiencia pública: los recursos de apelación interpuestos por el señor FISCAL SUPREMO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS y la defensa de los encausados MARÍA DEL CARMEN VICTORIA RUIZ HURTADO y MARIO AMÉRICO MENDOZA DÍAZ contra el auto de primera instancia de fojas mil cuatrocientos treinta y nueve, de veintiocho de junio de dos mil veintidós, que: (i) declaró fundado en parte el requerimiento de comparecencia con restricciones formulado por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionario Público, 

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(ii) impuso restricciones a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado y Mario Américo Mendoza Díaz, (iii) declaró fundada en parte la imposición de prestación de caución económica según lo siguiente: a) cincuenta mil soles al imputado Mario Américo Mendoza Diaz, y b) cinco mil a la imputada María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, caución que deberá ser pagada en el plazo de cinco días luego que quede firme la resolución que la decretó, y (iv) declaró infundado el requerimiento de suspensión preventiva de derechos a la imputada María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido contra María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado y Mario Américo Mendoza Díaz por delito de tráfico de influencias en agravio del Estado.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUTACIÓN

PRIMERO. Que los cargos objeto del proceso penal son como siguen:

1. La investigada RUIZ HURTADO, en su actuación como fiscal superior de Lima Norte, ofreció a Mario Américo Mendoza Díaz interceder ante los fiscales de la Cuarta fiscalía Superior de Lima Norte y de la Novena fiscalía Provincial del citado Distrito Judicial, que conocían el proceso tramitado en el expediente judicial 2853-2013 (Carpeta Fiscal 469-2012), a fin de favorecer a la persona jurídica “Alpaca Color Sociedad Anónima Cerrada” en dicho proceso. Esta empresa está vinculada a Mario Mendoza Díaz y sus hijos Aldo Mario y Paola María Mendoza Serrano. A cambio de esta intervención, la encausada Ruiz Hurtado aceptó el ofrecimiento de dadivas al encausado Mendoza Díaz, consistentes en almuerzos y dinero (Mario Mendoza el diez de abril de dos mil dieciocho realizó actos de disposición patrimonial). De igual manera, por su gestión, recibió beneficios en los procesos de selección y nombramiento o evaluación y ratificación que afrontaba ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, ello en virtud de la cercanía y confianza que mantenía Mendoza Diaz con el ex consejero Guido Águila Grados y los demás exconsejeros durante su gestión. En tal virtud, se le atribuyó el delito de tráfico de influencias agravada, en calidad de autora, conforme al artículo 400, primer y segundo párrafo, del Código Penal.

[Continúa…]

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