Compliance como Política Pública de Estado

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Compliance como Política Pública de Estado

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Por: Ruben Dario Ventura Vides

El Compliance, es una palabra inglesa que grafica programas de actuación de las empresas para el cumplimiento de la ley y de las personas encargadas de diseñarlos, aplicarlos, controlarlos y, eventualmente, denunciarlos o hacerse cargo de su ineficiencia. Todo ello, funcionando en el ámbito de la comisión de delitos hacia terceros desde el seno de una persona jurídica. La pregunta es: ¿Cómo instituir el Compliance a fin de que se observe como política pública de Estado?

Es que siempre existieron y seguirán existiendo problemas que, en realidad, sólo se pueden tratar si uno lo hace diferenciadamente. No todas las ofensas a los derechos de terceros pueden ser consideradas por el derecho penal y, además, debemos ser conscientes de que existen agresiones que tienen previsto el castigo pero que difícilmente serán atrapadas por el sistema penal.

La presente obra tiene como contenido el análisis dogmático y jurisprudencial de los delitos socioeconómicos. Estas breves líneas servirán para explicar al lector su finalidad y contenido. En el texto se recogen los delitos que atentan de una u otra forma contra el orden socioeconómico, en el bien entendido que en ningún caso es este el bien jurídico protegido en los delitos objeto de estudio. El Derecho penal no es el instrumento idóneo para conseguir tal protección, tanto por las características particulares que presenta el orden socioeconómico, como sobre todo por la vigencia de los principios limitadores de este sector del ordenamiento jurídico, como son los principios de mínima intervención, proporcionalidad y exclusiva protección de bienes jurídicos. El contenido de la obra se corresponde en cierta medida con
el análisis de los delitos que, de forma mayoritaria, ha sido aceptado por la doctrina, aunque consideramos necesario realizar algunas precisiones por nuestra parte en este punto. De este modo, dentro del análisis se ha querido incluir el delito de administración desleal o abuso de autoridad, a la confianza del ciudadano guatemalteco honrado y trabajador que paga sus impuestos y esperan que sean destinados a un fin simbólico conforme lo preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, que en sentido estricto puede no ser considerado como atentatorio contra alguno de los aspectos o facetas de ese orden socioeconómico, pero cuya indudable conexión con la actividad societaria hace preciso su estudio dentro de este ámbito. La administración desleal en el funcionario público o dignatario es objeto de una reforma en profundidad, es decir, ley de Servicio Civil, abandonando el capítulo dedicado a los delitos societarios o conocidos en la psicología como fenómeno social, como acabamos de señalar, la administración de patrimonios ajenos es
todavía fundamental en el ámbito societario. Por otra parte, la experiencia forense indica que gran número de los hechos que llegan a conocimiento de la jurisdicción penal lo son en relación con la administración de sociedades. Motivos que, finalmente, nos han llevado a incluir el estudio de este tipo entre los delitos socioeconómicos. Por su parte, se ha prescindido del estudio de los delitos contra la propiedad intelectual, que habitualmente se incluyen en este tipo de análisis. La razón es considerar que el objeto de protección no es inmediata ni mediatamente el orden socioeconómico o alguna de sus parcelas o facetas. Por iguales motivos se ha omitido el estudio de los delitos de receptación, incluyendo solo los relativos al denominado blanqueo de capitales. También por las mismas razones se han excluido de este trabajo los delitos tipificados, sobre la alteración de precios en concurso y subastas públicas, por considerar que no atentan contra el sistema de fijación de precios en el mercado, ni mediatamente contra el orden socioeconómico; realmente, a la luz de la redacción del precepto, parece tratarse más bien de hechos en los que se emplean medios limitadores de la voluntad. Dentro de los delitos relativos a la propiedad industrial, de la última de las figuras, sólo se da noticia en tanto que nos hallamos en presencia de un delito a través del cual lo que viene a protegerse es la defensa nacional, bien jurídico, por tanto, ajeno al contexto del orden socioeconómico que nos ocupa. Idénticos motivos de ajenidad al citado orden nos han llevado a excluir de esta obra el tratamiento de los delitos relativos a la falsificación de moneda, facturación falsa y a la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural, de los delitos contra la economía nacional y el ambiente, de los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario respectivamente.

Asimismo, la política económica como ciencia que coadyuda a lo anterior descrito, son las decisiones que implementa él Estado para conducir la economía del país, en busca de un alto nivel y rápido crecimiento de la producción, unos precios estables y un alto nivel de empleo, con bajo desempleo involuntario. Las principales políticas económicas son la fiscal, monetaria, cambiaria y comercial.

La ley de extinción de dominio abarca las obligaciones de personas jurídicas o individuales que se dedican al ejercicio de una profesión o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de bienes producto de la criminalidad, actos delictivos o ilícitos, y los medios legales que permiten la intervención de las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la presente ley.

Las consecuencias y el riesgo que podría tener al apoyarla eran grandes, debido a que el crimen organizado a pesar de las normas jurídicas existentes que protegen los derechos de los ciudadanos y la seguridad que el Estado debe proporcionar, no habían sido del todo eficaces y con dicha ley la impunidad que impera lamentablemente en el país, si no sería extinguida, por lo menos se volvería más controlada.

El propósito de la normativa es confiscar los bienes adquiridos con dinero o acciones producto de una lista de más de diez delitos y mantener el orden público con principios e instrucciones que son fundamentales en la organización social del país y que inspiran su ordenamiento jurídico que no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, debido que debe prevalecer el beneficio colectivo sobre el particular, siendo obligación del Estado velar por su cumplimiento, si esto se realizara, existiría eficacia y eficiencia por parte de los órganos de justicia así como del Organismo Ejecutivo.

Pues los efectos de instituir el Compliance como política pública de Estado se distinguirá en la creación del presupuesto público anual, pues se podría revalidar la moneda nacional, los Ministerios no tendrían tanta precariedad en su presupuesto de ser manejado con probidad y asimismo se crearían nuevas fuentes de empleo y así fomentar el desarrollo sostenible.

La finalidad de esta obra es proporcionar un material de trabajo válido tanto para estudiantes como para estudiosos, dado que la exégesis del Compliance como sistema preventivo de delitos, en similitud al sistema implementado por las entidades bancarias juntamente con la Superintendencia de Bancos -SIB-, siquiera de forma algo contenida al entrar en vigor, no existe necesidad de legislar decreto que contenga regulada como tal el Compliance, pues puede ser utilizada por el Estado como una política pública de prevención en conjunto con la Ley de Extinción de Dominio.