¿Concesión de beneficios penitenciarios es consecuencia necesaria del cumplimiento de requisitos legales? [Expediente 00347-2020-PHC/TC]

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Concesión de beneficios penitenciarios es consecuencia necesaria del cumplimiento de requisitos legales

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Sentencia 221/2020 
AREQUIPA ALBERTO ESTEBAN DE LA CRUZ 
MARQUINA, representado por FRANCISCO 
PAJUELO CASTAÑEDA (ABOGADO)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de mayo de 2020, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Sardón de Taboada, pronuncia la siguiente sentencia, con los abocamientos de los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera, conforme el artículo 30-A, del Reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Se deja constancia que los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera votarán en fecha posterior. 

[Lee también: ¿Puede atribuirse funciones jurisdiccionales en concesión de beneficios penitenciarios el director de establecimiento penitenciario? [Expediente N° 00919-2022-PHC/TC]

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Pajuelo Castañeda, de don Alberto Esteban De la Cruz Marquina, contra la resolución de fojas de fecha 26 de noviembre de 2019, expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la anda de habeas corpus de autos.

FUNDAMENTOS RELEVANTES

Petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la Resolución 4-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, que declaró infundado el beneficio penitenciario de semilibertad que solicitó don Alberto De la Cruz Marquina, con relación a la condena de ocho años y cuatro meses de pena privativa de la libertad que se le impuso, por incurrir en el delito de actos contra el pudor en menor de edad; y la nulidad del auto de vista 179-2019, Resolución 11, de fecha 23 de agosto de 2019, que confirmó la Resolución 4-2019 (Expediente 00271-2016-86-0402-JR-PE-01); y que, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad. Se alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 

Cuestiones preliminares 

2. El Tercer Juzgado Unipersonal de Proceso Inmediato de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad de Arequipa declaró improcedente in limine la demanda, pronunciamiento que fue confirmado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Sin embargo, en atención a los principios de celeridad y economía procesal, resulta pertinente emitir pronunciamiento de fondo toda vez que en autos aparecen los elementos necesarios para ello.

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Análisis del caso

3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1, que ante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos xos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho libertad individual o los derechos conexos a ella puede reputarse efectivamente omo tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.

4. La Constitución Política del Perú señala en su artículo 139, inciso 22, que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Aquello, a su vez, es congruente con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala: “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Al respecto, este Tribunal ha precisado en el fundamento 208 de la sentencia recaída en el Expediente 010-2002- Al/TC, que los propósitos de reeducación y rehabilitación del penado T..] suponen, intrínsecamente, la posibilidad de que el legislador pueda autorizar que los penados, antes de la culminación de las penas que les fueron impuestas, puedan recobrar su libertad si los propósitos de la pena hubieran sido atendidos. La justificación de las penas privativas de la libertad es, en definitiva, proteger a la sociedad contra el delito”. 

[Continúa…]

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