Confesión sincera no procede cuando las pruebas de culpabilidad son contundentes [Expediente 01781-2021-PHC-TC]

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Confesión sincera no procede cuando las pruebas de culpabilidad son contundentes

Sentencia 935/2021 
LIMA
JOHAN CARLOS ROCCA 
MARTÍNEZ, REPRESENTADO 

POR ELIZABETH IVONNE 
TORRES PÉREZ (CONVIVIENTE)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de noviembre del año 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Sardón de Taboada, pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Asimismo, con el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y los votos singulares de los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Ivonne Torres Pérez a favor de don Johan Carlos Rocca Martínez, contra la resolución de fojas 208, de fecha 30 de julio de 2020, expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos. 

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FUNDAMENTOS 

Petitorio 

1. El objeto de la demanda es que: (i) se declare nulo el proceso penal en el cual se emitieron la sentencia, Resolución 19, de fecha 30 de octubre de 2018, que condenó a don Johan Carlos Rocca Martínez a nueve años de pena privativa de libertad efectiva como autor del delito de lesiones leves, la cual fue confirmada por la resolución de fecha 11 de enero de 2019; y (ii) que se declare inconstitucional y se le inaplique el artículo 46-B del Código Penal (Expediente 04612-2018-0-1801-JRPE-20/4612-2018). Se alega la vulneración de los derechos a la libertad personal, al debido proceso, de defensa y a la debida motivación de resoluciones judiciales, y de los principios de imputación necesaria y de favorabilidad.

Análisis del caso 

2. La recurrente en un extremo de la demanda alega que en la sentencia condenatoria no define por qué el caso bajo examen se trataría de un feminicidio (los hechos imputados), pues en realidad los hechos configuraron las agresiones mutuas, y que para la imposición de la pena efectiva se consideró la opinión de la psicóloga que evaluó al favorecido sentenciado, contenida en su ratificación de pericia psicológica.

3. Al respecto, este Tribunal Constitucional aprecia que se pretende que la judicatura constitucional se pronuncie sobre la valoración de pruebas y su suficiencia, la subsunción de una conducta en un determinado tipo penal y sobre la imposición del pago de la reparación civil, lo cual es competencia de la judicatura ordinaria, y no de la judicatura constitucional. Asimismo, respecto al cuestionamiento referido a la determinación del quantum de la pena, no está referido en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal; toda vez que ello constituye un aspecto propio de la jurisdicción ordinaria.

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4. En efecto, este Tribunal considera que la determinación de la pena impuesta conforme a los límites mínimos y máximos establecidos en el Código Penal es un asunto propio de la judicatura ordinaria (sentencia recaída en el Expediente 06112- 2015- PHC/TC, entre otros).

5. Por consiguiente, respecto a lo expuesto en los fundamentos 2 a 4, corresponde la aplicación del artículo 7, inciso 1, del nuevo Código Procesal Constitucional. 

6. Como ya lo ha referido este Tribunal Constitucional, la vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características: a) que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada esta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el Fiscal no formula acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) que no puede condenarse por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; e) que no pueden atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad (sentencia recaída en el Expediente 02005-2006-HC/TC). Conforme con el segundo aspecto del principio acusatorio, sería indebido que se inicie el proceso penal por hechos distintos de los que fueron materia de denuncia fiscal.

[Continúa…

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