Control difuso: inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir vulnera derecho al trabajo [Consulta 9733-2020, Lima]

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Control difuso: inhabilitación definitiva para obtener licencia de conducir vulnera derecho al trabajo

Corte Suprema de Justicia de la República
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Nueve de junio de dos mil veintiuno
Vistos; y considerando:

I. OBJETO DE LA CONSULTA:

PRIMERO: Es materia de consulta la sentencia emitida por resolución número cinco, de fecha cinco de enero de dos mil veinte, por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, que aplicando el control constitucional difuso, inaplica el artículo 398-B del Código Penal, por incompatibilidad con el derecho al trabajo, vinculada a la dignidad de la persona humana en lo que corresponde al concepto amplio de libre desarrollo de la personalidad.

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El fallo judicial aprueba el acuerdo de Terminación Anticipada arribado entre el representante del Ministerio Público, el Procurador Público, el imputado y su defensa técnica, y en consecuencia condena al procesado Miguel Ángel Maylle Mallqui como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de cohecho activo en el ámbito de la función policial, en agravio del Estado, previsto y penado en el primer párrafo del artículo 398-A del Código Penal, imponiéndosele tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, suspendida por el término de tres años, bajo reglas de conducta que se señalan, bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena, de conformidad con lo previsto por el artículo 59, numeral 3, del Código Penal, y se fija el monto de la reparación civil en la suma de S/. 1,000.00 (mil con 00/100 soles).

II. ANTECEDENTES DEL CONTROL DIFUSO:

SEGUNDO: Como antecedentes del proceso, tenemos que el procesado Miguel Ángel Maylle Mallqui con fecha tres de enero de dos mil veinte fue intervenido por el SOT2 José Luis Cárdenas Prado quien participando en el ejercicio de sus funciones, se percató que la unidad vehicular de placa A2E- 750, conducida por el procesado, se encontraba a la altura de la cuadra siete de la avenida aviación, distrito de La Victoria, detenida sobre una línea demarcatoria (cruce peatonal) recogiendo pasajeros, lo cual constituye infracción de tránsito con código G-41, por lo que solicitó al conductor sus documentos personales. En dichas circunstancias Miguel Ángel Maylle Mallqui procede a entregar al SOT2 José Luis Cárdenas Prado su licencia de conducir y su tarjeta de identificación, y en medio de ellos, un billete de S/. 20.00. Estando a lo ocurrido, el SOT2 José Luis Cárdenas Prado le comunica al imputado que la acción constituye un delito, motivo por el cual procede a su detención por encontrarse en flagrancia. El procesado reconoce y admite los hechos imputados, así como acepta su responsabilidad penal, por lo que, al existir elementos de convicción respecto del actuar ilícito del imputado, y que no se registraron antecedentes penales, el Ministerio Público y el imputado acuerdan que el hecho punible se subsumió en el tipo penal contra la Administración Pública – Cohecho Activo en la función policial tipificado en el artículo 398-A, aplicándosele en sentencia de terminación anticipada una pena privativa de libertad de tres años y cuatro meses suspendida en su ejecución por el término de tres años, la cual es confirmada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima; no obstante, la judicatura consideró que la imposición de la inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir contemplado en el artículo 398-B del Código Penal, vulnera el derecho al trabajo como la resocialización del procesado ante la sociedad vinculada a la dignidad de la persona humana en lo que corresponde al concepto amplio de libre desarrollo de la personalidad; por lo que considerando las circunstancias particulares del caso procedió a realizar el control difuso; y en consecuencia, inaplicar la norma legal citada.

III. SOBRE EL CONTROL DIFUSO:

TERCERO: El control constitucional, es el marco general del tema materia de consulta, siendo necesario tener presente que la doctrina y la legislación comparada reconocen la existencia de dos sistemas de control de la constitucionalidad de las normas jurídicas: Control Difuso y Control Concentrado. Este control, revisión o examen de constitucionalidad de las leyes consiste en comprobar si todas aquellas que integran el sistema jurídico son conformes con la Constitución, control que varía según la opción del constituyente.

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CUARTO: El segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado prescribe “en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior”. Como se puede apreciar, la norma constitucional encarga a los jueces el respeto a los principios de supremacía de la Constitución y también de jerarquía de las normas, siendo además un mecanismo idóneo de control de los excesos legislativos en que puedan incurrir los poderes legislativo y ejecutivo, de modo tal que es un mecanismo de equilibro del ejercicio del poder del Estado. Lo señalado concuerda con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordado con el primer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, norma que desarrolla los alcances del control judicial de constitucionalidad llamado también control difuso, cuyo texto normativo es el siguiente: “Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución”.

QUINTO: Por su parte, el Tribunal Constitucional ha fijado los presupuestos que deben tener en cuenta los jueces cuando inapliquen las normas legales por ser incompatibles con las normas constitucionales. Por citar un ejemplo, en el caso Gamero Valdivia, Expediente N.° 1109-2002-AA/T C, sentencia del seis de agosto de dos mil dos, dejó establecido: «(…) El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder-deber del Juez (…). El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez, en principio, resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple y para que él sea válido se requiere de la verificación, en cada caso, de los siguientes presupuestos: a. Que, en el proceso constitucional, el objeto de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada inconstitucional. b. Que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con la resolución del caso, es decir, que ella sea relevante en la resolución de la controversia. c. Que la norma a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución, aun luego de haberse acudido a interpretarla de conformidad con la Constitución, en virtud del principio enunciado en la Segunda Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional».

1. La disposición en comentario establece los márgenes dentro de los cuales el juez puede ejercer la facultad de inaplicar una norma por ser incompatible con la Constitución. El control de constitucionalidad se ejercita con el único propósito de resolver una “controversia”, concepto que según Edgar Carpio no puede entenderse de manera restringida, en el sentido de comprender solo a los conflictos intersubjetivos surgidos al amparo del derecho privado, sino que involucra la solución de cualquier caso concreto penal, administrativo, constitucional, etc.

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