Corte IDH condena a Perú por el caso Moya Solís

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Corte IDH condena a Perú por el caso Moya Solís
Diplomado en Saneamiento Físico Legal de Predios rurales y estatales

Sentencia del caso establece que Perú es responsable por las violaciones ocurridas en el marco del proceso de ratificación en el cargo de Secretaria Judicial que terminó con su desvinculación. Revisa el documento completo en esta nota.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado de Perú es responsable por la violación de las garantías judiciales (artículo 8), el principio de legalidad (artículo 9), los derechos políticos (artículo 23), y el derecho a la protección judicial (artículo 25), contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Norka Moya Solís.

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Cabe precisar que el caso de la señora Norka Moya Solís, se inició en 1982, cuando ella desempeñaba el cargo de secretaria judicial del Décimo Juzgado del Fuero Privativo del Trabajo y Comunidades Laborales de Lima. En dicho momento se inició un proceso, el cual produjo violaciones a diversos derechos reconocidos en la Convención Americana y finalizó con su no ratificación en el cargo.

La Corte se refirió al alcance de los derechos a conocer previa y detalladamente la acusación formulada y a contar con el tiempo y los medios adecuados para la defensa, lo cual no habrían sido garantizadas en este caso.

Asimismo, la Corte también encontró que la señora Moya Solís no conoció oportunamente el contenido de la Resolución de no ratificación y que no hubo una adecuada motivación. Respecto al principio de legalidad, la Corte encontró que el acta de Sala Plena y la Resolución de no ratificación no mencionaban las causales con fundamento en las cuales se decidió la no ratificación, debido a que dichas causales no estaban contenidas en ninguna norma, lo que llevó a una violación del principio de legalidad.

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Por otra parte, a juicio de la Corte, aunque el recurso de amparo se encuentra contemplado en la normativa peruana y era formalmente admisible, no fue efectivo y su trámite, cuya duración global excedió el plazo de 15 años, desconoció la garantía del plazo razonable.

Por último, la Corte encontró que la desvinculación de la señora Moya Solís al haber desconocido las garantías del debido proceso, afectó de forma arbitraria su permanencia en un cargo público y, en consecuencia, llevó a una violación de sus derechos políticos.

Por estas razones la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

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