¿Cuál es la prescripción de la acción penal y aplicación de la ley más favorable al reo? [Recurso de Nulidad 210-2020, La Libertad]

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¿Cuál es la prescripción de la acción penal y aplicación de la ley más favorable al reo?

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA PENAL PERMANENTE

Prescripción de la acción penal y aplicación de la ley más favorable al reo

a. Desde el punto de vista material, la prescripción importa la renuncia del Estado a continuar la persecución penal por el transcurso del tiempo; dicha institución jurídica garantiza que el proceso se desarrolle en plazo razonable, al encontrarnos vinculados a un Estado constitucional de derecho.

b. La norma sustantiva a aplicarse es la vigente al momento de los hechos; sin embargo, constituye excepción a esta regla la aplicación retroactiva de la ley penal, siempre que sea favorable al reo; por ende, una ley posterior podrá aplicarse a un hecho cometido con anterioridad a la dación de aquella, siempre que sea en beneficio del procesado, tal y como lo establece el artículo 6 del Código Penal. A lo referido se aúna que cuando la nueva ley disminuye el marco legal abstracto con el que se conmina la infracción penal en ciernes, la ley anterior ineludiblemente ameritará ser sustituida; es más, entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo podrán elegirse los preceptos más favorables, en virtud del “principio de combinación”, el cual permite que el juzgador tenga la posibilidad de establecer mayor benignidad penal –siempre– a favor del reo.

c. Al haber sido modificado el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal (vigente al momento de los hechos materia del caso), por el artículo 1 de la Ley número 27472, publicada el cinco de junio dos mil uno en el diario oficial El Peruano, y haberse establecido una pena más benigna para el agente (no menor de diez ni mayor de veinte años), debe aplicarse el marco legal modificado por ser más favorable al reo.

d. Debe tenerse en cuenta que el sujeto agente era menor de veintiún años de edad al momento de los hechos y, como prevé el artículo 81 del Código Penal, los plazos de prescripción se reducen a la mitad; por ende, si el hecho fue realizado el veinticuatro de marzo de dos mil uno, resulta evidente que la acción penal se encuentra prescrita e, incluso, feneció antes de que fuese declarado reo contumaz y antes de la emisión de la sentencia impugnada.


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Lima, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado Jorge Mauricio Contreras Carnero contra la sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fecha corregida mediante auto, foja 671), emitida por la Sala Superior de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio Macro Regional Norte con sede en La Libertad, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo, a diez años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 500 (quinientos soles) el monto de la reparación civil que deberá abonar en forma solidaria a favor de la parte agraviada; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señorita juez suprema Torre Muñoz.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios

Primero. El encausado Contreras Carnero fundamentó el recurso de nulidad (foja 696) sosteniendo lo siguiente:

1.1. Durante la etapa del juicio oral no se actuó prueba alguna que creara convicción judicial en el Colegiado sobre la existencia del delito materia de imputación y la responsabilidad del recurrente, por lo que la sentencia condenatoria resulta injusta e ilegal.

1.2. Los atestados consignan las propias conclusiones de los policías sobre el hecho investigado, que no convergen ello en fuente de prueba, sino en mera denuncia, sujeta a probanza.

1.3. En juicio oral no se llevaron a cabo diligencias fundamentales, por el contrario, se recibió la declaración del testigo impropio Marcelino Contreras López, quien en todo momento negó la participación del recurrente. Asimismo, se actuó la ratificación pericial, pero no fue suficiente ni coherente, pues la policía solo presentó una bicicleta que nunca habría sido entregada al supuesto propietario, al no llegar a acreditarse tal condición.

1.4. No se compulsaron debidamente las declaraciones de Martín Ballena Pereda y Segundo Porfirio Contreras Narciso, el último de los cuales no asistió al plenario.

1.5. Se ingresó ilegalmente al proceso un acta de entrega de bicicleta, sin que esta reúna los requisitos legales para ser medio de prueba, con el fin de sostener una condena.

II. Hechos imputados

Segundo. Acorde a la acusación fiscal (foja 56), los hechos imputados versan respecto a que, el veinticuatro de marzo de dos mil uno, aproximadamente a las 20:30 horas, Jorge Mauricio Contreras Carnero participó junto con el sentenciado Santos Marcelino Contreras López y otros cuatro sujetos en la comisión del delito de robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo. Este hecho habría acontecido en circunstancias en que los agraviados se encontraban en el interior del inmueble del ciudadano Leonardo Villena Barbarán, ubicado en el sector Monte Grande, distrito de Chao, provincia de Virú; es así que cuatro sujetos ingresaron al interior del inmueble, tres de ellos portaban armas de fuego, que utilizaron para amenazar a los presentes con la intención de despojarlos de su dinero; sin embargo, al no contar con efectivo, los malhechores los agredieron y consiguieron llevarse dos bicicletas valorizadas cada una en S/ 150 (ciento cincuenta soles), así como una radio pequeña y artículos de limpieza como champú y otras especies. Al día siguiente, por investigación de la policía, se tomó conocimiento de que en el inmueble del señor Segundo Porfirio Contreras Narciso se encontraban las bicicletas y las especies sustraídas; ante lo cual, a las 10:00 horas del veinticinco de marzo de dos mil dos, efectivos policiales intervinieron el inmueble de la referida persona, quien refirió que sus sobrinos Marcelino Contreras López y Mauro Contreras López, acompañados de un sujeto conocido como “Negro” habían llegado hasta su casa, sito en la calle Elias Aguirre número 108 AA. HH. Alberto Fujimori, distrito de Chao, provincia de Virú, y dejaron encargada una bicicleta montañera de color negro con naranja, marca Goliat, e indicaron que se les había reventado la cámara de una llanta; uno de los agraviados la habría reconocido como una de las bicicletas robadas.


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III. Fundamentos del Tribunal Supremo

A. Antecedentes

Tercero. En el presente caso, el nueve de octubre de dos mil uno, el Ministerio Público formuló denuncia penal (foja 15) contra Marcelino Contreras López y Mauro Contreras López, como presuntos autores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo. Ello motivó que el juez penal, mediante auto de apertura de instrucción del veinticuatro de octubre de dos mil uno (foja 17), instaure proceso contra los citados denunciados por el aludido delito. Como indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia del ilícito, la Fiscalía presentó la manifestación preliminar de los agraviados, la manifestación de Segundo Porfirio Contreras Narciso (tío de los encausados) y un acta de recepción firmada por este último y el policía instructor; sin embargo, ninguna de las diligencias mencionadas se practicó con presencia de representante del Ministerio Público.

Cuarto. Durante la etapa de instrucción, no se llevó a cabo diligencia alguna, solo se recabaron los antecedentes judiciales (foja 29) y certificados de antecedentes penales de los encausados (fojas 40 y 41), sin registro alguno. Culminada la etapa de instrucción, se elevaron los Autos a la Sala Superior y estos fueron remitidos a la Fiscalía, quien, mediante dictamen acusatorio del diecisiete de febrero de dos mil tres (foja 56), formuló acusación contra Marcelino Contreras López y Mauro Contreras López como autores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo, y solicitó que les impongan diez años de pena privativa de libertad; es así como la Sala Superior, mediante resolución del cinco de marzo de dos mil tres (foja 59), declaró haber mérito para pasar a juicio oral, además de declarar reos ausentes a los aludidos encausados, debido a que no comparecieron al proceso, y reservar el juzgamiento hasta que sean ubicados y capturados.

Quinto. Periódicamente se cursaron oficios a la Oficina Distrital de Requisitorias del Distrito Judicial de La Libertad, a fin de reiterar el mandato de ubicación y captura en contra de los acusados; sin embargo, estos no fueron ubicados; así, el tiempo transcurrió sin poderse realizar juicio alguno; tal circunstancia se destaca, al no haberse individualizado debida y oportunamente a los presuntos autores del delito en comento, lo que es atribuible al Ministerio Público. En efecto, el recurrente fue identificado como Mauro Contreras López y su coacusado como Marcelino Contreras López. Ante tal escenario procesal, esto es, reos ausentes inubicables, la Sala Superior ordenó, mediante resolución del dieciocho de enero de dos mil diez (foja 171) a la Comisaría de Chao-Virú, entre otros, que se identifiquen los nombres correctos de los involucrados (mandato reiterado por resolución del nueve de noviembre de dos mil once, foja 180). Así, la Comisaría de la jurisdicción, mediante Acta de Entrevista Policial (foja 193), realizada a Segundo Porfirio Contreras Narciso, tío de los encausados, obtuvo sus nombres correctos y los identificó como Santos Marcelino Contreras López y Jorge Mauricio Contreras Carnero (recurrente).

Sexto. En tal contexto, considerando la identificación efectuada, la Sala Superior por decreto del seis de diciembre de dos mil doce (foja 196), mandó remitir los actuados al fiscal superior, quien mediante dictamen respectivo (foja 197) solicitó tenerse por aclarada la identidad de los encausados. Así, el Colegiado, mediante resolución del primero de abril de dos mil trece (foja 201), resolvió tener por individualizados al recurrente y su coencausado, como Jorge Mauricio Contreras Carnero y Santos Marcelino Contreras López, respectivamente, aclarando de este modo el auto de apertura de instrucción (foja 56), la “acusación fiscal” y el auto de enjuiciamiento (foja 59); esto es, los procesados fueron debidamente identificados más de doce años después.

Séptimo. Ahora bien, Santos Marcelino Contreras López fue detenido el veintiséis de septiembre de dos mil catorce y se acogió a la conclusión anticipada del proceso, por lo cual se emitió sentencia conformada el veinticuatro de octubre de dos mil catorce (foja 287) y quedó consentida según resolución del tres de noviembre del mismo año (foja 307). El recurrente Jorge Mauricio Contreras Carnero, por su parte, presentó un escrito de apersonamiento el dieciséis de septiembre de dos mil quince (foja 348); sin embargo, al no concurrir al plenario, mediante resolución del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 389), la Sala dejó sin efecto su condición de ausente, lo declaró reo contumaz y se suspendieron los plazos de prescripción; asimismo, se le revocó el mandato de comparecencia restringida por detención.

Octavo. Jorge Mauricio Contreras Carnero fue detenido el catorce de octubre de dos mil diecinueve (foja 456) e internado en el establecimiento penitenciario respectivo; así, se procedió a desarrollar el juicio oral en su contra y, al concluir este, fue condenado como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado a diez años de pena privativa de libertad, como se aprecia de la sentencia materia de impugnación (foja 696), que motiva el presente pronunciamiento.

B. Análisis del caso

Noveno. De acuerdo con los antecedentes enunciados, resulta pertinente verificar si la acción penal se encuentra vigente, pues la ley, ante la comisión de un delito, impone un límite temporal para ejercerla. Si esta se encuentra vencida, no puede existir condena. En efecto, el legislador consideró trascendente regular la prescripción de la acción penal, la cual tiene relevancia constitucional, al encontrarse vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso; en este sentido, opera como límite al poder punitivo del Estado y, en rigor, constituye una sanción ante la inacción del aparato estatal, el cual, strictu sensu, busca la persecución eficaz del delito.

Décimo. La regulación de la prescripción de la acción penal en nuestro ordenamiento legal está vinculada a la política criminal que adopta el Estado, conforme a sus potestades, a través del órgano competente – Poder Legislativo o mediante facultades delegadas al Poder Ejecutivo–. A la hora de regular la prescripción de los delitos, el legislador seleccionó ciertos parámetros objetivos, como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, en aras de procurar, acorde a las características propias de cada delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción y del proceso, si debiera instarse.

Decimoprimero. Desde el punto de vista material, la prescripción importa la renuncia del Estado a continuar la persecución penal por el transcurso del tiempo; dicha institución jurídica garantiza que el proceso se desarrolle en plazo razonable, al encontrarnos vinculados a un Estado constitucional de derecho.

Decimosegundo. En ese contexto, el Código Penal regula la prescripción ordinaria y extraordinaria. Así, en cuanto a la ordinaria, esta se encuentra reglada en el artículo 80 del aludido corpus sustantivo, cuyo tenor literal es el siguiente: “[l]a acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es pena privativa de libertad”; en cuanto a la extraordinaria, esta se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 83 del mismo cuerpo legal, el cual establece que: “[l]a acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”.


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