¿Cuál es la validez de las sentencias que vulneran el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte IDH?

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

1. Las preguntas de fondo

¿Cuál es la validez de sentencias que violan el Convenio 169 de la OIT y jurisprudencia de la Corte IDH? ¿Es de aplicación la sentencia sobre cosa juzgada constitucional en el caso casinos y tragamonedas del TC que diferencia cosa juzgada constitucional de la simple cosa juzgada? ¿Hay un derecho a la restitución de la propiedad indígena?

2. El Caso Ananea

La comunidad campesina de Ananea de Puno, terminó de titular su territorio en el año 1994, no obstante, algunas personas inescrupulosas, en el contexto del boom minero en la zona, y la existencia de recursos minerales, lograron que en un juzgado civil de la Corte de Puno, inscribiera un derecho de propiedad sobre dichos terrenos, propiedad de la comunidad, es decir, que habían sido inscritos por la comunidad campesina en el año 2015 y protocolizándolo en el año 2016, a través de la figura de la independización de una supuesta sucesión intestada, a pesar que no eran comuneros calificados. Dicha sentencia no fue apelada por el abogado de la comunidad, de forma inexplicable. 

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Estamos ante una cosa juzgada inconvencional, pues el contenido de la sentencia desconoce abiertamente no solo el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, cuando dice que solo se puede vender tierras cuando 2/3 de los comuneros calificados lo aprueban, sino el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, sino la jurisprudencia de la Corte IDH, recaída en el caso Xucuru vs Brasil, fundamento 117. Esta última jurisprudencia reconoce incluso el derecho a la restitución del territorio ocupado tradicionalmente, cuando esta transferencia se realizó contra la voluntad de la comunidad, tal como acá ocurrió. 

3. ¿Cuáles son las reglas desconocidas?

Convenio 169 de la OIT 

Artículo 14

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Corte IDH

“117. Por otra parte, el Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual se indica inter alia que: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe; 

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4) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas; 5) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad; 6) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio; 7) el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros, y el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas al control y uso de su territorio y recursos naturales. Con respecto a lo señalado, la Corte ha sostenido que no se trata de un privilegio para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, sino de un derecho de los integrantes de pueblos indígenas y tribales para obtener la titulación de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra. (Caso Xucuru ve Brasil, párrafo 117).

4. El caso Bacon

La cosa juzgada esta protegida por el artículo 139.2 de la Constitución. Es tal su importancia que por el año 2006 toda una sala de la Corte Suprema fue destituida por el Tribunal Constitucional, por dejar sin efecto una sentencia en el caso Bacon. Los magistrados de una sala habían modificado el contenido de su sentencia una vez que esta fue publicada. Una vez que fue publicada, los magistrados evidentemente, carecían de competencia alguna para modificar la sentencia.

5. El caso Casinos

El los fundamentos 70 y 71 de la STC No 00006-2006-CC el TC ha dicho que solo habrá cosa juzgada constitucional, cuando el contenido de esta sea compatible con el ordenamiento jurídico constitucional, el cual incluye el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales de derechos humanos y las sentencias de la Corte IDH.

Link a la sentencia: https://bit.ly/3ngFzzz

“Ello es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139º, inciso 2, es la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales”. (STC No 00006-2006-CC, f.j. 70).

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“Bajo estas consideraciones, es evidente que en el presente caso las resoluciones judiciales que se dictaron contraviniendo la interpretación jurídica de este Colegiado y los efectos normativos de la sentencia 009-2001-AI/TC y del precedente vinculante sentado a través de la sentencia 4227-2005-AA/TC, nunca adquirieron la calidad de cosa juzgada constitucional y, por ende, no puede afirmarse que su nulidad constituya una afectación de la garantía de la cosa juzgada y del derecho fundamental al debido proceso, ambos principios reconocidos en el artículo 138º, incisos 2 y 3 de la Constitución, respectivamente. Y es que de la relación que existe entre la Constitución y el proceso se deriva que éste no puede ser concebido como un instrumento de resolución de conflictos aséptico y neutral de cara la realización de determinados valores constitucionales, pues esta es una práctica propia del positivismo y relativismo procesalista; antes bien, debe entenderse como un instrumento jurídico comprometido con la realización de valores democráticos y con el respeto pleno de la Constitución y de los derechos fundamentales. (STC No 00006-2006-CC, f.j. 71).

6. El caso Martín Rivas

Se acuerdan el caso Martín Rivas, donde el TC declaro que no había cosa juzgada. Sustento su decisión en que el pronunciamiento de la justicia militar, materialmente no podía generar cosa juzgada, por que no había intención de impartir justicia, y para ello dio 3 argumentos, 1) la justicia militar no juzgado delitos comunes, 2) Perú intento salir de la competencia de la Corte, y las 3) las leyes de amnistía demuestran que nunca hubo voluntad de administrar justicia.

Link a la sentencia: https://bit.ly/2ZcAOi2

7. La posición del magistrado Eloy Espinoza 

En el libro “La cosa juzgada constitucional”, publicado por el CEC del Tribunal Constitucional, el Magistrado Eloy Espinoza sostiene en relación con la posibilidad de declarar nula la cosa juzgada, luego de revisar sentencias del TC.

Link al libro: https://bit.ly/3B6NYKX

“Al respecto, y tras analizar detalladamente los casos en los que un Tribunal Constitucional declaró la nulidad de sus decisiones definitivas, puede verse que se desprenden algunos criterios que deberían observarse para que todo Tribunal, de modo excepcional, se plantee la nulidad de sus propias re- soluciones. Así, considero que esta posibilidad debería quedar abierta frente a casos en los que:

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(1) Se hayan presentado vicios graves de procedimiento, en relación tan- to con el cumplimiento de las formalidades necesarias y constitutivas de una resolución válida, como a vicios en el procedimiento seguido en esta sede que afecten de modo manifiesto el derecho de defensa.

(2) Existan vicios o errores graves de motivación, los cuales enunciativa- mente pueden estar referidos a: vicios o errores graves de conocimiento probatorio; vicios o errores graves de coherencia narrativa, consistencia normativa o congruencia con el objeto de discusión; y errores de mandato, en caso se dispongan mandatos imposibles de ser cumplidos, los cuales trasgredan competencias constitucional o legalmente estatuidas, destinados a sujetos que no intervinieron en el proceso, etc.

(3) Existan vicios sustantivos contra el orden jurídico-constitucional (en sentido lato), en alusión a, por ejemplo, resoluciones emitidas contraviniendo arbitrariamente precedentes constitucionales o incuestionable doctrina jurisprudencial vinculante de este Tribunal; o cuando se trasgreda de modo manifiesto e injustificado bienes, competencias o atribuciones reconocidos constitucionalmente.”

8. Conclusión 

La cosa juzgada está protegida por el artículo 139.2 de la Constitución. Sin embargo, en nuestra opinión, de forma excepcional, podría revisarse si es que está manifiestamente desconoce e incumple tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte IDH en el marco de un proceso constitucional.

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