¿Cuándo se consuma el delito de apropiación ilícita? (Casación N.° 428-2019, Arequipa)

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Casación inadmisible 

El recurso interpuesto se desestima, pues el momento de la consumación del delito de apropiación ilícita –artículo 190 del Código Penal–, a efectos de computar el plazo de prescripción, ya fue materia de pronunciamiento por esta Corte Suprema en el Recurso de Casación número 301-2011/Lambayeque. En consecuencia, al no existir interés casacional, los motivos casacionales invocados se desestiman. 

Lima, once de octubre de dos mil diecinueve 

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por Rafael Surco Gómez y Ángel Surco Gómez; con los recaudos que se adjuntan al cuaderno correspondiente. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas. 

CONSIDERANDO 

Primero. Decisión impugnada 

Es el auto de vista expedido el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que revocó la resolución emitida el quince de octubre de dos mil dieciocho por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la referida Corte, que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal formulada por Rafael Surco Gómez y Ángel Surco Gómez en el proceso que se les sigue como autor y partícipe, respectivamente, del delito de apropiación ilícita –artículo 190 del Código Penal–, en perjuicio de la empresa F. L. Montaje y Mantenimiento S. A. C., y en consecuencia declaró no haber mérito para remitir las actuaciones procesales al juzgado unipersonal; y, revocándola el ad quem, la reformó y declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal formulada por los impugnantes y, consecuentemente, dispuso que el juez de la etapa intermedia continúe con el control de acusación. 

2.1. Los impugnantes pretenden que esta Sala Suprema declare nula la resolución de vista y confirme la resolución de primera instancia, que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal. 

2.2. Por ello, invocan el inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal y proponen como tema para el desarrollo jurisprudencial “que esta Corte Suprema precise de manera clara cuál es el momento de consumación del delito de apropiación ilícita –artículo 190 del Código Penal–”. 

2.3. Así, invocaron los siguientes motivos casacionales: 

2.3.1. Inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal –errónea interpretación de la norma penal–. Según los recurrentes, el delito de apropiación ilícita se consuma en el momento de la apropiación y no, como lo sostuvo el ad quem, cuando el agente se resiste, se niega o es renuente de entregar o devolver el bien ante el requerimiento expreso e indubitable de la persona que tiene derecho a efectuarlo. 

2.3.2. Inciso 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal. El ad quem se apartó del contenido establecido en el Recurso de Casación número 413-2014/Lambayeque –expedido el siete de abril de dos mil quince– al resolver más allá de los términos expuestos por el representante del Ministerio Público –quien sostuvo que la fecha de consumación fue el veintiocho de junio de dos mil doce; sin embargo, el ad quem omitió esta referencia–. 

Tercero. Pronunciamiento jurisdiccional 

3.1. Se advierte de autos que el a quo argumentó que la última fecha de apropiación del dinero por los impugnantes fue el diecisiete de diciembre de dos mil diez. En virtud de los artículos 80, 83 y 190 del Código Penal, el delito prescribió en el dos mil dieciséis

3.2. Sin embargo, conforme al apartado 5.4. del fundamento quinto del Recurso de Casación número 301-2011/Lambayeque – expedido el cuatro de octubre de dos mil doce por la Sala Penal Permanente– , se indicó que únicamente será sujeto activo de apropiación ilícita aquella persona que haya “recibido el objeto de manera lícita en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado con el mismo”. 

3.3. Para probar la obligación de devolución –y, como corolario, el momento de consumación del delito de apropiación ilícita–, interesa, que una vez efectuada la solicitud –carta notarial– se advierta la omisión del agente activo de llevar a cabo la devolución del bien – notificada la carta notarial el agente no se pronuncia–. 

3.4. En el caso bajo examen, la empresa agraviada, mediante carta notarial del veintiuno de abril de dos mil quince, requirió a Rafael Surco Gómez que entregue el dinero. 

3.5. En virtud de lo reseñado en el apartado 3.3. de este auto de calificación, deberá entenderse que el momento de consumación del delito se produjo al requerirle la empresa agraviada al recurrente la devolución del bien. Adoptar la postura de que el delito se consuma en el momento de la apropiación no permite distinguirla del delito de hurto –a menos que el bien haya sido entregado de manera legítima– y tampoco permitiría probar el dolo del agente. 

3.6. Por otro lado, respecto a la infracción del principio de congruencia procesal –Casación número 413-2014/Lambayeque–, debe indicarse que el ad quem no está compelido a adoptar la tesis del fiscal –el momento de consumación del delito fue el veintiocho de junio de dos mil doce–, pues su decisión no altera la imputación necesaria –inciso 14 del artículo 139 de la Constitución–. 

3.7. De igual manera, el cómputo del plazo para efectuar la prescripción de la acción penal atañe a las consecuencias de la calificación jurídica, por lo que en virtud a la legalidad el ad quem puede desvincularse de la propuesta del Ministerio Público. 

3.8. En consecuencia, al no existir fundamentos jurídicos para aceptar la propuesta casacional de los recurrentes y tampoco advertirse motivos casacionales para admitir sus pretensiones, el recurso interpuesto es inadmisible. 

Cuarto. Costas procesales 

De acuerdo con lo estipulado en el inciso 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal, corresponde imponer el pago de costas procesales a los recurrentes.

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

  1. DECLARARON NULO el concesorio contenido en la Resolución número 10, expedida el veintiuno de enero de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, e INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Rafael Surco Gómez y Ángel Surco Gómez contra la resolución de vista, que revocó la del a quo y la reformó, por lo que declaró infundada la excepción de improcedencia de la acción penal a favor de los referidos impugnantes, en el proceso que se les sigue por ser presunto autor y cómplice, respectivamente del delito de apropiación ilícita, en agravio de la empresa F. L. Montaje y Mantenimiento S. A. C.
  2. IMPUSIERON a los recurrentes el pago de las costas procesales, conforme al inciso 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal.
  3. ORDENARON que se notifique a las partes procesales apersonadas en este proceso.
  4. IV. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria al Tribunal Superior de origen y se dé cumplimiento.