Cuestionamientos constitucionales a la ley aprobada que promueve la deforestación

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Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL

Las preguntas sobre las que se tendría que pronunciar este Tribunal Constitucional en la demanda de inconstitucionalidad que se está trabajando.

i. ¿Es compatible con el principio de conservación de la diversidad biológica, reconocido en el artículo 68 de la Constitución Política del Estado, el principio de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales reconocido en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política del Estado, la deforestación de tierras con aptitud forestal, como consecuencia de la convalidación por parte del Gobierno de la realización de actividades agrícolas y ganaderas en tierras con aptitud forestal, con o sin cobertura boscosa (tierras deforestadas),?

ii. ¿Es compatible con el principio que establece que todos los recursos naturales incluyendo los recursos forestales, son patrimonio de la nación (dominio eminencial del Estado) y que como tales no pueden ser entregados en propiedad privada a particulares sino solo explotados a través de concesiones, reconocido en el artículo 66 de la Constitución, el reconocimiento de derechos de propiedad a particulares, de cesión de uso y de constancias de posesión sobre tierras con aptitud forestal, con o sin cobertura boscosa?

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iii. ¿Viola el derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución y el artículo 44 de la Constitución, que reconoce la obligación del Estado de promover un desarrollo integral y equilibrado, el reconocimiento y la convalidación por parte del Gobierno de la deforestación de tierras con aptitud forestal, como consecuencia de la legalización de las actividades agrícolas y ganaderas en tierras con aptitud forestal, con o sin cobertura boscosa (tierras deforestadas), teniendo en cuenta que se viola este derecho cuando estamos ante una “alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente” (STC No 00048-2004-AI, f.j. 17).

iv. ¿Es compatible con el artículo 67 de la Constitución que establece la obligación del Estado de elaborar la política nacional del ambiental, la eliminación del ordenamiento forestal, a través de la eliminación del rol del MINAM en la aprobación del ordenamiento forestal, de la eliminación de la obligación del proceso de calificación de tierras y de la eliminación de la prohibición de cambio de uso de suelos con aptitud forestal? 

v. ¿Viola el derecho a la consulta previa y la obligación de obtener el consentimiento reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, regulado por la Ley 29785 y desarrollado por la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (TC en adelante) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH en adelante), la discusión y la aprobación del proyecto de Ley sin previa consulta previa con las comunidades nativas, a pesar que la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley hace referencia expresa a las comunidades campesinas, nativas y pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial?

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vi. ¿Amenaza el derecho de propiedad de los pueblos indígenas y de las comunidades nativas sobre sus territorio, que aún no tienen título de propiedad, reconocido en el artículo 14.1, 17.3 y 18 del Convenio 169 de la OIT, convalidar y legalizar la realización de actividades agropecuarias en tierras con aptitud forestal, teniendo en cuenta que mucha de estas actividades se realiza en tierras despojadas a las comunidades nativas, más aun si tenemos en cuenta que de las 2,666 comunidades nativas que aproximadamente existen en el Perú 710 comunidades faltan titular sus territorios ocupados tradicionales?

vii. ¿Es idónea, necesaria y proporcional la restricción de los bienes jurídicos constitucionales antes mencionados afectados por la deforestación con la finalidad de proteger a los pequeños agricultores que realizan actividad agropecuaria en tierras con aptitud forestal? ¿Ha demostrado el Gobierno y el Congreso que la necesidad de apoyar a los pequeños agricultores que realizan actividad agropecuaria en tierras con aptitud forestal, justifica jurídica y constitucionalmente la legalización de la deforestación realizada sobre pequeños y sobre todo por grandes productores de palma aceitera como la empresa Ocho Sur en Ucayali? ¿Ha demostrado el Gobierno y el Congreso que no hay otras maneras de proteger a esos pequeños agricultores en tierras con aptitud forestal que ni sea convalidando la deforestación de grandes áreas?

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viii. ¿Viola la tutela procesal efectiva y debido proceso, reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución, el mandato constitucional de persecución del delito, contenido en los artículos 159.4 y 166 de la Constitución que reconoce la obligación de la Policía y del Ministerio Público de combatir y perseguir la delincuencia, y el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución de forma tácita, y en el artículo 9 del NCPConst, archivar los procesos y dejar en la total impunidad las conductas irregulares realizadas por las personas naturales y jurídicas, tanto en el ámbito administrativo, instaurados por el MIDAGRI, ARFFS/ATFFS, así como las investigaciones penales seguidas por el Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), por la comisión de delitos ambientales en la modalidad de delitos contra los recursos naturales y a través de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, por la comisión de delitos cometidos por organizaciones criminales, de conformidad con el principio de retroactividad penal benigna reconocido en el artículo 103 de la Constitución?

ix. ¿De conformidad con la jurisprudencia del TC y con el último párrafo del artículo 31 de la Constitución que establece la nulidad de todo acto que restrinja derechos fundamentales, el transcurrir del tiempo convierte en constitucional y legal la deforestación continuada ocasionada por las actividades agropecuarias en tierras de aptitud forestal, a pesar de la expresa prohibición de los artículos 37 que prohíbe entregar propiedad sobre tierras con aptitud forestal con o son cobertura boscosa, y del artículo 113 de la Ley forestal, que prohíbe deforestar para realizar plantaciones? 

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