Cuestiones que se Desprenden del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326 – Ley que crea la Procuraduría General del Estado

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Autor: Angelo Jaime Gutierrez Velásquez
Abogado

Marco Normativo:

  •  Constitución Política del Perú, articulo 47°: Defensa Judicial del Estado
  • Decreto Legislativo N° 1326 de fecha 05/01/2017 – Decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del estado y crea la procuraduría general del estado.
  • Decreto Supremo N° 018-2019-JUS de fecha 22/11/2019 – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.

 ¿Qué es la Procuraduría General del Estado?

 Mediante Decreto Legislativo Nº 1326, el 05 de enero de 2017, se reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se creó la Procuraduría General del Estado como ente rector, cuya finalidad sería la de mantener y preservar la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional, tal como lo precisa el artículo 1° del citado decreto.

La importancia de la creación de la Procuraduría General del Estado reside en la autonomía funcional, técnica, económica y administrativa que goza para el ejercicio de sus funciones, un paso importante en la reforma de defensa jurídica del Estado. Además, dentro del abanico de opciones para la implementación de esta Procuraduría General del Estado, tenemos la creación de diversas procuradurías públicas, que sumaran esfuerzos para el cumplimiento básico e importante reconocido por nuestra Constitución Política, que en su artículo 47° dice y manda que: “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley”.

 ¿Qué Procuradurías Públicas se han creado?

Las entidades que se crearon son los siguientes:

  1. Procuraduría Pública Especializada Contra el Crimen Organizado, adscrita al Ministerio del Interior (artículo 49° – Reglamento del D. Leg. N° 1326).
  2. Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (artículo 51° – Reglamento del D. Leg. N° 1326).
  3. Procuraduría Pública Especializada en Arbitrajes, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (artículo 50° – Reglamento del D. Leg. N° 1326).
  4. Procuraduría Pública Especializada en Procesos de Extinción de Dominio, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (artículo 52° – Reglamento del D. Leg. N° 1326)
  5. Procuraduría Pública de la Oficina de Normalización Previsional – ONP (Décimo Primera Disposición Complementaria Final – Reglamento del D. Leg. N° 1326).

 ¿Las Procuradurías Públicas a qué entidad se encuentran vinculadas?

 En su momento las Procuradurías Pública dependían administrativamente de la entidad a la cual prestaban el apoyo legal y funcionalmente dependían del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo, bajo la promulgación del reglamento del D. Legislativo N° 1326, esto ha cambiado, pues, tal como se desprende del artículo 13° del precepto normativo mencionado, ahora “Las entidades públicas tienen como órgano de defensa jurídica una procuraduría pública, que se encuentra vinculada administrativa, normativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado”; denotando de autonomía a las procuradurías públicas.

¿La Procuraduría Pública de Crimen Organizado tendrá como carga exclusiva el tipo penal de Organización Criminal (Artículo 317°)?

 En principio, la denominación faculta a tener una conclusión positiva, sin embargo, en el artículo 49° numeral 2 del Reglamento del D. Leg. N° 1326 nos dice lo siguiente:

“El/La Procurador/a Público/a Especializado/a contra el Crimen Organizado ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado ante cualquier instancia, en indagaciones policiales, investigaciones, procesos o procedimientos relacionados con la comisión de delitos contemplados dentro de los alcances de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado y los tipificados en los artículos 108, 108-C, 108-D, 152, 153,162, 183-A, 186, 189, 195, 196-A, 197, 200, 204, 252, 253, 254, 303-A, 303-B, 317, 319, 320, 321, primer párrafo del artículo 427, del Código Penal, así como en los tipos penales contemplados en la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.

En el caso del delito contemplado en el artículo 317 del Código Penal, la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado solo interviene, si la investigación, el procedimiento o el proceso, presenta la condición descrita en el párrafo anterior y comprende alguno de los delitos allí previstos o, en el caso de las investigaciones producto de Mega operativos. (…)”

 

Ahora, sin ánimo de dejar incompleta la información que se brindará en la presente, debemos citar el artículo 45°, en su punto 1, que en su tenor dice:

“El/La Procurador/a Público/a Especializado/a en Delitos Contra el Orden Público ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en indagaciones policiales, investigaciones, procesos o procedimientos relacionados con la comisión de delitos contra la paz pública y/o contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, en todas las modalidades contempladas en el Capítulo I del Título XIV, a excepción de los artículos 316-A, 318 y 318-A; y, en el Capítulo II del Título XII, a excepción de los artículos 284 y 285, del Libro Segundo del Código Penal, respectivamente. Asimismo, interviene en el delito de instigación o participación en pandillaje pernicioso, previsto en el artículo 148-A del Código Penal.

De lo expuesto se puede obtener las siguientes conclusiones:

  • En principio, la Procuraduría de Orden Pública será competente para ver investigaciones y procesos por el delito de Organización Criminal.
  • Sin embargo, la Procuraduría de Crimen Organizado será quien asuma competencia cuando en el caso se tipifique el delito del artículo 317°, siempre y cuando la investigación o el proceso, se encuentre bajo los alcances de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado y los tipificados en los artículos 108, 108-C, 108-D, 152, 153,162, 183-A, 186, 189, 195, 196-A, 197, 200, 204, 252, 253, 254, 303-A, 303-B, 317, 319, 320, 321, primer párrafo del artículo 427, del Código Penal, así como en los tipos penales contemplados en la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.

Artículo 108°, Homicidio calificado
Artículo 108°-C, Sicariato
Artículo 108°-D, La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato
Artículo 152°, Secuestro
Artículo 153°, Trata de personas
Artículo 162°, Interferencia telefónica
Artículo 183°-A, Exhibiciones y publicaciones obscenas
Artículo 186°, Hurto agravado
Artículo 189°, Robo agravado
Artículo 195°, Formas agravadas de receptación
Artículo 196°-A, Estafa agravada
Artículo 197°, Casos de defraudación
Artículo 200°, Extorsión
Artículo 204°, Formas agravadas de usurpación
Artículo 252°, Fabricación y falsificación de moneda de curso legal
Artículo 253°, Alteración de la moneda de curso legal
Artículo 254°, Tráfico de moneda falsa
Artículo 303°-A, Tráfico ilícito de migrantes
Artículo 303°-B, Formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes
Artículo 317°, Organización Criminal
Artículo 319°, Genocidio – Modalidades
Artículo 320°, Desaparición forzada de personas
Artículo 321°, Tortura
Artículo 427°, primer párrafo: Falsificación de documentos

  • Además, la Procuraduría de Crimen Organizado, también podrá ver los casos producto de Megaoperativos; entiéndase con excepción de los delitos de: i) Tráfico Ilícito de Drogas; ii) delitos contra la administración Pública; y, iii) Lavado de Activos.

¿La Procuraduría Pública de Crimen Organizado será quién vea los casos donde se tipifiquen el delito de banda criminal?

No, como se ha indicado en la pregunta anterior, la Procuraduría de Orden Público es competente para ver el delito de banda criminal por encontrarse dentro del Capítulo I del Título XIV (Artículo 45° del reglamento del D. Legislativo N° 1326)

¿La Procuraduría Pública de Extinción de Dominio tendrá en exclusividad todos los procesos de extinción de dominio?

En principio, se encuentra facultado por el artículo 52° del reglamento del D. Leg. N° 1326, que nos dice lo siguiente:

“El/La Procurador/a Público/a Especializado/a en Extinción de Dominio ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado, en los procesos de extinción de dominio ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, solicita su inicio ante la fiscalía competente e informa sobre la existencia de bienes para la aplicación de las consecuencias jurídico – patrimoniales dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-JUS, en estricta observancia del procedimiento, criterios y supuestos estipulados en las referidas normas.”

Sin embargo, dicho precepto normativo ha precisado los alcances de su competencia, delimitando en el numeral 2) del artículo citado que dice “es competente para conocer los procesos de dicha materia que han sido declarados complejos”, es decir, solo en casos declarados complejos y además cuando “el caso es de repercusión nacional o ante el pedido expreso de un procurador/a público/a”, el procurador de extinción de dominio se encuentra facultado para solicitar ante la fiscalía la declaratoria de complejidad.

¿Qué sucederá con los casos de extinción de dominio que no tengan el carácter de complejo o tengan repercusión nacional?

Tal como se aprecia en el artículo 41°, numeral 1): “Los/las procuradores/as públicos/as especializados/as ejercen la defensa jurídica del Estado en el ámbito de sus competencias, en materias especializadas, en procesos civiles de naturaleza reparatoria, en procesos de extinción de dominio, en investigaciones o procesos penales relacionados y/o derivados de la presunta comisión de delitos que vulneran, lesionan o pongan en riesgo bienes jurídicos, relacionados con los intereses del Estado, en procesos en sede jurisdiccional extranjera y supranacional”.

De lo citado se desprende que todas las procuradurías públicas especializadas serán quienes verán, según su competencia, todos los procesos de extinción de dominio que no revistan de carácter complejo o tengan repercusión nacional.

¿Qué procuraduría pública se encuentra facultada para participar en procesos por minería y tala ilegal?

El artículo 47° del Reglamento del D. Leg. N° 1326 – Ley que crea la Procuraduría General del Estado, nos dice que “El/La Procurador/a Público/a Especializado/a en Delitos de Ambientales está facultado/a para intervenir en acciones u operaciones de interdicción de minería y tala ilegal, conforme a la normativa sobre la materia”; es decir, la única procuraduría pública que se encuentra facultada para intervenir en las diligencias de interdicción de minería y tala ilegal, es la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, ergo, también es la facultada para ver los casos que se desprenderían de ellas.

Novedad con referencia a la Procuraduría de Lavado de Activos

De conformidad con el Sexta Disposición Complementaria Transitoria a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1326, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, asume competencia exclusiva sobre las investigaciones nuevas que se instauren y que comprendan alguna de las modalidades comitivas del delito de lavado de activos. Las procuradurías públicas que, a partir de la fecha soliciten el inicio o intervengan en nuevas investigaciones o procesos por delitos de lavado de activos, transfieren los mismos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

Sin embargo, las procuradurías públicas, con legajos o falsos expedientes que se encuentren en trámite o ejecución de sentencia antes de la entrada en vigencia del presente Reglamento, continúan interviniendo en las investigaciones o tramitando los procesos iniciados hasta su culminación y posterior ejecución de ser el caso.

Definición y variación de competencia

Las procuradurías públicas especializadas, a las cuales se les haya redefinido, variado o trasladado su competencia, remiten los casos en trámite, a las procuradurías públicas correspondientes, en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de publicado el reglamento del D. Leg. N° 1326 – Ley de la Procuraduría General del Estado, sin perjuicio de ejercer las acciones que sean pertinentes con la finalidad de evitar la preclusión de plazos procesales que pongan en riesgo la tramitación del proceso, procedimiento o investigación.