¿Debe anularse la condena si no se valoró la conducta imprudente de la víctima? [Recurso de Nulidad 646-2014, Callao]

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Debe anularse la condena si no se valoró la conducta imprudente de la víctima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Sumilla: Al advertirse que la decisión jurisdiccional cuestionada deviene en inmotivada, arbitraria y omisiva, se vulnera el derecho constitucionalmente protegido a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo que la norma procesal faculta la declaración de nulidad de la sentencia, para que se emita nuevo pronunciamiento.

Lima, nueve de marzo de dos mil quince.

VISTO: el recurso de nulidad -en vía de queja excepcional- formulado por doña Paola Núñez Gonzales (folio trescientos dos), con los recaudos adjuntos. Interviene como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de la Corte Suprema.

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1. DECISIÓN CUESTIONADA

La sentencia de vista de diecinueve de julio de dos mil doce (folio doscientos noventa y dos), emitida por la Cuarta Sala Penal, de la Corte Superior de Justicia del Callao, que confirmó la sentencia de primera instancia de cuatro de abril de dos mil doce (folio doscientos cincuenta y dos), que condenó a la recurrente Núñez Gonzales como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas graves, en perjuicio de don Grimaldo Huanca Ticona y doña Constantina Apaza Huanca, y le impuso tres años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años, con lo demás que contiene.

2. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS

La encausada Núñez Gonzales cuestionó la sentencia condenatoria, y alegó que:

2.1. Es injusta la pena de inhabilitación impuesta, consistente en la suspensión de la autorización para conducir vehículos por el tiempo de un año.

2.2. Cumplió con pagar todos los daños ocasionados a los agraviados y, por lo tanto, no se le puede imponer doble sanción.

2.3. No tiene antecedentes penales ni judiciales y es la primera vez que se ve implicada en un proceso judicial. Y en el manejo vehicular no le impusieron ninguna sanción, ni papeleta alguna.

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2.4. Los hechos ocurrieron por imprudencia temeraria del agraviado don Grimaldo Huanca Ticona, que conducía un triciclo contra el sentido del tráfico, y pese a ello se le ha responsabilizado por un hecho delictuoso que no cometió.

3. SINOPSIS FÁCTICA SEGÚN LA IMPUTACIÓN

Aproximadamente a las cinco horas con treinta minutos, del nueve de noviembre de dos mil ocho, la procesada conducía su vehículo de placa de rodaje N.° CIM-449 por inmediaciones de la cuadra cuatro de la avenida Elmer Faucett, en el Callao, e ingresó a la vía auxiliar, e intempestivamente impactó frontalmente al vehículo menor (triciclo) que era conducido por el agraviado don Grimaldo Huanta Ticona, quien llevaba a bordo, junto con la carga, a la agraviada doña Constantino Apaza Huanca. Producto de la colisión ambos agraviados resultaron con lesiones. Los hechos revisten gravedad puesto que la sentenciada, al momento de brindar su manifestación preliminar, admitió que ingirió bebidas alcohólicas, lo que fue corroborado con el examen de dosaje etílico que se le practicó; con ello se demostró la inobservancia de las reglas legales y técnicas de tránsito.

CONSIDERANDO

PRIMERO: ANÁLISIS DE LA VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL

Según la imputación penal, los hechos materia del presente proceso ocurrieron en noviembre de dos mil ocho; y en atención a la pena conminada para el delito materia de acusación fiscal y a lo previsto en el tercer párrafo, del artículo ciento veinticuatro, del Código Penal, a la fecha la acción penal se encuentra vigente.

SEGUNDO: SUSTENTO NORMATIVO

2.1. Es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, conforme lo señala el inciso tercero, artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado; así como el artículo octavo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por el Estado peruano.

2.2. El numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, establece que las decisiones judiciales deben ser motivadas.

2.3. El artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos Penales, señala que en la sentencia debe evaluarse el conjunto probatorio.

[Continúa…]          

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