Decreto supremo que aprueba la política nacional penitenciaria al 2030

0
234

Loading

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 1 y los numerales 21 y 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el? n supremo de la sociedad y del Estado; y son principios y derechos de la función jurisdiccional, el derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados; así como, que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad;

Que, la Séptima Política de Estado del Acuerdo Nacional establece la erradicación de la violencia y el  fortalecimiento del civismo y  de la seguridad ciudadana, la  Undécima Política de Estado está  orientada a la promoción  de la igualdad de oportunidades sin discriminación, la Décimo Tercera Política de Estado se refiere al acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social, la Décimo Quinta Política de Estado está dirigida a la promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, la Vigésimo Cuarta Política de Estado sobre  afirmación de un estado eficiente y transparente, la Vigésima Séptima  Política de Estado prioriza la erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas; y la Vigésima Octava Política de Estado reafirma la plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y acceso a la justicia e independencia judicial;

Que, el Eje Estratégico 1 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto  Supremo Nº 054-2011-PCM, establece como objetivo nacional  la “plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas”; dentro del cual se considera como objetivos específicos 1, 2 y 4 a la “Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales”, el “Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible”, así como, la “Reducción de las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema”;

Que,  asimismo, el  Eje  Estratégico 2  del  Plan Bicentenario,  considera  como objetivo  nacional  la  “Igualdad de oportunidades y  acceso universal a los  servicios básicos”, dentro  del cual se  considera como objetivos específicos  1,2, 3 y 4 al “Acceso equitativo  a una educación integral que permita el desarrollo pleno de  las capacidades humanas en sociedad”, el “Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad”, la “ Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los  infantes y las madres gestantes”,  así como, el “Acceso universal  de la población a servicios adecuados de agua y electricidad”;

Que, el  numeral  1 del  artículo 4  de la  Ley Nº  29158,  Ley Orgánica  del Poder  Ejecutivo, señala  que  el Poder Ejecutivo tiene  la competencia exclusiva  de diseñar y  supervisar políticas nacionales  y sectoriales, las  cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;

Que,  asimismo, el  referido  artículo, dispone  que  las  políticas nacionales  definen  los objetivos  prioritarios,  los lineamientos,  los  contenidos principales  de  las  políticas  públicas, los  estándares  nacionales  de  cumplimiento  y la provisión de servicios que  deben ser alcanzados y supervisados  para asegurar el normal desarrollo  de las actividades públicas y privadas; y se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros;

Que, por Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM se aprueba la Política General de Gobierno al 2021, considerando entre sus ejes el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, y el desarrollo social y bienestar de la población;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM se aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, modificado por el Decreto Supremo Nº 038-2018-PCM, con la finalidad de desarrollar la rectoría de las políticas nacionales en todo el territorio a ?n que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en beneficio de los ciudadanos;

Que, el numeral  10.2 del artículo 10  del acotado Reglamento señala  que las políticas nacionales,  previa opinión técnica del  Centro Nacional  de Planeamiento  Estratégico –  CEPLAN, se  aprueban por  decreto supremo  con el  voto aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo del Ministro titular del sector o sectores competentes;

Que, con Resolución Ministerial Nº 0290-2019-JUS se aprueba la lista sectorial de Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se precisa la vigencia de tres planes nacionales; entre estos instrumentos, se tiene a la Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020;

Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 29807, el Consejo Nacional de Política Criminal adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está encargado de  planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado. En ese ámbito, el artículo 4 de la referida ley establece como mandato y atribución, la formulación de políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y, en particular, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal  y a la ejecución de penas y medidas de seguridad,  con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo;

Que, atendiendo al contexto expuesto y de acuerdo con los numerales 28.1 y 28.2 del artículo 28 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, modificados por Decreto Supremo Nº 131-2018-PCM, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió la Resolución Ministerial Nº 0452-2019-JUS, mediante la cual conforma el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para actualizar la Política Nacional Penitenciaria que preside, cuyo producto específico consistía en la propuesta actualizada de la Política Nacional Penitenciaria;

Que, atendiendo a la  situación de emergencia del Sistema Penitenciario,  declarado mediante Decreto Legislativo Nº 1325 y  prorrogado con Decreto Supremo  Nº 013-2018-JUS; la necesidad  de mejorar las condiciones  de vida de la población penitenciaria; así como, a  la emisión de la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº 05436-2014-PHC/TC, publicada el  04 de junio  de 2020,  mediante la cual  declara el estado  de cosas  inconstitucional sobre el hacinamiento en establecimientos penitenciarios y exhorta elaborar un nuevo Plan Penitenciario; el citado Grupo de Trabajo Multisectorial presentó, en la XVII Sesión del Consejo Nacional de Política Criminal de 27 de agosto de 2020,la propuesta actualizada de la Política Nacional Penitenciaria, la misma que fue aprobada por unanimidad;

Que, con Informe Técnico Nº D000010-2020-CEPLAN-DNCPPN, el  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN emite opinión técnica sobre la propuesta de la Política  Nacional Penitenciaria, validando la misma y  señalando que cumple con lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-y la Guía de Políticas Nacionales, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00047-2018/2018-PCM CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00057-2018-CEPLAN-PCD;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030

Apruébese la Política Nacional Penitenciaria al 2030, la misma que como Anexo forma parte integrante del presente decreto supremo.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

La Política Nacional Penitenciaria al 2030  es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado  y los diferentes niveles de gobierno, conforme a su autonomía y competencias.

Artículo 3.- Rectoría y conducción de la Política Nacional Penitenciaria al 2030

La Política Nacional Penitenciaria al 2030 constituye una política nacional multisectorial, cuya rectoría y conducción está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Artículo 4.- Seguimiento y evaluación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030

4.1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lidera técnicamente el seguimiento y la evaluación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.

4.2. La  Oficina General  de  Planeamiento,  Presupuesto y  Modernización  (OGPM)  del Ministerio  de  Justicia  y Derechos Humanos, realiza el seguimiento de la  Política Nacional Penitenciaria al 2030 con la información provista por las entidades del Estado involucradas en su implementación y ejecución, y tiene a su cargo la remisión de los reportes de cumplimiento, seguimiento y evaluación al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Artículo 5.- Implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030

Las entidades  del Estado responsables  de los objetivos  prioritarios, lineamientos y  proveedores de  los servicios de la Política Nacional Penitenciaria 2020-2030, están  a cargo de la implementación y ejecución de la misma,  conforme a sus funciones y competencias, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Para tal efecto, dichas entidades coordinan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de los servicios identi?cados y otras acciones a ?n de contribuir al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Penitenciaria 2020-2030.

Artículo 6.- Financiamiento

La implementación de las medidas y acciones  en el marco de lo dispuesto en la Política Nacional  Penitenciaria al se efectúa de manera progresiva, con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades del Estado involucradas,2030 sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 7.- Publicación

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario O?cial El Peruano; asimismo, el mismodía, se publican en  el Portal del Estado peruano  (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional del  Ministerio de Justicia yDerechos Humanos (www.gob.pe/minjus), y en el Portal Institucional del Instituto Nacional Penitenciario (www.gob.pe/inpe).

Artículo 8.- Refrendo

El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro del Interior,el Ministro de Educación, la Ministra de  Salud, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra  de la Mujer yPoblaciones Vulnerables, el Ministro de Relaciones Exteriores y, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030

El  Poder Ejecutivo  aprueba  el Plan  Estratégico  Multisectorial  de la  Política  Nacional Penitenciaria  2020-2030 requerido para la implementación de la presente Política Nacional, mediante decreto supremo, dentro de los ciento veinte(120)días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación del Decreto Supremo Nº 005-2016-JUS

Derógase el Decreto Supremo Nº 005-2016-JUS, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Penitenciariay el Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República

PATRICIA ELIZABETH DONAYRE PASQUEL

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO

Ministro de Educación

CÉSAR AUGUSTO GENTILLE VARGAS

Ministro del Interior

ROSARIO SASIETA MORALES

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ANA C. NEYRA ZEGARRA

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

MARIO LÓPEZ CHÁVARRI

Ministro de Relaciones Exteriores

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

PILAR E. MAZZETTI SOLER

Ministra de Salud

Algo más:

Puede descargar la Política Nacional Penitenciaria al 2030:

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/09/25/1887412-1/1887412-1.htm