Sentencia debilita la democracia, más aún ante la situación de crisis social y política como la que atraviesa el país. Más detalles aquí.
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en la contienda competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial, y frente a las afirmaciones allí contenidas, indicó que constituye un retroceso y vulnera las bases del Estado constitucional de derecho peruano.
Asimismo, afecta la independencia judicial. El principio de independencia judicial prohíbe expresamente que una autoridad interfiera en un proceso a cargo de un juez (artículo 139, inciso 2, de la Constitución). La sentencia trasgrede dicho principio pues el TC, al declarar nulas diversas resoluciones judiciales en el marco de procesos en curso, interviene en la autonomía del juez para resolver el proceso a su cargo.
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Además, debilita al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al sistema electoral en su conjunto. Ello mella la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de garantizar la legitimidad del proceso democrático para elegir a nuestras autoridades.
En ese sentido, mientras que el Congreso de la República, en el marco de sus competencias, designe a un/a nuevo/a titular, la Defensoría del Pueblo rechaza cualquier limitación que se pretenda efectuar a sus competencias y funciones constitucionalmente reconocidas y continuará realizando sus funciones en estricto cumplimiento de su mandato constitucional.
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En una situación de crisis social y política como la que atraviesa el país, la Defensoría del Pueblo se mantiene como una institución autónoma y al servicio de la ciudadanía. Pretender limitar el alcance de sus funciones representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos.
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