En el documento se destacan diversos temas sobre Derechos Humanos que todavía no han sido atendidos por el Estado. Ingresa aquí para más detalles.
El Informe para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) elaborado por la Defensoría del Pueblo detalla las principales vulneraciones que registra el país en materia de derechos humanos durante el periodo 2018 – 2022.
En el documento, se destacan diversos temas: por ejemplo la aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030 aunque con deficiencias en la aplicación de la norma que sanciona la discriminación.
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En lo que respecta a medidas de reparación a favor de víctimas y de los familiares de víctimas del periodo de violencia 1980-2000, se advierte que hay escasos avances en brindar garantías de salud, educación y vivienda.
El informe señala que Perú no cuenta con información oficial ni data exacta sobre los casos de violencia hacia personas LGBTI, lo que impide tener un panorama claro sobre la situación de vulnerabilidad de esta población.
Además, el documento presenta diversos aspectos en cuanto al peligro y situación que afronta la población indígena en el país.
Por ejemplo la falta de acciones para garantizar el bienestar de niños, niñas y mujeres indígenas, y la necesidad de contar con una adecuada ley que proteja a los defensores ambientales y de derechos humanos.
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En cuanto a la titulación de tierras, se informa que es clave contar con una política pública que permita el saneamiento físico legal de las comunidades y la simplificación de procedimientos administrativos para evitar conflictos sociales.
Por otro lado advierte que no hay suficientes garantías para llevar a cabo los procesos de consulta previa durante la evaluación de instrumentos de gestión ambiental.
Por otro lado se indica que debido a falta de presupuesto, no hay un adecuado proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
La Defensoría del Pueblo también explica que la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es satisfactoria por limitaciones de dinero y de reconocimiento de derechos.
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