Defraudación tributaria: Errónea Interpretación del artículo 189° del Código Tributario [Recurso de Nulidad 1543-2019, Lima]

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Errónea Interpretación del artículo 189° del Código Tributario

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

Principio acusatorio

No le corresponde a este Tribunal Supremo asumir funciones persecutoras, pues existen pronunciamientos uniformes de los órganos fiscales en sus diversas jerarquías (fiscal superior y fiscal supremo) de no incoar acusación penal. Por esta razón, se ha dado cumplimiento al principio acusatorio, por lo que la persecución del delito, en el presente caso, ha fenecido, pues el titular de la acción penal se ha desistido de formular acusación.


[Lee también: Defraudación tributaria: Informe de presunción de delito [Recurso de Nulidad 1910-2018 , Lima]


Lima, diez de febrero de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la delegada del procurador público adjunto de la Procuraduría Pública –en representación– de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat– (fojas 2522 y 2525) contra el auto del diecisiete de abril de dos mil diecinueve (foja 2461), expedido por la Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Edgardo Horacio Sánchez Castro –presunto autor–, Bertha Malena Suárez Félix, Nicanor Machado Ramírez, Fernando Estrada Ponte y Karol Estrada Huamaní –presuntos cómplices primarios– por el delito de defraudación tributaria- obtención  indebida  de  crédito  fiscal  –IGV–,  en  agravio  del  Estado –Sunat–. De conformidad con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema Carbajal Chávez.

CONSIDERANDO

 I.   Imputación fáctica-hecho incriminado

Primero. El fiscal superior penal de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima, en su Dictamen número 09-2018, presentado el diez de enero de dos mil diecinueve (foja 2407), precisó que en el proceso penal de trámite ordinario considera que no existe mérito para pasar a juicio oral por la presunta comisión del delito de defraudación tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito fiscal –IGV–, en agravio del Estado –Sunat–. En el numeral II titulado “Hecho imputado” del referido dictamen señala que:

1.1. Se imputa a los procesados Edgardo Horacio Sánchez Castro y Hugo César Noguera Bedoya (fallecido, según Acta de Defunción a foja 2366) que, en su condición de gerente general (representante legal) y gerente administrativo de la empresa Bunker Security S. A. C., respectivamente, efectuaron operaciones no reales durante el periodo comprendido entre enero, abril y de octubre a noviembre del año dos mil once, contabilizando en el registro de compras de la empresa facturas por operaciones consistentes en adquisiciones de artículos de limpieza, refrigerio personal, publicidad, uniformes de personal, útiles de oficina, repuestos y mantenimiento de cómputo, y suministro de computadoras; y autorizaron la emisión de cheques para el pago de dichas facturas que consignaron operaciones no reales, las cuales fueron emitidas por los proveedores: a) Ranimar S. A. C., representada por el procesado Nicanor Machado Ramírez, por el precio de venta S/ 331 467.10 –trescientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y siete soles con diez céntimos– (de enero, abril y noviembre de dos mil once); b) Donau S. A. C., representada por el procesado Nicanor Machado Ramírez, por el precio de venta de S/ 9935.60 –nueve mil novecientos treinta y cinco soles con sesenta céntimos– (de enero, abril y octubre de dos mil once); c) Machblas S. A. C., representada por el procesado Nicanor Machado Ramírez, por el precio de venta de S/ 308 242.78 –trescientos ocho mil doscientos cuarenta y dos soles con setenta y ocho céntimos– (de noviembre de dos mil once); d) Fremach S. A. C., representada por el procesado Fernando Estrada Ponte, por el precio de venta de S/ 128 313 –ciento veintiocho mil trescientos trece soles– (de enero a marzo de dos mil once); e) Ferpomar S. A. C., representada por el procesado Fernando Estrada Ponte, por el precio de venta de S/ 141 869.85 –ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve soles con ochenta y cinco céntimos– (de enero a marzo de dos mil once), y f) Estranic S. A. C., representada por la procesada Karol Estrada Huamaní, por el precio de venta de S/ 216 401.68 –doscientos dieciséis mil cuatrocientos un soles con sesenta y ocho céntimos– (de enero a marzo de dos mil once); transacciones que contendrían operaciones no reales en razón de que no se ha acreditado el registro de entrada y salida de la mercadería ni existen guías de remisión que sustenten el traslado de las mercaderías adquiridas de los proveedores al establecimiento de la empresa Bunker Security S. A. C. –ubicado en la avenida Aviación, manzana G2, lote 2, número 331, departamento 301, urbanización Las Mongolias, en el distrito de San Borja–, y extendieron vouchers por cancelación de diversas facturas con un solo cheque, emitido a nombre de un supuesto proveedor, el cual no tiene la glosa y el sello de “no negociables”. Habiendo el procesado Edgardo Horacio Sánchez Castro, en representación de la empresa Bunker Security S. A. C., presentado las declaraciones mensuales ante la Sunat por IGV-2011 y sus rectificatorias, generándose así un crédito fiscal por operaciones no reales; hechos en los que han tenido participación los procesados Abraham Arnaldo Noguera Bedoya (fallecido, según Acta de Defunción a foja 2350), quien en su condición de encargado del Área de Logística de la empresa Bunker Security S. A. C. habría contactado a los supuestos proveedores con los que realizaron las operaciones no reales, y se habría encargado de las supuestas adquisiciones; y Bertha Malena Suárez Félix, quien en su condición de asistente de Gerencia Administrativa de la referida empresa emitió los cheques para los pagos a los proveedores por las operaciones no reales y dio el visto bueno para hacer efectivos los pagos a los proveedores por las facturas que consignan operaciones no reales. Hechos por los que se les atribuye a los procesados Edgardo Horacio Sánchez Castro y Hugo César Noguera Bedoya (fallecido), en sus condición de gerente general (representante legal) y gerente administrativo de la empresa Bunker Security S. A. C., respectivamente, ser presuntos autores, y a los procesados Abraham Arnaldo Noguera Bedoya (fallecido), en su condición de encargado del Área de Logística, y Bertha Malena Suárez Félix, en su condición de asistente de Gerencia Administrativa de la empresa Bunker Security S. A. C., respectivamente, ser presuntos cómplices primarios del delito de defraudación tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito fiscal de los pedidos tributarios de enero, abril y de octubre a noviembre del año dos mil once, al haberse generado el crédito fiscal a favor de la empresa Bunker Security S. A. C. por el importe de S/ 17 895.40 (diecisiete mil ochocientos noventa y cinco soles con cuarenta céntimos), sin sustento documentario de que dichas transacciones económicas se hayan producido efectivamente.

1.2. Asimismo, por los hechos antes descritos, se les atribuye ser cómplices primarios del delito de defraudación tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito fiscal de los periodos tributarios de enero, abril y de octubre a noviembre del año dos mil once a los procesados: a) Nicanor Machado Ramírez, quien en su condición de representante legal de las empresas Ranimar S. A. C., Donau S. A. C. y Machblas S. A. C. emitió, a favor de la empresa Bunker Security S. A. C., facturas por operaciones no reales por el precio de ventas de S/ 331 467.10 (trescientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y siete soles con diez céntimos), S/ 9935.60 (nueve mil novecientos treinta y cinco soles con sesenta céntimos) y S/ 308 242.78 (trescientos ocho mil doscientos cuarenta y dos soles con setenta y ocho céntimos), respectivamente, las cuales fueron contabilizadas en el registro de compras de la empresa Bunker Security S. A. C., y que durante el proceso de fiscalización para la Administración Tributaria –Sunat– se constató que no existen documentos contables que sustenten dichas ventas; b) Fernando Estrada Ponte, quien en su condición de gerente general de las empresas Ranimar S. A. C. y Fremach S. A. C., y apoderado y socio de la empresa Ferpomar S. A. C., emitió a favor de la empresa Bunker Security S. A. C. facturas por operaciones no reales por el precio de venta de S/ 331 467.10 (trescientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y siete soles con diez céntimos), S/ 128 313 (ciento veintiocho mil trescientos trece soles) y S/ 141 869.85 (ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta y nueve soles con ochenta y cinco céntimos), respectivamente, las cuales fueron contabilizadas en el registro de compras de la empresa Bunker Security S. A. C., y que durante el periodo de fiscalización por la Administración Tributaria –Sunat– se constató que no existen documentos contables que sustenten dichas ventas, y c) Karol Estrada Huamaní, quien en su condición de gerente general y representante de la empresa Estranic S. A. C. emitió a favor de la empresa Bunker Security S. A. C. facturas por operaciones no reales por el precio de venta de S/ 216 401.68 (doscientos dieciséis mil cuatrocientos un soles con sesenta y ocho céntimos), las cuales fueron contabilizadas en el registro de compras de la empresa Bunker Security S. A. C., y se constató que no existen documentos contables que sustenten dichas ventas; el perjuicio fiscal fue el valor de S/ 176 895.40 (ciento setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco soles con cuarenta céntimos).

II. De la pretensión impugnativa

Segundo. La delegada del procurador público adjunto de la Procuraduría Pública –en representación– de la Sunat, en su recurso de nulidad formalizado y fundamentado (fojas 2522 y 2525), solicita que se declare haber nulidad en el auto impugnado en el extremo en el que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral, que se declare insubsistente el dictamen fiscal y, reformándolo, se disponga la remisión del proceso al fiscal superior correspondiente, para lo cual expone los argumentos siguientes:


[Lee también: Agotamiento de la vía previa en materia tributaria (STC 02302-2003-AA/TC, Caso Inversiones Dreams S.A.) ]


2.1. Aduce que la resolución impugnada vulnera el debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues efectúa una interpretación errónea del Acuerdo Plenario número 02-2009 sobre la regularización tributaria; y, peor aún, interpreta y aplica erróneamente el artículo 189 del Código Tributario, sin tomar en consideración que dicho artículo fue modificado el cinco de julio de dos mil doce, antes del inicio de la fiscalización al contribuyente, y por lo tanto las exigencias establecidas por ley para la configuración de la regularización tributaria debían encontrarse conformes a la modificatoria legal, toda vez que la fiscalización inició en marzo de dos mil trece.

2.2. Alega que la principal modificación recae en que anteriormente se establecía la necesidad de un requerimiento en relación con el tributo y el periodo donde se realizaron las conductas y el artículo vigente a la actualidad, aplicable al caso de autos, establece la imposibilidad de una regularización una vez iniciado cualquier procedimiento de fiscalización relacionado con el tributo y el periodo donde se realizaron las conductas.


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