Defraudación tributaria: Informe de presunción de delito [Recurso de Nulidad 1910-2018 , Lima]

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Informe de presunción de delito

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

Prueba suficiente para condenar

Sumilla. El cruce de información que realizó la SUNAT en el marco del procedimiento de fiscalización es categórico. Si requeridos los documentos respectivos, del vendedor (proveedores) como del comprador (solicitante de la devolución de saldo) –que por ley están obligados a tener y exhibir–, éstos no han sido presentados o los que presentaron no demuestran las adquisiciones, ventas y compras, es razonable concluir que se defraudó al fisco con la utilización de documentos ideológicamente falsos. Este no es un tema meramente administrativo o de una simple situación de informalidad, sino de carácter penal, en la búsqueda consciente de beneficios patrimoniales indebidos con afectación al tesoro público, a través de una simulación relevante. Los hechos que se llevaron a cabo son demostrativos de una conducta que afectó la recaudación nacional. No son meros incumplimientos formales, sino actos con trascendencia dañosa para obtener fraudulentamente un beneficio indebido en perjuicio del fisco.


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Lima, cuatro de junio de dos mil diecinueve

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el señor Fiscal Adjunto Superior de Lima y el abogado representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –en adelante, SUNAT– contra la sentencia de fojas dos mil cuarenta y cinco, de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en cuanto: (i) Por unanimidad condenó a Israel Octavio Soto López y a Manuel Amoretti Palomino como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito de defraudación tributaria (artículo 4, literal ‘a’, del Decreto Legislativo 813 – Ley Penal Tributaria, según la Ley 27083, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho: obtención indebida de saldo a favor del exportador y obtención indebida de devoluciones: mayo, junio, julio, septiembre y noviembre de dos mil ocho y abril y junio de dos mil ocho, respectivamente) en agravio del Estado a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, setecientos treinta días multa e inhabilitación por seis meses, así como al pago de treinta mil soles por concepto de reparación civil, sin perjuicio de la devolución de lo indebidamente obtenido; (ii) Por mayoría absolvió a Omar Giovanni Mávila Reyes, Usbel Vicente Bohórquez, Isaura Carmiña Brito Rodríguez y Shela Nadia Huamán Pedreros de la acusación fiscal formulada contra ellos por el delito de defraudación tributaria (artículo 4, literal ‘a’, del Decreto Legislativo 813 – Ley Penal Tributaria, según la Ley 27083, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho: obtención indebida de saldo a favor del exportador y obtención indebida de devoluciones: mayo, junio, julio, septiembre y noviembre de dos mil dieciocho, y abril y junio de dos mil dieciocho, respectivamente) en agravio del Estado; y, (iii) absolvió a Israel Octavio Soto López, Omar Giovanni Mávila Reyes, Usbel Vicente Bohórquez, Isaura Carmiña Brito Rodríguez, Manuel Amoretti Palomino y Shela Nadia Huamán Pedreros de la acusación fiscal formulada contra ellos por delito de defraudación tributaria (tentativa de obtención indebida de devoluciones – diciembre de dos mil ocho); con lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor San Martín Castro.

FUNDAMENTOS

§ 1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DE LAS PARTES ACUSADORAS

PRIMERO. Que el señor Fiscal Adjunto Superior en su recurso formalizado de fojas dos mil noventa y ocho, de once de enero de dos mil diecisiete, requirió la anulación de los extremos absolutorios de la sentencia recurrida. Argumentó que los comprobantes de pago que emitieron los encausados absueltos eran falsos, carecían de guía de remisión, de recepción de las mercaderías y las empresas cuestionadas carecían de inventario físico de existencias; que como el delito de defraudación tributaria es un delito de resultado se admite la tentativa; que la pena impuesta a Soto López y Amoretti Palomino es ilegal pues no consta razón alguna para imponerle una pena por debajo del mínimo legal; que la Fiscalía Superior solicitó ocho años de pena privativa de libertad.


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SEGUNDO. Que el abogado representante de la SUNAT en su recurso formalizado de fojas dos mil setenta y nueve, de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete fundamentado a fojas dos mil ochenta y cuatro de nueve de enero de dos mil dieciocho, instó se anule el extremo absolutorio de la sentencia de instancia y se aumente la reparación civil. Alegó que no se tomó en cuenta la documentación recabada en el procedimiento de fiscalización de la SUNAT a la empresa SORTEX PERÚ EIRL; que tampoco se apreció la inconsistencia que refleja la documentación aportada por los imputados Mávila Reyes, Vicente Bohórquez, Brito Rodríguez y Huamán Pedreros en relación al giro de su negocio y actividad productiva y mercantil; que el imputado Soto López mencionó conocer a tales proveedores –no tenían capacidad operativa para la comercialización o fabricación de bienes–; que los encausados Vicente Bohórquez y Brito Rodríguez cobraron, además, cheques bancarios y depositaron en la cuenta de la empresa SORTEX PERÚ EIRL el mismo día de su pago; que Mávila Huertas registra antecedentes por hechos similares; que no se demostró la preexistencia del bien comercializado a la empresa SORTEX PERÚ EIRL; que no es justificación que se trate de empresas que operan informalmente en Gamarra para absolverlos, que la tentativa es admitida en los delitos tributarios; que para la fijación de la reparación civil se debe tomar en cuenta los artículo 28 y 191 del Código Tributario, así como el artículo 83 del Código Penal, por lo que el monto debe ser de setecientos noventa y dos mil quinientos noventa y siete soles, no siendo necesaria pericia alguna.


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