Defraudación Tributaria: ¿No demostrar las compras y ventas con facturas configura como delito? [Casación 1861-2019, Cusco]

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Defraudación Tributaria Casación 1861-2019, Cusco

1. INTRODUCCIÓN

El delito de defraudación tributaria es un tipo de delito tributario que consiste en eludir o evitar el pago de un tributo haciendo uso de artimañas o engaños. Estos se consideran actuados con dolo puesto que las personas que lo realizan son conscientes de sus acciones y buscan el beneficio de evitar pagar los tributos. Es por ello que la defraudación tributaria se valora como un delito en agravio al Estado. En la presente Casación, se cuestiona si no demostrar las adquisiciones, ventas y compras plasmadas en facturas configuraría un delito de defraudación tributaria habiéndose solo mostrado facturas entonces resulta incoherente que no se pueda ver lo que se plasma en las facturas a menos que estas no sean reales y por ende se hayan utilizado para realizar el delito tributario en cuestión. Siendo las partes, FÉLIX LUYO RAMOS como el que interpone el recurso de casación contra la sentencia de vista del quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 169), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco sin embargo la defensa de Luyo manifiesta que se las pruebas presentadas entre ellas un informe dan como resultado un indicio de defraudación tributaria y un indicio no es suficiente para sustentar una condena.  

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2. SUMILLA. La defensa del sentenciado formuló recurso de casación ordinaria, con base en la causal de procedencia del inciso 1, artículo 429, del Código Procesal Penal, es decir, la casación constitucional. Como sustento, señaló, entre otros, que el delito de defraudación tributaria no se consumó, ni se evaluó debidamente la prueba que corroboró la responsabilidad de su patrocinado. Es decir, su pretensión se orientó a una revaloración probatoria, pedido que no resulta atendible a través de la casación, dado su carácter extraordinario. En consecuencia, corresponde desestimar liminarmente el presente recurso.

3. FUNDAMENTO RELEVANTE

NOVENO. En este caso, el Juzgado Penal Colegiado dio por acreditado que, Luyo Ramos, en su calidad de gerente de la empresa Atelier E. I. R. L. proporcionó directamente a su contadora Cleny Baca García, comprobantes de pago por compras o adquisiciones del dos mil doce, a fin de que los registre. Sin embargo, conforme con la declaración de la auditora Zandra Ticona Ticona, el sentenciado omitió respaldar la adquisición efectiva de cada uno de los bienes que figuraban en los citados comprobantes, ya sea con documentación sobre el traslado de sus productos, su efectivo ingreso a los almacenes de la obra o recepción en la misma o medio de pago con el cual cancelaron la adquisición, entre otros. Se descartó la tesis del sentenciado, sobre la adquisición de todos los bienes de manera directa a un intermediario, de quien no brindó mayores detalles, y no dejó constancia alguna en documento o como pago a través del sistema bancario, pese a que tenía cuarenta años de experiencia en el rubro. Además, la adquisición total durante el dos mil dice fue de 1382 cascos, 162 carretillas, 1033 guantes de cuero, 545 botas y zapatos de cuero, 661 picos, 354 lampas, 297 palas, 90 serruchos, entre otros, que resultaba ser un número excesivo, en comparación con el reducido número de trabajadores que tenía a su cargo (aproximadamente 40), además porque dichas herramientas no sufrían de un desgaste inmediato como para ser reemplazadas. A su vez, se verificó que, al contrastarse las facturas entregadas por el sentenciado, con las facturas de las empresas proveedoras, existen diferencias sustanciales, los que informaron que no tuvieron relación comercial alguna con la empresa Atellier. Por tanto, se concluyó que Luyo Ramos se valió de facturas que daban cuenta de operaciones no reales, a fin de obtener un crédito fiscal a su favor y evadir el pago de S/ 39 752,00, y no podía tratarse de una doble facturación efectuada por las empresas proveedoras, pues ello implicaría que todas tuvieron que ponerse de acuerdo, solo para afectar a la empresa del sentenciado en Cusco, cuando estas eran pequeñas empresas ubicadas en Lima.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Lima, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno 

AUTOS Y VISTO: el recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado FÉLIX LUYO RAMOS contra la sentencia de vista del quince de mayo de dos mil diecinueve (foja 169), emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que confirmó la de primera instancia del treinta y uno de enero del mismo año (foja 89), que lo condenó como autor del delito de defraudación tributaria, en perjuicio del Estado, y le impuso seis años de pena privativa de la libertad, cuatrocientos días multa, inhabilitación por el plazo de seis meses y fijó el pago de S/ 5000,00 como reparación civil, a favor de la entidad agraviada, sin perjuicio de que abone el monto defraudado, esto es, la suma de S/ 39 752,00. Asimismo, se declaró improcedente la nulidad que formuló contra la referida sentencia de primera instancia. Con lo demás que contiene. 

Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

SUSTENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

PRIMERO. La defensa del sentenciado Félix Luyo Ramos formuló recurso de casación ordinaria e invocó la causal de procedencia del inciso 1, artículo 429, del Código Procesal Penal (CPP). Sostuvo como agravios los siguientes: 

1.1. Dedujo la nulidad de la sentencia de primera instancia, pero esta fue denegada indebidamente, aun cuando el Juzgado Penal Colegiado infringió el inciso 3, artículo 396, del CPP, el cual establece que la sentencia queda notificada con la lectura íntegra de su contenido en audiencia pública, lo que en este caso no ocurrió. De acuerdo con el audio de la sesión de juicio oral del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se leyó parcialmente la sentencia de primera instancia y no se notificó en ese acto la sentencia íntegra, pese al pedido de la defesa, por lo que se presentó un escrito para solicitar ello, el cual ni siquiera fue proveído. Por tanto, la sentencia es nula.

[Continúa]

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