Defraudación Tributaria: valoración de la mercancía incautada [Casación 882-2018, Ica]

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Defraudación Tributaria valoración de la mercancía incautada

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Diplomado en derecho administrativo y pas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

No se verifica la causal de procedencia alegada

Los casacionistas alegaron la falta de aplicación de normas penales o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación; este Colegiado Supremo verificó que la valoración realizada por los órganos jurisdiccionales aplicaron debidamente las normas pertinentes para resolver su situación jurídica en calidad de procesado y las consecuencias jurídicas como tercero civil, por lo que se declaran infundados sus recursos y, en consecuencia, no se casará la sentencia de vista recurrida.

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Lima, veintiuno de junio de dos mil diecinueve

VISTOS: en audiencia pública, los recursos de casación declarados bien concedidos por esta Corte Suprema mediante ejecutoria del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 100 del cuadernillo), interpuestos por la defensa del procesado Esteban Gonzalo Arpasi Vilca y el tercero civil Mariano Manchego Chuquihuaccha contra la sentencia de vista del veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (foja 175), que confirmó el extremo de la sentencia del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (foja 66) que lo condenó como autor del delito de contrabando agravado en su modalidad de transporte, en perjuicio del Estado (Sunat), a seis años de pena privativa de la libertad, le impuso la pena conjunta del pago de setecientos treinta días multa –por un total de S/ 4562.50 (cuatro mil quinientos sesenta y dos soles con cincuenta céntimos)– y ordenó el decomiso del vehículo camión con placa de rodaje número Z3X-852 de propiedad de Mariano Manchego Chuquihuaccha; y la integró en el extremo de la reparación civil ascendente a S/ 5000 (cinco mil soles), que deberá ser cancelada en forma solidaria por el procesado y el tercero civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Según se desprende de la acusación fiscal (foja 1), se imputa a Esteban Gonzalo Arpasi Vilca haber conducido el camión –de propiedad del tercero civil Mariano Manchego Chuquihuaccha– que fue intervenido por personal de Aduanas (el veintidós de marzo de dos mil trece, en Ica) y en el que se encontró –además de productos comestibles de otras personas– un total de 1496 (mil cuatrocientos noventa y seis) zapatillas de diversas marcas (CAT, Nike, Adidas), valorizadas en USD 77 809 –setenta y siete mil ochocientos nueve dólares americanos o, en soles, S/ 200 747.22 (doscientos mil setecientos cuarenta y siete soles con veintidós céntimos)–, las que se encontraban debidamente camufladas con bolsas plásticas negras en el techo del contenedor del vehículo, y respecto a las cuales el conductor no portaba documentación que acreditase su procedencia y propiedad.

Segundo. El casacionista Esteban Gonzalo Arpasi Vilca fue condenado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial-Zona Sur-Ica de la Corte Superior de Justicia de Ica (decisión confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la misma Corte) como autor de delito de contrabando agravado en su modalidad de transporte, en perjuicio del Estado peruano.

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Y, respecto al tercero civil Manchego Chuquihuaccha, se ordenó el pago solidario de la reparación civil, así como el decomiso de su vehículo.

Tercero. Elevados a esta Corte Suprema los recursos de casación interpuestos por la defensa del condenado y el tercero civil (fojas 189 y 199, respectivamente), mediante ejecutoria suprema del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 100 del cuadernillo)1, se declararon bien concedidos por la causal prevista en el artículo 429, inciso 3, del Código Procesal Penal: “Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación”.

Cuarto. Instruido el expediente en la Secretaría y señalada la fecha para la audiencia de casación el doce de junio de dos mil diecinueve, esta se celebró con la concurrencia del fiscal adjunto supremo Alcides Mario Chinchay Castillo y del abogado Freddy Gutiérrez García (defensa técnica del imputado y el tercero civil recurrentes), por lo que el estado de la causa es el de expedir sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Sobre la pretensión del procesado

Quinto. El presente recurso fue admitido, respecto al procesado Esteban Gonzalo Arpasi Vilca, a fin de determinar si existió una falta de aplicación del artículo 16 de la Ley de Delitos Aduaneros (Ley número 28008) y el artículo 6 de su Reglamento (Decreto Supremo número 121-2003-EF), vigentes al momento de los hechos, relacionados a la valoración de mercancías extranjeras y nacionales de procedencia ilegal, pues este análisis redunda en determinar si la conducta imputada constituye delito o no.

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Sexto. Resulta pertinente anotar que el tipo base de contrabando se encuentra previsto en el artículo 1 de la Ley número 28008, y en este se establece un monto mínimo de valor de las mercancías para que sean consideradas en este tipo de delito aduanero. Así, en la norma vigente al momento de los hechos (conforme a la modificación del Decreto Legislativo número 1111), se contemplaba dicho límite en “superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias”.

Séptimo. Es decir, la conducta de quien “sustrae, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto” solo sería tipificado como delito de contrabando si dichos bienes superaban los S/ 14 800 (catorce mil ochocientos soles) al día de los hechos, en tanto que el valor de la UIT en el año 2013 fue de S/ 3700 (tres mil setecientos soles), de conformidad con el Decreto Supremo número 264-2012-EF (publicado el 20 de diciembre de 2012).

Octavo. En el presente caso, se imputó y condenó al casacionista Esteban Gonzalo Arpasi Vilca por la comisión de una modalidad específica de contrabando: el transporte de las mercancías en cuestión, prevista en el artículo 2, literal d), de la Ley de Delitos Aduaneros (Ley número 28008)2, concordada con las agravantes contempladas en el artículo 10, literales g) y j), de la misma ley. Esto es, cuando “se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura con la finalidad de transportar mercancías de procedencia ilegal” y “cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias”3, respectivamente.

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