Delito de omisión de asistencia familiar: prescripción de la acción penal

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Delito de omisión de asistencia familiar: prescripción de la acción penal

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RECURSO DE NULIDAD N.° 327-2020

El Tribunal de instancia tomó en cuenta la  verdadera naturaleza de la situación  antijurídica generada por el procesado  con el incumplimiento de la obligación  alimentaria establecida en una resolución  judicial y requerida por el órgano  competente.  

Así, debemos sostener que el delito  previsto en el artículo 149 del Código  Penal es uno permanente y, por lo tanto,  el inicio del cómputo del plazo de  prescripción se calcula a partir del día en  que cesó la permanencia (artículo 82,  inciso 4, del citado código).  

Lima, doce de octubre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad, concedido

vía queja excepcional, interpuesto por la representante del Ministerio  Público contra el auto de vista del dos de julio de dos mil dieciocho  (foja 97) –expedido por la Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior  de Justicia de Junín–, que confirmó el auto de primera instancia del seis  de noviembre de dos mil diecisiete (foja 73), que declaró, de oficio,  fundada la excepción de prescripción y, en consecuencia,  extinguida la acción penal incoada contra Óscar Rodrigo Taipe por  la comisión del delito contra la familia-omisión de asistencia familiar,  en perjuicio de Diego Lionel Yonatan Rodrigo García, con lo demás  que contiene. Con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal.  Intervino como ponente el señor juez supremo Castañeda Espinoza. 

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa del Ministerio Público

Primero. La fiscal adjunta superior de la Primera Fiscalía Superior  Penal de Huancayo fundamenta el presente recurso (foja 103) y sostiene que la acción penal para el delito se encuentra vigente en  atención a que:

1.1. Si bien el delito es de comisión instantánea, como sostuvo la Sala  Superior, debe discutirse si los efectos que causa son de  naturaleza permanente o no. 

1.2. Sostiene que conforme a la posición doctrinaria se considera  que el delito de omisión de asistencia familiar es uno de efectos  permanentes en el que la realización del tipo (omisión de asistencia) se mantiene en el tiempo por voluntad del autor y solo cesa  cuando este acata la orden judicial; por lo que, en el caso, ya  que el procesado no ha cumplido con pagar la deuda  alimentaria –a pesar de haber trascurrido más de cinco años desde su  requerimiento–, la acción penal se encuentra vigente. 

1.3. La propia Sala Superior considera que se trata de un delito  instantáneo de efectos permanentes, pero de manera  incongruente y errada decide iniciar el cómputo del plazo de  prescripción el diecisiete de abril de dos mil trece, a pesar de  que a la fecha continúan los efectos del delito cometido. 

1.4. Se debe valorar el interés superior del menor, que se vería  afectado en el caso con el incumplimiento de la obligación  alimentaria que le corresponde.

§ II. Imputación fáctica y jurídica

Segundo. De la acusación fiscal (foja 51) y de los recaudos se verifica  que se imputó a Óscar Rodrigo Taipe haber cometido el delito de  omisión de asistencia familiar, pues intencionalmente no cumplió, en  su debida oportunidad, con su obligación de prestar alimentos a  favor del menor agraviado, dispuesta mediante mandato judicial del  Segundo Juzgado de Paz Letrado de El Tambo, que le requirió el  pago de S/ 1367.37 –mil trescientos sesenta y siete soles con treinta y siete céntimos– (conforme a la liquidación de devengados), según la Resolución  número 27, del quince de abril de dos mil trece (foja 24), notificada al  procesado el diecisiete de abril del mismo año (foja 25).

Tercero. Estos hechos fueron tipificados como delito de omisión a la  asistencia familiar, previsto en el artículo 149 del Código Penal, el cual  contempla una pena privativa de libertad no mayor de tres años  (conforme al texto original).

§ III. Fundamentos del auto recurrido

Cuarto. La Sala Penal Liquidadora de Huancayo de la Corte Superior  de Justicia de Junín confirmó el auto apelado emitido por el Primer  Juzgado Penal Liquidador en atención a que consideró que el delito  de omisión de asistencia familiar es uno de comisión instantánea con  efectos permanentes –conforme ha sido establecido en el Pleno Jurisdiccional  Nacional Penal en Ica de mil novecientos noventa y ocho–. Por lo tanto, ya que  el delito se cometió el diecisiete de abril de dos mil trece –cuando el  procesado fue requerido para que cumpla sus obligaciones preliminares–, el plazo  de prescripción extraordinaria para este delito es de cuatro años y seis  meses, los que ya se habían cumplido, por lo que confirmó el auto que  declaró de oficio fundada la excepción de prescripción y, en  consecuencia, extinguida la acción penal.

§ IV. Análisis del caso

Quinto. Nuestro sistema procesal penal tiene como sustento la  obtención de la verdad material o histórica de los hechos, es decir, a  través de sus dispositivos y figuras jurídicas busca que tanto la víctima  como el imputado alcancen una correcta y efectiva tutela  jurisdiccional. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad no puede  trascender en el tiempo indeterminadamente; de allí que el legislador  haya establecido la prescripción de la acción penal como un límite y derecho de todo procesado mediante el cual se establece un tope al  control estatal.  

De este modo, el primer párrafo del artículo 80 del Código Penal indica  que “la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por  la ley para el delito, si es privativa de libertad”. Del mismo modo, con el artículo  83 del código sustantivo, se introdujo la figura de la “interrupción de la  prescripción de la acción penal” y se estableció que “la prescripción de la acción  se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades  judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido”. No obstante, también se  precisó que “la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo  transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”1.  

A tal efecto, resulta relevante establecer cuándo se inicia el cómputo  de la prescripción penal y ello se encuentra establecido en el artículo  82 del Código Penal, que señala cuándo comienzan los plazos de  prescripción según se trate de un caso de tentativa, delito instantáneo,  delito continuado y permanente.

(…)

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