Denuncia por contaminación en La Oroya llega a la Corte IDH

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Denuncia por contaminación en La Oroya llega a la Corte IDH

Caso La Oroya. De los primeros 65 denunciantes, cinco fallecieron y muchos integrantes de esta comunidad, muchos reportaron problemas de salud por los altos niveles de contaminación.

Tras 15 años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) el caso de la comunidad de La Oroya y que tiene como denunciado al Estado peruano por contaminación ambiental.

Todo inició en 1922, cuando empezara a funcionar un complejo metalúrgico cercano enfocado en el procesamiento de concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc, plata, oro, y otras sustancias. Para 1974, la empresa fue nacionalizada y pasó a ser propiedad de Minera del Centro del Perú, S.A. “Centromin”, operando hasta 1997, donde volvió al sector privado a cargo de Doe Run Perú.

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Según indica la CIDH, el complejo metalúrgico generó altos niveles de contaminación impactando gravemente en la salud de personas que viven en zonas cercanas, atentando contra el derecho a la vida digna e integridad personal, así como los derechos de la niñez, participación pública, protección judicial y garantías judiciales.

Cabe precisar que, en 2006, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de los denunciantes (en un principio 65) disponiendo que el Estado cumpla con fiscalizar, regular y remediar los daños causados por el complejo de La Oroya. De este grupo de ciudadanos, cinco perdieron la vida.

En el documento de la CIDH se indica que “la ausencia de sistemas adecuados de control a través de un marco regulatorio claro, la falta de supervisión constante y efectiva, la ausencia de sanciones o acciones inmediatas para atender las situaciones de degradación ambiental alarmante, permitieron que el Complejo Metalúrgico generara altos niveles de contaminación que han impactado seriamente la salud de las víctimas”.

Esto fue lo solicitado a la Corte IDH:

– Reparar integralmente las violaciones de derechos declaradas en el informe, tanto en los aspectos materiales como inmateriales declaradas en el informe.

– Disponer las medidas de atención en salud física y mental de carácter integral, necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada, las cuales deben brindarse de manera gratuita, accesible y especializada, tomando en cuenta la localidad en la que se encuentra cada víctima.

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– Asimismo, dicha atención debe tener un carácter preferente en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y garantizar el principio de la primacía del interés superior del niño.

– Realizar las investigaciones penales, o de otra naturaleza relacionadas con los actos de amenazas y hostigamientos a las víctimas de dichos hechos en los términos declarados en el informe.

– Emprender, o bien, desarrollar investigaciones administrativas, civiles o penales según corresponda en forma diligente para deducir las responsabilidades de funcionarios o terceros respecto a la contaminación ambiental en La Oroya que afectó el derecho a la salud de las víctimas del presente caso. Igualmente, agotar mecanismos dirigidos a deducir eventuales responsabilidades de la empresa respectiva en relación con la contaminación ambiental.

– Tomar medidas para evitar la repetición de los hechos del presente caso.

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