Derecho a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar de la persona humana articulo 2 de la Constitución Política del Perú de 1993

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Derecho a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar de la persona humana

AUTOR: IRENE HUAROC ALVA
Abogada en modulo de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar– conciliadora especialista en familia.

SUMARIO. – 1.- Introducción, 2.- El derecho a la integridad moral, psíquica y física libre desarrollo bienestar, 2.1.- En el sistema de protección universal, 2.2.- Constitución Política del Perú, 3.- Conclusiones.

1.-INTRODUCCIÓN

Una constitución es un pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes; si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva, pues esta es fuente de derecho en el ámbito formal y en el ámbito material.

En el ámbito formal, la constitución señala cuales son los órganos legítimos para gobernar y para legislar, su estructura, la competencia, así como el procedimiento que dichos órganos deben seguir para la generación del ordenamiento jurídico. En el ámbito material, establece los parámetros o estándares respecto de los cuales deben encuadrarse las normas; es decir, la constitución contiene principios y derechos que no pueden ser vulnerados por normas de inferior jerarquía; es en este ámbito en el que se encuentra el derecho a la integridad.

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2, inciso 1: “Toda persona tiene derecho: … a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”.

El derecho a la integridad constituye un atributo que alcanza el ámbito físico, espiritual y síquico de la persona. Este derecho posee la máxima importancia ya que es el soporte indispensable del derecho a la vida, bastando el riesgo potencial de afectación para justificar la limitación de otros derechos. Ningún menoscabo a la integridad de la persona resulta admisible; es decir, nadie puede ser objeto de violencia moral, síquica o física, ni sometido a torturas, y su tutela s encuentra regulada tanto en el ámbito civil como en el penal, tanto en el ordenamiento nacional como en el internacional, a través de los tratados sobre derechos humanos.

El artículo 39 de la Constitución Política del Perú regula la función pública, la cual se basa en los principios de respeto, probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad. Pero, además de estos principios, el ejercicio de la función pública se basa en normas de carácter y/o contenido ético, como por ejemplo: la Ley Nº 27815 (Ley del Código de Ética de la Función Pública) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM), la Ley Nº 30057 (Ley del Servicio Civil) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 040-2014- PCM), y la Ley N° 29622 (Ley que modifica la Ley N° 27785 y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional).

El 23 de noviembre del 2015 se publicó la Ley N° 30364 (Ley para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar), que regula el proceso especial, que tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia propiciada en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, buscando garantizar la interrupción del ciclo de violencia mediante la imposición de medidas de protección destinadas a salvaguardar la integridad física, psicológica, económica y sexual de las víctimas.

2.-EL DERECHO A LA INTEGRIDAD MORAL, PSÍQUICA Y FÍSICA LIBRE DESARROLLO BIENESTAR

2.1. EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN UNIVERSAL

El derecho a la integridad personal es el derecho fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral, es inherente a todas las personas en atención a su dignidad, es un derecho inviolable; en virtud de que ni el Estado, ni los particulares, lo pueden vulnerar lícitamente; e intransferible, toda vez que no se puede renunciar a él y bajo ninguna circunstancia puede ser negado.

Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional desde el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945 con el reconocimiento de la subjetividad internacional del individuo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José de Costa Rica» de 1968 (artículo 5), establece en su primer inciso el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y los artículos 7. y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El articulo 5 numeral 1, nos hace referencia al respeto de la integridad física con la conservación corporal del individuo o fisiológicas de sus órganos, de allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a su salud. El respeto a la integridad psíquica en la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. El respeto a la integridad moral es el derecho del ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus principios, se refiere a la capacidad y autonomía para mantener, cambiar o desarrollar sus propios valores personales. Estas características, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del derecho a la vida en sentido estricto. (Afandor C, 2002)

Puede sostenerse que la consagración de un derecho a la integridad personal revela dos aspectos de esta disposición: genera, por una parte, la obligación del Estado de no realizar ninguna acción u omisión de las prohibidas por el artículo 5 de la Convención y de impedir que otros las realicen; por otra parte, alude a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, sin que nadie pueda, en principio, interferir con él o con sus decisiones respecto de él, sugiriendo, de este modo, que el individuo es el dueño de sí mismo, tiene autonomía personal, y por lo tanto, está facultado para decidir a su respecto, sin que el Estado tenga, en principio, la facultad de impedírselo; mirado el derecho de esta manera, está en íntima conexión con el derecho  a la vida privada, lo que no es extraño, puesto que el catálogo de derechos busca proteger la dignidad de la persona desde diversos flancos. (Martín mejía C. vs Perú., 1995, págs. 168-214)

El Comité de Derechos Humanos, no distingue entre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; muchas veces expresa que hubo violación del artículo 7.º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al no precisar si se considera como un acto de tortura u otro tipo de hecho violatorio al derecho a la integridad personal como son los tratos crueles, inhumanos o degradantes.  En el derecho a la integridad personal existe dos conceptos que pueden llegar a confundirse, pero cada uno de ellos tiene elementos y características que los distinguen entre sí. Estos conceptos son tortura, por un lado, y tratos crueles, inhumanos o degradantes, por otro; se hace necesario, entonces, el estudio de estos conceptos de forma separada e individual, para de esta manera poder conceptualizarlos y entenderlos. (Galindo, 2009)

A partir del siglo XVI se toma conciencia de la idea de dignidad como cualidad intrínseca de los seres humanos, el Humanismo primero y la Ilustración después, son los dos primeros pasos doctrinales para poner freno a la tortura. En el siglo XVI el humanista Juan Luis Vives, en sus comentarios a la obra de San Agustín, De Civitate Dei se manifestaba abiertamente en contra de la tortura, oponiéndose así a las leyes penales dictadas por el emperador Carlos V, favorables a todo tipo de crueldad. El derecho a la integridad física y moral frente a la tortura va paulatinamente tomando forma. En 1628, las demandas dirigidas al rey Carlos I de Inglaterra, conocidas como la Petición de Derechos (Bill of Rights), establecían que “nadie puede ser prejuzgado contra su vida o su integridad de forma contraria a la Gran Carta y al Derecho de la Tierra” (Camargo, 1974, pág. 44)

El artículo 8 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano promulgada en Francia en 1789, establecía la prohibición de imponer penas que no fueran estricta y evidentemente necesarias. En 1791, la enmienda octava a la Declaración de Derechos de los Estados Unidos de América dispuso que no se podrán imponer castigos crueles ni inusitados. Luego de los principales referentes históricos que apuntan al reconocimiento formal del derecho a la integridad personal.

El derecho internacional adopta la tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, según Daniel O’Donell, contiene tres elementos: un elemento relativo a la identidad del sujeto activo (un funcionario u otra persona a instigación, con consentimiento, o por mandato de un funcionario); un elemento objetivo (penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales); y un elemento subjetivo (la intención de castigar o intimidar). Para el derecho, la tortura es algo perfectamente diferenciable de otras agresiones que comprometen la incolumidad física o mental de las personas como el delito de lesiones personales. El contenido del derecho a no ser torturado se basa fundamentalmente en la prohibición de que ningún funcionario o persona por él instigada, pueda infligir deliberadamente daños físicos o psíquicos graves a un detenido.

Es así como el derecho a la integridad física, psíquica y moral frente a la tortura y a las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes está relacionado con los siguientes derechos: el derecho a la vida, el derecho a la intimidad personal, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad personal, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de conciencia y los derechos de las minorías étnicas, raciales, políticas y culturales. El derecho a no ser sometido a tortura ni a tratamientos o penas inhumanos, crueles o degradantes, es decir, el derecho de toda persona a su integridad física, moral y psíquica, es un derecho fundamental que dimana de la dignidad inherente a la persona. De ahí su relevancia extraordinaria en el Derecho Internacional contemporáneo, como signo de civilización y de humanización. Todo acto de tortura, además de constituir una ofensa a la dignidad del ser humano, es considerado a nivel internacional como un crimen de lesa humanidad. (Afanador C., 2002)

Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un tipo de abuso bien sea físico o mental. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos expresa en su artículo 10.º que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Se hace entonces imprescindible, en este punto, adentrarse en el estudio de la integridad personal, es todo acto realizado por agentes del Estado u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, destinado a producir en una persona, más que el dolor físico, sentimientos de miedo, angustia, inferioridad, humillación, envilecimiento o quiebre de su resistencia física o moral de los sujetos con medidas privativas de la libertad o de las personas bajo custodia de las autoridades públicas, ejerciendo el uso desproporcionado o abuso de la fuerza, el trato de personas privadas de la libertad, la incomunicación, el aislamiento, falta de atención médica . (Guzmán, 2007, pág. 3)

En el caso Myrna Mack, uno de los últimos de una serie de casos en los que la Corte Interamericana ha desarrollado la idea de que la integridad personal puede violarse respecto de los familiares de una víctima de violación de su derecho a la vida que no han logrado hacer efectiva la obligación del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables, la Corte Interamericana amplía las posibilidades de violación señalando como conductas constitutivas de tratos inhumanos o crueles, las siguientes: amenazas y hostigamientos sufridos por los familiares desde el inicio de la investigación de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, agravados “por el patrón de obstrucciones de las investigaciones anteriormente reseñadas, el asesinato de un policía investigador, las amenazas y hostigamientos sufridos por algunos de los operadores de justicia, policías y testigos, ante lo cual se vieron forzados a exiliarse”. Agrega, además, otro elemento: que las obstrucciones se produjeron durante un lapso de tiempo considerable. Estos actos provocaron en los familiares de la víctima constante angustia, sentimientos de frustración e impotencia y un temor profundo de verse expuestos al mismo patrón de violencia impulsado por el Estado, lo que constituye una vulneración de su integridad psíquica y moral. (Caso Myrna Mack Vs. Guatemala., 2003)

La Corte ha afirmado que los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. Así, la Corte estima que, entre las medidas de seguridad que es preciso adoptar en el marco de los procesos de formación de las fuerzas militares, se encuentra la de contar con atención médica adecuada y de calidad en el transcurso de los entrenamientos militares, ya sea dentro de los cuarteles o en el exterior, incluyendo la asistencia médica de emergencia y especializada que se considere pertinente. Aunado a la falta de atención médica oportuna y adecuada, la Corte estima que la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández fue precedida por una violación de su derecho a la integridad personal, física como psicológica, en tanto de la prueba recolectada, es posible colegir que la víctima efectivamente sufrió un profundo temor y angustia desde el momento en que fue herido hasta su deceso, al evidenciarse que tomó conciencia de que los hechos que acontecían lo conducirían a su eventual muerte. Ello se desprende de las propias declaraciones de la médica de guardia y las enfermeras, quienes señalaron que Ortiz Hernández solicitó que lo comunicaran con su madre, que “la quería ver ya que iba a morir”, tal como efectivamente ocurrió.  En definitiva, la Corte nota que la atención médica que debió proporcionarse al señor Ortiz Hernández no fue oportuna ni adecuada para evitar su muerte, lo cual compromete la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal de Johan Alexis Ortiz Hernández, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. (Ortiz Hernandez y otros Vs. Venezuela., 2017).

2. 2.-EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993

El derecho a la integridad en la doctrina constitucional de nuestro se refiere a la intangibilidad de los diversos elementos que componen la dimensión física, síquica y moral de la persona humana, tipificada en la Constitución Política del Perú inciso primero del artículo 2, es un atributo indesligablemente vinculado con la dignidad de la persona, y con los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad personal y al libre desarrollo y bienestar, dentro del respeto a la moral y al orden público.

Ratificado en la Carta Magna en el apartado h) numeral 24 del artículo 2° de la Constitución; el cual, textualmente, señala que toda persona tiene derecho:

«A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad».

El ser humano goza de una importancia  fundamental  en la valoración moral de la conducta , de allí que la defensa de su integridad forma parte de la dimensión vital de la persona y, que, por ende, la Constitución le reserve la tutela y vocación tuitiva al derecho a la Integridad, rechazando  agresiones corporales, estableciendo un deber general de respeto, en el sentido de marcar una abstención común de  actividades que pudieran devenir perjudiciales al organismo humano. La efectiva protección del derecho a la vida exige el reconocimiento previo del derecho a la integridad ya que en múltiples ocasiones la afectación del primero se inicia con el ataque al segundo.

El derecho a la vida es, básicamente, la posibilidad real para desenvolverse a plenitud, no es la vida del esclavo, no es la vida miserable, sino que es, aunque resulte un pleonasmo, el derecho a vivir. (Quispe Correa., 2002, pág. 109)

El autor refiere el derecho a la identidad que compone la plenitud moral, síquica y física porque toda persona goza de un conjunto de cualidades que las distinguen de otra, reconoce al cuerpo y a la integridad corporal como la personalidad y es  el valor mismo reconocido a la vida, que deben ser respetadas y nadie puede denigrarla impunemente, y todo aquello que produzca su menoscabo o deterioro, bien por una afección, sustracción, disminución o alteración del soma humano, implica un ataque a este derecho.

El derecho a la vida se prolonga en el derecho a la integridad física y moral. En efecto, el reconocimiento y defensa que el texto constitucional consagra a la vida humana, no supone llana y elementalmente la constitucionalización del derecho a la mera existencia, sino que abarca la responsabilidad de asegurar que ésta se despliegue con dignidad. Por ende, necesita y exige condiciones mínimas, entre las cuales ocupa lugar preferente el resguardo de la integridad humana en sentido lato. (Alvarez Conde., 1999, pág. 334)

La tutela al derecho a la Integridad abarca a la salud física como la salud síquica, por lo que se estima hablar sobre el “derecho a la integridad corporal» que de «derecho a la integridad física», porque se recoge dos realidades, la del cuerpo humano y la del espíritu, y cualquier acto que produzca perturbación mental o trauma, causa daño a la salud síquica y ha de ser considerado indemnizable, tanto o más que el inferido a la salud física.

El respeto al contenido esencial del derecho a la integridad personal, tanto en lo que respecta al ámbito físico como en lo que atañe al ámbito espiritual y síquico de la persona, transita entre aquellos atributos que constituyen la esencia mínima imperturbable en la esfera subjetiva del individuo. Inclusive en aquellos casos en que pueda resultar justificable el uso de medidas de fuerza, éstas deben tener lugar en circunstancias verdaderamente excepcionales, y nunca en grado tal que con lleven el propósito de humillar al individuo o resquebrajar su resistencia física o moral, dado que esta afectación puede desembocar incluso en la negación de su condición de persona, supuesto inconcebible en un Estado constitucional de derecho. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que «todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado contra la dignidad humana. Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el expediente 010-2002-AI/TC, Fundamento Jurídico 103. (Loayza Tamayo, 2002, pág. parrafo 57)

Nuestro Tribunal Constitucional tiene resuelto que a través de distintos fallos o sentencias constitucionales se ha establecido en forma uniforme la primacía y/o vigencia plena del derecho constitucional a la libertad individual e integridad física y sicológica, las mismas que indudablemente son derechos fundamentales inherentes a la persona humana

El fiscal de Lima, Hugo Denegri, en el dictamen recaído en el expediente N°347-90del 31 de agosto de 1990, sostiene que la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables, están fuera de toda discusión… Cuando se niegan las medicinas necesarias para atender la salud del anciano, de la mujer, del niño y en general de los enfermos, se viola la integridad de la persona humana al igual que las torturas morales es o físicas, no sólo se ofende a la dignidad humana, sino que degrada la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas… Todos los habitantes de la nación tienen el derecho de ejercer toda industria y el de comerciar con la condición de que no sea perjudicial a la salud. (Sar Suarez, 2008)

En la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional se ha dejado establecido también que el derecho personal a la integridad física, síquica y moral entre otros (como el derecho al honor, a la dignidad personal y a la buena reputación, el derecho a una vida tranquila y en paz y el derecho a la igualdad entre los seres humanos) son valores más altos, constitucionalmente hablando, que la finalidad legítima de preservar el vínculo matrimonial, es decir, que ante la hipótesis de una colisión entre la protección de la familia (y por extensión la del matrimonio) y el derecho a la integridad debe preferirse este último en virtud de que goza de un rango superior, el derecho a la defensa y desarrollo de la persona humana como tal,  tienen mayor contenido valorativo y constituyen finalidades más altas y primordiales que la conservación del matrimonio. (Considerando 2 de la sentencia. Tribunal Constitucional /Perú, 1997)

En el mismo sentido el Tribunal Constitucional tiene resuelto que toda vez que el incumplimiento en el deber de pagar la pensión alimentaria puede comprometer la integridad del beneficiario es perfectamente constitucional que se pueda aplicar una sanción privativa de libertad en caso de incumplimiento delictivo. Al respecto se ha resuelto que cuando el literal «c», del inciso 24), del artículo 2o. de la Constitución prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da como el propio dispositivo constitucional señala, en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios, toda vez que están de por medio los derechos a la vida, salud y a la integridad del alimentista, en cuyo caso el juez competente puede ordenar la restricción de la libertad individual del obligado. (Sentencia Tribunal Constitucional. considerando 2/Perú, 2002)

El derecho a la integridad personal a personas privadas de libertad, el Tribunal Constitucional ha resuelto ejecutar aquellas medidas necesarias que garanticen los bienes jurídicos que se pretenden proteger como el Habeas Corpus, una atención medica debida, garantizando  la vigilancia y seguridad interior, alcanzan también el «Registro y control de las personas (provenientes del exterior) autorizadas a comunicarse con los internos…», respetando su derecho a la intimidad, el principio de legalidad es ineludible que sea colocado en el primer lugar ya que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, respeto a l  observancia del principio de razonabilidad.

La normativa penitenciaria debe establecer con claridad que el trato que se brinde a las personas que pretendan una visita con contacto personal debe ser humanitario, así como que la requisa debe ser practicada respetando los derechos de la persona, la acción del Estado y que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público.

Las garantías son el marco que asegura el libre goce y ejercicio de las libertades fundamentales y están especialmente diseñadas contra los agentes del Estado, ya que sólo éste puede incurrir en violaciones a los derechos humanos, el ordenamiento peruano el habeas corpus procede contra actos de autoridad, funcionario o persona, es decir que se encuentra reconocida la posibilidad de la afectación por particulares abriendo la vía del proceso constitucional.

El Tribunal Constitucional peruano tiene resuelto que: la calificación de una pena como inhumana o degradante y, por lo tanto, como atentatoria del derecho a la integridad personal, depende, en buena cuenta, del modo de ejecución de la misma. No puede desatenderse que, aunque proporcional, la simple imposición de la condena ya implica un grado importante de sufrimiento en el delincuente, por ello sería inconcebible que ésta venga aparejada, a su vez, de tratos crueles e inhumanos que provoquen la humillación y envilecimiento en la persona. Dicho trato inhumano bien puede traducirse en una duración injustificada de aislamiento e incomunicación del delincuente. Siendo el ser humano un ser social por naturaleza, la privación excesiva en el tiempo de la posibilidad de relacionarse con sus pares genera una afectación inconmensurable en la siquis del individuo, con la perturbación moral que ello conlleva. Dicha medida no puede tener otro fin más que la humillación y el rompimiento de la resistencia física y moral del condenado, propósito, a todas luces, inconstitucional. (Sentencia 10, 2003, págs. considerandos 104-105).

3.-CONCLUSIONES

1. El derecho a la integridad personal tiene reconocimiento expreso en el texto de la Constitución Política del Perú artículo 2, inciso 1, y adicionalmente el Tribunal Constitucional lo reconoce entre los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, posee una doble vertiente ya que se protege la integridad física pero también el aspecto sicológico y moral de la persona.

2. El derecho a Integridad personal en la legislación peruana limita a otros derechos (la libertad de contratación, el derecho de asociación, el derecho de ejercer toda industria lícita, el derecho de comerciar, la finalidad legítima de preservar el vínculo matrimonial y el impedimento constitucional de la prisión por deudas) y prefiere a la primera.

3. En el código Penal Peruano prevé la figura delictiva que afectan el derecho a la integridad personal para el caso que la afectación sea cometida por particulares, pero también se encuentran vedados la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cuando la conducta deba ser imputada a agentes estatales se recurre a la garantía Constitucional del habeas corpus, ocasionando un trámite largo y vulnerándose el derecho a la integridad personal, bridando medidas de protección.

4. El Código Civil también se ocupa del tema estableciendo una prohibición general en cuanto a la posibilidad de disponer del derecho a la integridad personal y una autorización limitada para la disposición de los propios órganos (cuando exista estado de necesidad médico o quirúrgico o cuando el acto está orientado a fines humanitarios, siempre que no se perjudique la salud o reduzca el término de vida).

5. Las personas privadas de libertad conservan todos los derechos reconocidos velando por alcanzar el derecho a la integridad corporal y no ser objeto de tratamientos que lesionen el cuerpo, como podrían ser los tratamientos médicos no justificados o la cesión de órganos que puedan comprometer la vida o la salud de la persona.

6. La preservación de la mente o psiquis (ámbito psíquico), esto significa que la persona adulta, niño, adolescente, adulto mayor, no debe ser objeto de ningún tratamiento que pueda afectarlo emocionalmente, de modo tal que su dignidad pueda verse disminuida. En dicho sentido, resultarían lesivas de la integridad psíquica los insultos y frases denigratorias, así como cualquier tipo de maltrato verbal o gestual orientado a menospreciar su dignidad humana.

7. La preservación del espíritu (ámbito moral) de la persona supone que no se anule su capacidad para expresarse conforme a sus propias convicciones y creencias. Por ello, resultaría atentatorio contra la integridad moral imponer a otro las propias convicciones o creencias sobre el mundo, la vida, la sociedad, la política, etcétera, con la finalidad de anular su propia capacidad de autodeterminación.

BIBLIOGRAFÍA

  • Afanador C., M. (2002). El derecho a la integridad personal-. Elementos para su análisis. Reflexión Política., 98.
  • Afandor C, M. I. (2002). El derecho a la Integridad Personal- Elemento para su análisis. REFELXION POLÍTICA, 93.
  • Alvarez Conde., E. (1999). Curso de Derecho Constitucional. Vol I. Madrid: Tecnos.
  • Camargo, P. (1974). La problemática mundial de los derechos humanos. Bogotá.: Retina.
  • Caso Myrna Mack Vs. Guatemala., 101 (Corte Interamericana de Derechos Humanos. 25 de noviembre de 2003).
  • Considerando 2 de la sentencia. Tribunal Constitucional /Perú, 018-96-I/TC (Sentencia del Tribunal Constitucional /Perú 29 de abril de 1997).
  • Galindo, J. (2009). Contenido del derecho a la integridad personal. Revista Derecho del Estado n°23., 93.
  • Guzmán, J. M. (2007). El derecho a la integridad personal. Santiago de Chile.: CINTRAS.+
  • Loayza Tamayo, 10 (Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. 2002).
  • Martín mejía C. vs Perú., 10.970, Informe 5/96 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 01 de marzo de 1995).
  • Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela., 349 (Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 22 de agosto de 2017).
  • Quispe Correa., A. (2002). Los Derechos Humanos. Lima: Gráfica horizonte.
  • Sar Suarez, O. (2008). Derecho a la integridad personal en el Perú. Aspectos constitutivos y limitaciones. el caso de las personas privadas de libertad. Cuestiones Constitucionales, 3.
  • Sentencia 10, 010-2002 (Tribunal Constitucional Perú 3 de enero de 2003).
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