Desalojo por ocupación precaria: implicancias del principio de congruencia [Casación 145-2017, Lima]

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Desalojo por ocupación precaria: implicancias del principio de congruencia

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE

Desalojo por ocupación precaria

SUMILLA: “En sentido estricto, se tiene que la observancia del principio de congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) Coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los particulares de las decisiones arbitrarias”.

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Lima, once de octubre de dos mil diecisiete.-

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista en audiencia pública de la presente fecha la causa número ciento cuarenta y cinco – dos mil diecisiete; y producida la votación conforme a ley, se procede a emitir la siguiente sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por Felipe Rodríguez Rojas y Aurora Angélica Hervías Gonzales, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la apelada que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria y, en consecuencia, ordena a la parte demandada cumpla con desocupar el inmueble ubicado en la manzana 3146, lote 23, urbanización Santa Modesta, distrito de Santiago de Surco y hacer entrega del mismo al

demandante en el término de seis días, con costas y costos del proceso.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Esta Sala Suprema Civil Transitoria mediante resolución de fecha veintitrés de marzo de dos mil diecisiete declaró la procedencia del recurso de casación por la infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y la no observancia del IV Pleno Casatorio Civil número 2195/2011-UCAYALI, y la infracción normativa material de los artículos 911° y 2015° del Código Civil ; sostiene que no se ha considerado que la habilitación urbana que ha dado origen a la identidad predial del inmueble sub judice (manzana 3146, lote 23) ha sido dejada sin efecto y, por ende, a la fecha la real identidad del predio es la identificada como manzana A, lote 42, agregando que la Sala ha sesgado su derecho posesorio acreditado con el contrato de compraventa de fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y siete, en virtud del cual, ha edificado tres pisos. Asimismo, señalan los recurrentes que al haber sido dejada sin efecto la matriz que diera lugar a la independización y adjudicación a favor de Manuel Jesús Lariena Castro, a través de la Resolución número 1206-2011-RASS de fecha nueve de noviembre de dos mil once, la misma que corre inscrita en la partida 12714806, no pueden haberse efectuado traslaciones de dominio u anotaciones en observancia del principio de tracto sucesivo recogido en la norma material invocada. Del mismo modo, los impugnantes precisan que la recurrida ha vulnerado el principio de congruencia procesal ya que la Sala no ha tenido en cuenta lo resuelto por la Casación número 4538-2015/LIMA, que establece que el proceso de desalojo está dirigido a dilucidar quién tiene derecho a poseer y no a declarar el mejor derecho de propiedad. Por último, manifiestan los recurrentes que no se ha observado la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el IV Pleno Casatorio número 2195/2011-UCAYALI.

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III. CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que conforme lo establece el artículo 384° del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley número 29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, este Tribunal Supremo debe cumplir con pronunciarse sobre los fundamentos del recurso, por las causales declaradas procedentes.

SEGUNDO.- Sobre la alegada infracción normativa procesal del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú referido al debido proceso, debe señalarse que este derecho constituye uno de los principios rectores de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

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