Descartan criterio fijado por Hinostroza Pariachi sobre el plazo de suspensión de la prescripción por contumacia [Recurso de Nulidad 2298-2019, Lambayeque]

0
163
Descartan criterio fijado por Hinostroza Pariachi sobre el plazo de suspensión de la prescripción por contumacia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE

La contumacia

Sumilla: Se trata de una causa por un delito grave seguida contra seis imputados, que se fue resolviendo progresivamente, pero respecto de los tres encausados, en tanto están prohibidas, constitucional y legalmente, las denominadas “sentencias en ausencia” y las “sentencias contumaciales”, no se pudo abrir el juicio y había que esperar a su captura. Luego, la demora, en el caso de los contumaces, se debió exclusivamente a su conducta obstruccionista, no a una falta de diligencia del órgano jurisdiccional. El delito acusado (contrabando con agravantes), es obvio, no fue uno leve o de mediana entidad, que por razones de estricta proporcionalidad obligaría a recortar el tiempo de paralización del procedimiento desde la perspectiva de la prescripción. En estas condiciones, quien huye de la justicia –el caso de los contumaces– y no permite la regularidad del proceso, no puede invocar que su estado de contumacia lo beneficie al tener éxito en su efectivo ocultamiento de la justicia –tal situación, incluso, no es compatible con los criterios de prevención general generalmente aceptados–. Ésta, incluso, fue la razón por la que el Tribunal Constitucional desestimó la demanda de habeas corpus planteada en el caso antes citado. El plazo real de paralización del procedimiento por culpa de los imputados contumaces en esta causa no fue desproporcionado, no vulneró los sub principios de idoneidad y necesidad.


[Lee también: Establecen precedente administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia Nacional]


Lima, veintiuno de enero de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la ABOGADA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA –en adelante,

SUNAT– contra la sentencia de fojas ochocientos cincuenta y cuatro, de quince de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal incoada contra Santos Jonnson Medina Estrada, Enrique Barreto López y Reynerio Ruiz Clavijo por delito de contrabando en agravio del Estado – SUNAT; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor San Martín Castro.

FUNDAMENTOS

§ 1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

PRIMERO. Que la Abogada Delegada de la Procuraduría Pública del Estado en su recurso formalizado de nulidad de fojas ochocientos sesenta y cinco, de dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, instó la anulación de la sentencia. Alegó que se vulneró la debida motivación de las resoluciones; que se realizó un análisis parcial de la prescripción de la acción penal, pues no se tuvo en cuenta los efectos suspensivos de la contumacia –es una consecuencia necesaria, no discrecional–, cuyo plazo no puede ser indefinido, el cual en los procesos complejos debe ser de seis años o setenta y dos meses; que, en el presente caso, por auto de veintiocho de mayo de dos mil dos se declaró contumaz a los imputados –el delito se cometió el once de marzo de dos mil–; que el plazo de prescripción es de dieciocho años y operaría el once de marzo de dos mil veinticuatro.

§ 2. DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

SEGUNDO. Que de la sentencia recurrida y demás actuaciones se advierte que los hechos ocurrieron el once de marzo de dos mil, a mérito de una operación policial–aduanera de interdicción del contrabando desde la frontera norte del país, en la que tras la correspondiente persecución y balacera se trató de intervenir dos vehículos (una camioneta Dodge Ram y un automóvil Toyota Corona –este último servía como vehículo de protección de la primera–) en los alrededores del Peaje de Mórrope –Lambayeque. Se capturó la camioneta y a seis personas. La camioneta llevaba mercaderías por un valor de cuarenta y seis mil trescientos diez dólares americanos.

∞ De los seis encausados, se sobreseyó la causa respecto de García Díaz, se absolvió a Guerrero Paker y se condenó a Rojas Calderón –se dictaron dos sentencias–. Los encausados Barreto López, Rojas Calderón y Medina Estrada fueron declarados reos contumaces por auto de fojas trescientos ochenta y dos, de veintiocho de mayo de dos mil dos. Esa misma resolución puntualizó que el encausado Reynero Ruiz Clavijo tenía la condición de reo ausente. No existe una resolución de declaración de ausencia de este último encausado, pero es evidente que no rindió instructiva ni se personó en la causa, y en las dos sentencias antes aludidas se hizo mención que era ausente.

∞ El día treinta de octubre de dos mil diecinueve recién se puso a disposición del Tribunal al encausado Medina Estrada [fojas ochocientos veintisiete].

§ 3. DE LA ABSOLUCIÓN DEL GRADO

TERCERO. Que se trata de la persecución por un delito de contrabando con circunstancias agravantes, conforme a la Ley 26461, de ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, que según la concordancia de los artículos 3 y 7, literales c), d) y f), está conminado con la pena máxima de doce años de privación de libertad y mil cuatrocientos sesenta días multa. Esta ley tiene prevista la misma penalidad que la ley vigente 28008, de diecinueve de junio de dos mil tres –pena que no varió el Decreto Legislativo 1111, de veintinueve de junio de dos mil doce–. La Fiscalía en su acusación de fojas trescientos treinta, ampliada a fojas trescientos treinta y tres, solicitó ocho años de pena privativa de libertad y trescientos sesenta y cinco días multa, esto es, el mínimo legal conminado para el tipo delictivo agravado.


[Lee también: Suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal]


∞ La concordancia de los artículos 80 y 83 del Código Penal establece que el plazo de prescripción de la acción penal está en función al tiempo máximo de la pena conminada legalmente para el delito objeto de persecución y si la acción se interrumpe el plazo se aumenta en una mitad –en el sub-lite será, entonces, de dieciocho años–. Por otro lado, el Código Penal reconoce la institución de la suspensión de la acción penal, cuyo plazo no tiene un límite objetivo fijo sino está condicionado a un suceso determinado, variable caso por caso (duración de la cuestión prejudicial); y, cuando se trata de la contumacia, la suspensión se condiciona a la puesta a Derecho del rebelde o contumaz (Ley 26641, de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis). La suspensión, en el presente caso, duró un total diecisiete años, cinco meses y dos días. Luego, desde estos baremos es claro que la acción penal no prescribió, respecto de los contumaces Barreto López y Medina Estrada. Sí lo hizo en cuanto al encausado Ruiz Clavijo pues la suspensión no es aplicable para los ausentes: el delito prescribió en su caso el once de marzo de dos mil dieciocho.


Descarga el PDF completo aquí