¿Desde cuándo inicia el periodo de prueba de una sentencia con pena suspendida? [Casación N° 601-2019, Lima Norte]

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¿Desde cuándo inicia el periodo de prueba de una sentencia con pena suspendida?

SENTENCIA CASACIÓN N.601-2019/LIMA NORTE

Condena condicional. Revocación 

Sumilla. 1. La institución de la suspensión de la ejecución de la pena, tal como la denomina el Capítulo IV del Título III del Libro Primero, Parte General, del Código Penal, está concebida como un “instrumento individualizador”, así como sujeta al cumplimiento de determinadas reglas de conducta, entre ellas, la reparación de los daños ocasionados por el delito (ex artículo 58.4 del Código Penal), cuyo incumplimiento podrá determinar, según los casos: (1) la amonestación al infractor. (2) la prórroga del periodo de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado. (3) la Revocación de la suspensión de la pena (ex artículo 59 del Código Penal).

2. A los efectos del dies a quo del periodo de prueba se tiene en cuenta el artículo 418, apartado 1, del Código Procesal Penal. Es decir, si contra la sentencia de primera instancia que impone una suspensión de la ejecución de la pena se interpone recurso de apelación la sentencia suspende su ejecución –entendido este último vocablo como que no puede iniciarse el período de prueba hasta que quede firme la sentencia–.

3. La ejecución provisional de una sentencia impugnada está en función a lo que estatuye la Ley Procesal Penal.  

El tratamiento es distinto en el Código Procedimientos Penales, desde que para las sentencias, sin excepciones, insiste en su ejecución provisional (ex artículo 330 del Código de Procedimientos Penales). El Código Procesal Penal, empero, tiene una regla general: artículo 412, que estipula como regla general una ejecución provisional de las sentencias y autos –salvo disposición contraria de la ley–, con la excepción respecto de la ejecución provisional de la condena del artículo 402, numeral 1, del Código Procesal Penal para las penas de multa o limitativa de derechos –que no es el caso de esta causa– pero el artículo 418 del mismo Código, en el caso de recurso de apelación, fija distintos criterios según se trate de sentencias o de autos. 

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, veintidós de febrero de dos mil veintiuno  

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de

casación por las causales de infracción de precepto material y apartamiento de doctrina  jurisprudencial interpuesto por la defensa del encausado JUSCELINO RUIZ  ATACHAGUA contra el auto de vista de fojas cuatrocientos veintiuno, de veinte de  diciembre de dos mil diecisiete, que confirmando el auto de primera instancia de  fojas dosciento

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte, tras el  juicio oral, público y contradictorio, con fecha veinte de enero de dos mil catorce  dictó la respectiva sentencia condenatoria de primera instancia de fojas dos; y,  condenó a JUSCELINO RUIZ ATACHAGUA como autor del delito de peculado  doloso en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de la Primavera y el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cuatro años de pena privativa de  libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años, bajo las  siguientes reglas de conducta: (i) no variar de domicilio sin previo aviso al  juzgado; (ii) concurrir cada sesenta días a registrar su firma y dar cuenta de sus  actividades; y, (iii) cumplir con el pago de la reparación civil. Asimismo, se le  impuso la pena de tres años de inhabilitación, así como fijó en trescientos mil  soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de los  agraviados.  

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte  confirmó dicha condena mediante la sentencia de vista de fojas treinta y cinco, de  veinticinco de junio de dos mil catorce. A su vez, la Sala Penal Permanente  mediante auto de calificación de recurso de casación de fojas cincuenta y cinco,  de dieciséis de marzo de dos mil quince, declaró inadmisible el recurso de  casación interpuesto por el referido sentenciado Juscelino Ruiz Atachagua.  

SEGUNDO. Que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte por  resolución de veinte de diciembre de dos mil dieciséis declaró fundado el  requerimiento de amonestación formulado por el Ministerio Público contra el  sentenciado JUSCELINO RUIZ ATACHAGUA. En consecuencia, amonestó a dicho  sentenciado para que cumpla con el pago de la reparación civil y le concedió el  plazo de sesenta días para que cancele el monto correspondiente, bajo  apercibimiento de revocarse la pena suspendida y convertirse en pena efectiva, en  caso de incumplimiento previo requerimiento fiscal.  

TERCERO. Que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte con  fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete emitió el auto de fojas doscientos  noventa y dos, por el que declaró fundado el requerimiento de revocatoria de la  suspensión de la pena formulado por el fiscal. Por ende, convirtió los cuatro años  de pena privativa de la libertad suspendida en pena privativa de la libertad  efectiva.  

Con motivo del recurso de apelación del imputado, la Primera Sala Penal de  Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte por auto de fojas noventa y dos, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, declaró  fundado el requerimiento del Ministerio Público y, en consecuencia, revocó la  condicionalidad de la pena impuesta; con lo demás que al respecto contiene. En el  proceso penal seguido en su contra por delito de peculado doloso en agravio del  Estado – Municipalidad Distrital de La Primavera y el Ministerio de Transportes y  Comunicaciones cuatrocientos veintiuno, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, confirmó  por mayoría el indicado auto de primera instancia de veintitrés de junio de dos  mil diecisiete que revocó la suspensión condicional de la pena y la convirtió en  cuatro años de pena de privación de libertad efectiva. 

Contra el mencionado auto de vista el sentenciado JUSCELINO RUIZ  ATACHAGUA interpuso recurso de casación.  

CUARTO. Que la defensa del encausado RUIZ ATACHAGUA en su escrito de  recurso de casación formalizado de fojas cuatrocientos veintisiete, de dieciocho de  enero de dos mil diecinueve, como causa petendi (causa de pedir) invocó el artículo  429, incisos 3 y 5, del Código Procesal Penal: infracción de precepto material y  apartamiento de doctrina jurisprudencial.  

Postuló, implícitamente, al precisar un apartamiento o alejamiento indebido de  la doctrina jurisprudencial, el acceso excepcional a la casación conforme al  artículo 427, inciso 4, del Código Procesal Penal.  

Razonó que el plazo para el cómputo del período de prueba se cuenta desde que  se dicta la sentencia de primera instancia, no cuando ésta queda firme luego de  resolver el respectivo recurso impugnatorio; que sobre este punto existe un  precedente vinculante con la Ejecutoria Suprema, recurso de nulidad 2476  –2005/Lambayeque, de veinte de abril, de dos mil seis, y una sentencia del  Tribunal Constitucional cinco – dos mil dos / HC – Arequipa, de veintitrés de abril  de dos mil dos.  

QUINTO. Que cumplido el trámite de traslado a las partes recurridas, este Tribunal  de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas setenta y dos, de seis de diciembre  de dos mil diecinueve, del cuadernillo formado en esta sede suprema, declaró bien  concedido el recurso de casación por los motivos de infracción de precepto material  y apartamiento de doctrina jurisprudencial: artículo 429, incisos 3 y 5, del Código  Procesal Penal.  

Sobre el particular, este Supremo Tribunal estimó el recurso de queja que  planteó el imputado, conforme consta de la Ejecutoria de fojas quinientos  cuarenta, de diecinueve de marzo de dos mil dieciocho. Por tanto, no cabe  alternativa alguna. Debe aceptarse el recurso de casación y continuar la causa  según su estado. En atención a lo expuesto, los motivos de casación son dos:  infracción de precepto material y apartamiento de doctrina jurisprudencial.  

SEXTO. Que, instruido el expediente en Secretaría y señalada fecha para la  audiencia de casación el día quince de febrero del presente año, ésta se realizó con  la concurrencia del señor Abogado de la defensa, doctor Aldo Hilario Arias  Pachas, cuyo desarrollo consta en el acta correspondiente.

SÉPTIMO. Que cerrado el debate, deliberada la causa en secreto ese mismo día,  de inmediato y sin interrupción, y producida la votación respectiva, se acordó por  unanimidad pronunciar la correspondiente sentencia de casación en los términos  que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la  sentencia el día de la fecha.

(…)

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