DIFAMACIÓN AGRAVADA: ¿Cuáles son los delitos de ejercicio privado de la acción penal en agravio de funcionarios públicos? [Recurso de Nulidad 1721-2019, Lima]

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DIFAMACIÓN AGRAVADA: ¿Cuáles son los delitos de ejercicio privado de la acción penal en agravio de funcionarios públicos?

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA

DELITOS DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL EN AGRAVIO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Los funcionarios y servidores públicos, como todo ciudadano, tienen el derecho al honor y su reputación, cuyo reconocimiento está consagrado tanto en el artículo dos, inciso siete, de la Constitución Política del Perú, como en el artículo once de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, todo ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión, el cual se debe ejercer respetando los derechos fundamentales de las personas. No obstante, debe ponderarse que en cuanto un ciudadano ejerza función pública —cuya vinculación es voluntaria— el penalizar toda crítica severa a su desempeño desalienta la participación de la ciudadanía, pues la libertad de expresión e información resultan claves en una sociedad democrática. Por ello, este tipo de denuncias deben ser filtradas rigurosamente a través del juicio de subsunción de los hechos atribuidos en los elementos de la estructura típica del ilícito penal correspondiente, pues en caso contrario se generaría un fuerte efecto inhibidor en el ciudadano común para denunciar presuntos actos de corrupción.


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Lima, seis de noviembre de dos mil veinte

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el querellante FERNANDO VIDAL MALCA contra el auto de vista del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve emitido por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por mayoría confirmó el auto del tres de diciembre de dos mil dieciocho, expedido por el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, que declaró no ha lugar a abrir proceso penal contra el ciudadano Jorge Gonzalo Vera Vinces, por la presunta comisión del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada por medio de comunicación social, en perjuicio del recurrente. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS

1. De la denuncia1 y el escrito de subsanación2 se desprende el siguiente marco fáctico de imputación:

1.1. El trece de julio de dos mil diecisiete, el querellado Jorge Gonzales Vera Vinces presentó, ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros, una carta bajo la denominación: “Pongo a su conocimiento la conducta ilegal de los procuradores del Ministerio de la Producción Fernando Vidal Malca y procurador adjunto Juan José Fernando Lama Muñoz”, mediante la cual, sin ningún sustento ni medio probatorio, así como con la finalidad de menoscabar su buen nombre y reputación personal y profesional, le atribuyó al querellante Fernando Vidal Malca:

1.1.1. Valerse del cargo de procurador público del Ministerio de Producción para favorecer ilegalmente a empresas con resoluciones administrativas a cambio de sobornos.

1.1.2. Perpetrar actos de corrupción desde su designación como procurador, perjudicando a otras empresas del sector.

1.1.3. Actuar en contubernio con Juan José Lama Muñoz, exprocurador adjunto, y María del Carmen Abregú Báez, exdirectora de Extracción de Consumo Humano Indirecto, para otorgar derechos de pesca a favor de Neyra García, por lo cual recibió doscientos cincuenta mil dólares americanos.

1.1.4. Haber incrementado su patrimonio, producto de las coimas y sobornos recibidos, tipificando la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.

1.1.5. Estar inmerso en procesos administrativos por mala función en el desempeño de su cargo de procurador.

1.1.6. Haber solicitado altas sumas de dinero a empresas pesqueras para viabilizar o entrampar trámites sobre derechos de pesca ante el Ministerio de Producción.

1.2. El querellado ha sido fuente de información para la difusión de los hechos difamatorios descritos precedentemente a través de medios de prensa: i. página web Perú Pesquero; y, ii. diario La Razón.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior sustentó su decisión3 de confirmar, por mayoría, el auto de primera instancia sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. El querellado, al remitir las cartas, lo hizo en uso de su facultad como ciudadano y precisó que pone en conocimiento un hecho que se presume ilícito. De ello se evidencia que mediante las cartas cuestionadas se solicita directamente a la autoridad que proceda a realizar una investigación contra el querellante y otro, las mismas que fueron redactadas sobre la base de las denuncias de las que tomó conocimiento.

2.2. Las cartas contienen expresiones genéricas que no evidencian un componente difamatorio, pues aparentemente actuó en interés a un comportamiento público, mas no a un comportamiento personal y/o privado. Por tanto, no concurre el elemento subjetivo del dolo.

2.3. Se impone el derecho a la información, pues lo que el querellado pretendía era informar una noticia criminal.

2.4. Las cartas se dirigieron a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mas no a varias personas, reunidas o separadas, de manera que pueda difundirse la noticia, tal como lo exige el tipo penal.

2.5. En cuanto al contenido del portal web Perú Pesquero y de la nota periodística en el diario La Razón, no se advierte que el querellado haya propalado los textos, dado que no se registra el nombre de quien edita los recortes.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El querellante, mediante su recurso de nulidad4 fundamentado, alegó los motivos siguientes:

3.1. No se tuvo en cuenta que las frases agraviantes contra su honor son notorias y objetivas, como por ejemplo cuando el querellado le atribuye haber cobrado una coima de doscientos cincuenta mil dólares para conceder un derecho administrativo de pesca, entre otros hechos delictivos, sin prueba alguna, existiendo animus difamandi.

3.2. No se ha merituado que el querellado se ha visto inmerso en investigaciones fiscales por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión y hurto agravado. Pese a ello, el denunciado se presenta ante entidades públicas y medios de prensa como activista del Movimiento Propulsor de la Lucha contra la Corrupción del Callao.

3.3. No se ha compulsado que el querellado se presenta ante medios de prensa como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Pesca del Puerto del Callao y anexos, pese a que nunca ha ocupado dicho cargo en el mencionado gremio de trabajadores. Incluso dicho sindicato dejó de tener actividad en el año dos mil diez.


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3.4. No se ha valorado que los infundios propalados en su contra fueron desestimados de manera liminar. En efecto, no se inició proceso disciplinario en su contra y mucho menos recibió sanción administrativa, debido a la notoria falta de sus imputaciones.

CALIFICACIÓN DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de difamación agravada, previsto en el artículo ciento treinta y dos del Código Penal, que prescribe:

El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa.


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