Diferencias entre homicidio calificado por gran crueldad y con alevosía [Recurso de Nulidad 2283-2018, Puno]

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Diferencias entre homicidio calificado por gran crueldad y con alevosía

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL TRANSITORIA

Sumilla. Insuficiencia probatoria. Solo la actuación probatoria suficiente puede revertir la inicial presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano, conforme con el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política. En el caso concreto la imputación fiscal no ha sido probada, por lo que la absolución se ratifica.

Lima, veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve.

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VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por María Gladys Yupanqui Sagua, FISCAL SUPERIOR DE LA FISCALÍA SUPERIOR MIXTA DE HUANCANÉ E ITINERANTE DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO contra la sentencia del nueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 2495), emitida por la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Azángaro e Itinerante de la Provincia de Melgar, de la Corte Superior de Justicia de Puno, que absolvió a Justo Pastor Jarata Choqueluque de la imputación fiscal por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificada por gran crueldad, previsto en el artículo 106 del Código Penal (CP), concordado con el inciso 3, artículo 108, del referido Código; en perjuicio de Victoriano Evario Quispe Gutiérrez.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA

PRIMERO. Conforme con la acusación fiscal (foja 870) y ratificada en la requisitoria oral (2474) se tiene que el 23 de setiembre de 2005, a las 14:15 horas, aproximadamente, Flavio David Quispe Chuquitarqui, Leonardo Huallpa Hancco y Karina Apaza Quispe interceptaron al agraviado Victoriano Evario Quispe Gutiérrez –quien era acusado de la comisión de los delitos de violación sexual, robo agravado y lesiones en perjuicio de Delia Quispe Chuquitarqui– en el centro poblado Progreso Asillo y luego lo trasladaron en una camioneta a la comunicada campesina de Jila Central, con el fin de que sea interrogado por las autoridades comunales sobre los hechos que se le imputaban, y además para que diga el nombre de sus cómplices. Ante su negativa de hablar, los pobladores empezaron a agredirlo y el agraviado proporcionó el nombre de Juan Mamani Quispe, lo que generó que los familiares del aludido lo agredan gravemente. Luego lo trasladaron al salón comunal donde acordaron castigarlo de forma ejemplar, y lo llevaron ante la autoridad competente, el teniente gobernador Octavio Quispe Turpo. Con posterioridad, a las 4 de la mañana, la sentenciada Delia Quispe Chuquitarqui, en venganza, lo roció con combustible y le prendió fuego, lo que provocó su deceso.

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En ese contexto, se imputó a Justo Pastor Jarata Choqueloque, conocido como Quispe, en su condición de teniente gobernador de Jila Inanpo, haber incitado a la muchedumbre a quemar vivo al agraviado, cuando se estaba acordando su castigo.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

SEGUNDO. La fiscal superior, en su recurso de nulidad (foja 2531), solicitó se declare fundado el recurso de nulidad, y se ordene la realización de un nuevo juicio. Como sustento señaló que:

2.1. No se valoraron al amparo del Acuerdo Plenario N.ª 2-2005/CJ116, las sindicaciones realizadas por los procesados Mariano Catalino Jacho Apaza (juzgamiento en reserva), Delia Quispe Chuquitarqui (sentencia condenatoria a foja 1043), Bernardo Huallpa Hancco y Claudia Karina Apaza (sentencia condenatoria a foja 1244) en contra del sentenciado absuelto, que demuestran su responsabilidad penal, más allá de que la imputación fiscal se haya realizado a título de coautoría, pues la Sala tiene la potestad de condenar modificando su grado de participación, ya sea como partícipe o instigador. No se advirtió que el sentenciado absuelto no era un comunero más, era una autoridad – teniente gobernador–, por lo que sus acciones tuvieron acción directa en la de los demás comuneros.

2.2. Así, se debió considerar que Jacho Apaza sostuvo que el sentenciado absuelto, en su calidad de teniente gobernador, solicitó el ajusticiamiento del agraviado, quien era un delincuente conocido. Junto a esa sindicación, se tiene la de Delia Quispe Chuquitarqui (fojas 45 y 97), quien afirmó que ella, junto con Jarata Choqueluque, solicitaron el ajusticiamiento del agraviado. Asimismo, Huallpa Hancco (fojas 56 y 80) refirió que el agraviado fue entregado al teniente gobernador de la Comunidad Campesina de Jila Inampo, Justo Pastor Jarata. Finalmente, Claudia Karina Apaza (fojas 58 y 91) indicó que el agraviado, al promediar las 15:00 horas del día de los hechos (23 de setiembre de 2005), fue entregado al citado teniente gobernador.

[Continúa…]

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