DISTURBIOS Y PROTESTA – Causal de disminución de punibilidad analógica

0
484
Causal de disminución de punibilidad analógica

Loading

RECURSO CASACIÓN N.° 274-2020/PUNO

Sumilla: 1. No se puede negar (1) que las protestas tenían una base social, de reclamo por razones ambientales y de protección del territorio de quienes allí vivían –no había realizado consultas previas a la población involucrada, y (2) que las autoridades, a final de cuentas, aceptaron muchos de sus planteamientos, lo que revelaría lo fundado de los reclamos materia de protesta. Entre las protestas y los límites trazados por el Derecho penal a su ejercicio se está prioritaria y básicamente ante un conflicto de derechos. Entre los derechos a la libertad de expresión, reunión, identidad cultural, petición y a un medio ambiente equilibrado y adecuado (artículo 2, numerales 4, 12, 19, 20 y 22, de la Constitución) versus el derecho al libre tránsito, a la salud y a la propiedad de las personas, en concordancia con el deber de todas ellas de respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico y el deber del Estado de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y, asimismo, de promover el uso sostenible de los recursos naturales y afianzar la justicia (artículos 38, 44 y 67 de la Constitución). 2. Estos hechos no pueden calificarse como un mero “desborde” incontrolable de determinados manifestantes y ajeno a la dirigencia, sino como una respuesta violenta organizada, más allá de que medió, en su base causal, una falta de atención inmediata y acorde con lo solicitado de parte del Estado. 3. Es indiferente a la configuración de la coautoría que se trate de una coautoría ejecutiva –todos los autores realizan todos los actos ejecutivos (completa) o cuando se produje un reparto de las tareas ejecutivas (parcial)– o una coautoría no ejecutiva –se produce un reparto de papeles entre los diversos intervinientes en la realización de un delito, de tal modo que alguno o algunos de los coautores ni siquiera están presentes en el momento de su ejecución–. En pureza, no es una denominación relevante ni, por lo demás, como sub clasificación interna, está incorporada en el Código Penal. 4. Se presenta una causal de disminución de la punibilidad analógica –la analogía in bonam partem, según está pacíficamente reconocido, no está prohibida– y, como tal, abarca no solo las circunstancias sino también las eximentes incompletas. Las circunstancias y causales de disminución de punibilidad analógicas ya han sido consideradas por este Tribunal Supremo cuando se refiere a dilaciones indebidas y al superior interés del niño. De lo que se trata es de advertir la análoga significación, el efecto que produzcan y la ratio que la inspira como base –es decir, modificar el contenido de injusto o de culpabilidad, o la punibilidad, cualquiera de estas categorías podría ser considerada motivada de esta atenuación. En este supuesto, no solo constan normas convencionales que se incardinan en el sistema de derechos fundamentales y, por lo tanto, de aplicación directa sin necesidad de intermediación legislativa expresa, sino que es evidente que las lógicas culturales propias deben asumirse en el contexto de un Estado inclusivo y pluralista. Cabe aclarar que no necesariamente se trata de un caso específico de error bajo el marco del artículo 15 del Código Penal –en el ámbito de la comprensión del carácter delictuoso de su acto o de determinación de acuerdo a esa comprensión–, pues es claro que no se da en el imputado, no solo por sus calidades personales –de formación profesional y contactos efectivos con la cultura del Estado– o por su condición de dirigente con relevancia social, sino que la violencia desatada y los daños generados no tienen justificación desde su propia cultura –más allá de reconocer las lógicas de respuesta de ese pueblo ante la vulneración sistemática de sus derechos, y la presión que, como consecuencia de ello, era parte de su reacción ante la falta de atención oficial–. Por lo demás, un límite a ese reconocimiento es que no violen los derechos fundamentales de las personas (artículo 149 de la Constitución), lo que ha sucedido en el sub-lite, en relación a los titulares de los bienes dañados y/o destruidos, y con otros derechos conexos.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, nueve de diciembre de dos mil veinte

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de casación por

inobservancia de precepto constitucional, quebrantamiento de precepto procesal, infracción de precepto material y violación de la garantía de motivación interpuesto por el encausado WALTER ADUVIRI CALISAYA contra la sentencia de vista de fojas tres mil cien, de veinte de  diciembre de dos mil diecinueve, que confirmando la sentencia de primera instancia  de fojas dos mil seiscientos, de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, lo  condenó como coautor no ejecutivo del delito de disturbios en agravio del Estado a  seis años de pena privativa de libertad y al pago total de dos millones de soles por  concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.  

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.  

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que el señor fiscal del Despacho de Decisión Temprana de la Primera  Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno por requerimiento de fojas uno  formuló acusación contra WALTER ADUVIRI CALISAYA como coautor de los delitos  de extorsión agravada, alternativamente por entorpecimiento al funcionamiento de  servicios públicos, y por disturbios.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, previa audiencia  preliminar, dictó el auto de enjuiciamiento de fojas doscientos veintiocho, de dos de  agosto de dos mil dieciséis. 

El Juzgado Penal Colegiado de Puno, tras el juicio oral y público, dictó la  sentencia de fojas mil doscientos noventa y seis, de dieciocho de julio de dos mil  dieciséis, que: (i) por unanimidad, absolvió a Walter Aduviri Calisaya, Patricio  Illacutipa Illacutipa, Gilber Chura Yupanqui, Javier Pari Sarmiento, Rufino  Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio  Ururi Fernández, Félix Illacutipa Mamani y Severo Efraín Iturry Gandarillas de la  acusación fiscal formulada contra ellos por delitos de extorsión agravada y  entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio del Estado;  (ii) por mayoría, absolvió a Patricio Illacutipa Illacutipa, Gilber Chura Yupanqui,  Javier Pari Sarmiento, Rufino Machaca Quinto, Domingo Quispe Tancara, Eddy  Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Félix Illacutipa Mamani y Severo  Efraín Iturry Gandarillas de la acusación fiscal como presuntos coautores del delito  de disturbios en agravio del Estado; (iii) por mayoría, optó por la desvinculación de  la acusación fiscal en el extremo del delito de disturbios previsto en el artículo 315  del Código Penal, en relación al título de intervención delictiva, de coautor no  ejecutivo al de autor mediato por dominio de voluntad, respecto del acusado Walter  Aduviri Calisaya; y, (iv) por unanimidad, condenó a WALTER ADUVIRI CALISAYA como autor mediato del delito de disturbios en agravio del Estado a siete años de  pena privativa de la libertad efectiva y fijó en dos millones de soles por concepto de  reparación civil a favor del Estado.  

La Sala Penal de Apelaciones en adición a la Sala Penal Liquidadora, previo  cumplimiento del procedimiento impugnativo, profirió la sentencia de vista de fojas  seiscientos catorce del cuaderno de apelación, de veintinueve de diciembre de dos  mil diecisiete, que confirmó la sentencia de primera instancia de dieciocho de julio de dos mil dieciséis. El encausado Aduviri Calisaya interpuso contra dicha  sentencia recurso de casación. 

(…)

Descargue la resolución completa aquí: